Mediante el Decreto 424/2025, el presidente Javier Milei vetó por completo la Ley 27.790, que había sido aprobada por el Congreso el pasado 4 de junio y que declaraba zona de emergencia y catástrofe a los partidos bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales por las severas inundaciones ocurridas en marzo. La norma establecía un fondo especial de $200.000 millones para asistir a los damnificados.
El Gobierno justificó la decisión argumentando que la ley sancionada replicaba medidas ya adoptadas por el Ejecutivo a través del Decreto 238/2025, firmado en abril, que creó un fondo de asistencia con idéntico monto y objetivos similares. Además, se cuestionó la falta de previsión de una fuente de financiamiento en la ley votada por el Congreso.
Superposición de medidas y objeciones presupuestarias
En los considerandos del decreto, el Gobierno explicó que la normativa vetada incurre en “duplicación de esfuerzos” y no respeta el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que todo proyecto de ley que implique gasto cuente con una fuente específica de financiamiento.
Según el Ejecutivo, el plan de ayuda ya implementado incluye:
- Subsidios no contributivos para los damnificados.
- Transferencias directas a través del programa S.U.R. (Suplemento Único para la Reconstrucción).
- Líneas de asistencia financiera y apoyo logístico.
Además, señalaron que el 85,43% de los 32.076 inscriptos al plan ya recibieron los fondos correspondientes, mientras que los casos restantes se encuentran en etapa de análisis por parte del Ministerio de Seguridad.
¿Qué incluía la ley vetada?
La Ley 27.790 preveía:
- Declarar en emergencia por 180 días a Bahía Blanca y Coronel Rosales.
- Crear un fondo administrado por la Jefatura de Gabinete para asistencia directa.
- Financiar obras de infraestructura, créditos a tasa subsidiada, y exenciones fiscales.
- Suspender ejecuciones judiciales y operaciones bancarias para personas sin ingresos.
- Establecer informes periódicos al Congreso para el control del uso de los fondos.
Desde el Gobierno también objetaron la inclusión del partido de Coronel Rosales en el alcance de la ley, señalando que, de acuerdo a informes del Servicio Meteorológico Nacional y la Agencia Federal de Emergencias, no se registró allí el mismo nivel de impacto que en Bahía Blanca.
El respaldo del BID al plan oficial
El fondo mencionado en el Decreto 238/2025 es financiado, en parte, con un préstamo contingente aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2022, destinado a asistir situaciones de emergencia por catástrofes naturales o crisis sanitarias. La entidad aprobó el uso de estos fondos el 20 de marzo, habilitando así la activación del mecanismo de ayuda.
El programa incluye una plataforma digital y una línea telefónica gratuita para que los damnificados puedan acceder al beneficio, con intervención directa del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Una disputa política latente
El veto presidencial podría derivar en una disputa política entre el Congreso y el Ejecutivo, sobre todo si los legisladores intentan insistir con la promulgación de la norma, algo que requiere una mayoría especial en ambas cámaras.
En el trasfondo, la decisión refuerza la estrategia del Gobierno nacional de ejercer un férreo control del gasto público, incluso en contextos de emergencia, y evita generar nuevos compromisos presupuestarios sin respaldo financiero.
Desde el oficialismo reiteraron que la ayuda ya está en marcha y que cualquier intento de duplicación de recursos no solo es innecesario, sino que contradice la política fiscal vigente.
