Milei y Bullrich presentan reforma de la Policía Federal: inspiración en EE.UU. e Israel
El presidente Javier Milei, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este martes una reforma estructural de la Policía Federal Argentina (PFA) en un acto en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en Palermo.
La medida, oficializada mediante el Decreto 383/2025 en el Boletín Oficial, busca transformar a la PFA en una fuerza enfocada en la investigación de delitos federales y complejos, como narcotráfico, trata de personas y crimen organizado, inspirándose en el FBI de Estados Unidos y las fuerzas de seguridad de Israel. “Vamos a aprender de los mejores: EE.UU. e Israel”, afirmó Milei, destacando que la PFA dejará de patrullar las calles para centrarse en desarticular la “raíz del delito”.
El núcleo de la reforma es la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), una nueva división que emula al FBI y priorizará la inteligencia criminal, el análisis forense y la cooperación internacional. “No va a haber un lugar del territorio donde una organización criminal pueda instalarse como si nada. Ahí estará el DFI”, aseguró Bullrich. La PFA también incorporará tecnología de punta y asesoramiento de expertos de EE.UU. e Israel, además de personal especializado. Milei criticó a los gobiernos anteriores por “desfinanciar” a las fuerzas de seguridad y “castigarlas por hacer su trabajo”, subrayando que “los de azul son los buenos”.
La reforma incluye cambios polémicos, como la autorización para detenciones de hasta 10 horas sin orden judicial en casos de “circunstancias fundadas” de sospecha de delito, y el patrullaje de redes sociales, lo que ha generado críticas de organismos como el CELS por posibles abusos y vulneraciones de derechos. Además, se implementará un programa de modernización financiado por la reducción de nuevos suboficiales, y se redefinirán escalafones y auditorías internas para prevenir la corrupción.
La medida, que deroga el Decreto-Ley de 1958, busca alinear la PFA con estándares internacionales, aunque expertos piden un debate más amplio en el Congreso para equilibrar seguridad y derechos ciudadanos
