Molino Fénix bajo la lupa: la Justicia profundiza una pericia clave por presunto vaciamiento y administración fraudulenta
La causa judicial que investiga el presunto vaciamiento del Complejo Molino Fénix atraviesa una etapa decisiva. La Fiscalía avanza en un informe contable exhaustivo destinado a reconstruir el destino de los fondos públicos administrados durante la última gestión, en un contexto marcado por la desaparición de documentación, equipos informáticos y registros contables.
Los principales imputados son la ex diputada provincial Anabela Lucero y su pareja, el actual diputado Joaquín Beltrán, junto a otros tres ex funcionarios. Todos enfrentan cargos por peculado, uso indebido de bienes del Estado y otras maniobras irregulares, mientras la investigación no descarta una nueva formulación de cargos antes del cierre de la Investigación Penal Preparatoria.
Una investigación que entra en su tramo final
A casi nueve meses de las imputaciones, la causa se encamina hacia la acusación formal y el juicio oral. En ese período, las defensas presentaron numerosos planteos que fueron sistemáticamente rechazados. Según la Fiscalía, esa estrategia apuntó a dilatar el proceso y evitar el avance hacia la formulación de cargos, sin éxito.
El expediente está a cargo del fiscal José Olguín, con intervención del juez de Garantía Santiago Ortiz. Ambos rechazaron pedidos de nulidad y cuestionamientos que buscaban invalidar la denuncia impulsada tras el cambio de gestión provincial en diciembre de 2023.
El corazón de la causa: reconstruir lo que fue borrado
El eje más complejo del proceso es la reconstrucción contable. Antes de entregar las llaves del complejo y presentar los balances, los imputados habrían destruido o sustraído la totalidad de la documentación administrativa, además de llevarse computadoras, impresoras, discos rígidos y memorias.
La ausencia total de registros obligó a los investigadores a rearmar el flujo del dinero público desde cero, recurriendo a información bancaria, datos impositivos, testimonios de empleados, filmaciones y comprobantes obtenidos comercio por comercio.
“Si se presenta un balance en cero, hay que demostrar en qué se gastó el dinero”, explicaron desde la Fiscalía.
Este trabajo podría derivar en la imputación por administración fraudulenta, un delito que se sumaría a los ya existentes.
Montos millonarios y uso político del complejo
Según la investigación, los fondos comprometidos superan los 2.000 millones de pesos de aquel período. Aunque en los papeles figuraba Beltrán como administrador, los testimonios y pruebas indican que las decisiones reales eran impartidas por Lucero, pese a no ocupar formalmente el cargo.
La acusación sostiene que el complejo cultural fue utilizado como estructura política y base de campaña cuando Lucero fue candidata a intendenta de Villa Mercedes. En las instalaciones se habrían armado bolsones de alimentos, confeccionado material proselitista y obligado al personal a participar de actividades partidarias, gastos que no figuran en los balances oficiales.
Vivienda privada, fiestas y beneficios personales
Los empleados declararon que Lucero y Beltrán habitaron durante nueve meses sectores del Molino Fénix destinados a artistas, utilizando servicios de hotel, limpieza, cocina y seguridad. Allí se alojaban familiares, amigos y funcionarios, se realizaron celebraciones privadas y reuniones, sin pago alguno por los servicios utilizados.
Combustible, asesores y campaña financiados con fondos públicos
La causa también acreditó el uso irregular de combustible estatal: una cuenta abierta en una estación de servicio permitió cargar nafta a 14 personas y 22 vehículos, con un consumo cercano a 5.900 litros, hoy valuados en al menos 8 millones de pesos.
Además, se comprobó el pago de una asesora política, seguros de inmuebles partidarios, la confección de remeras y banderas, traslados a actos políticos y viajes para retirar folletería y bebidas, todo financiado con recursos del Estado.
El episodio clave: diciembre de 2023
Uno de los hechos más graves ocurrió el 9 de diciembre de 2023, un día antes del cambio de gobierno. Entre la madrugada y la tarde, los imputados ingresaron al Molino Fénix, la Casa de la Música y el Museo José María Gatica para retirar documentación y equipamiento.
Parte de ese material fue cargado en vehículos particulares y, según consta en la causa, descartado luego en un basural del barrio Kilómetro 4. Una cámara externa registró parte de la maniobra.
Días después, empleados encontraron oficinas violentadas, puertas rotas y faltantes de computadoras, televisores y archivos del personal.
Los hechos imputados
La Fiscalía analiza al menos nueve hechos, entre ellos:
- Sustracción de bienes muebles y tecnológicos.
- Robo y destrucción de documentación pública.
- Uso privado de bienes estatales.
- Financiamiento de campaña política con fondos públicos.
- Consumo de combustible y contratación de servicios para fines partidarios.
Si el informe contable confirma nuevas irregularidades, no se descarta ampliar la acusación. En ese escenario, será necesario solicitar el desafuero de Beltrán, cuyo mandato legislativo se extiende hasta 2027.
