Molino Fénix: Diego Torres declaró, apuntó contra Lucero y Beltrán y denunció que intentaron intimidarlo para que no hablara

La causa que investiga el presunto vaciamiento y desvío de fondos públicos del Complejo Molino Fénix sumó una declaración de fuerte impacto. Diego Torres, uno de los imputados, decidió hablar ante el juez Santiago Ortiz y aportó detalles sobre el funcionamiento interno del organismo, el traslado de mobiliario y equipamiento, la destrucción de documentación y la utilización de recursos públicos para actividades vinculadas a la campaña electoral de Anabela Lucero.

Además, Torres aseguró haber recibido mensajes intimidatorios de Virginia Lucero, hermana de la exdiputada y concejal de Villa Mercedes. Según expuso durante la audiencia, el contacto se produjo a través de su teléfono celular. Su defensa anticipó que avanzará con una denuncia formal por el episodio.

El contenido concreto de los mensajes no trascendió públicamente, por lo que será la Justicia la que deberá determinar las circunstancias y alcances del episodio denunciado.

La declaración de Torres se produjo cuando vencía la prórroga de su detención y mientras el Ministerio Público Fiscal solicitaba que se le dictara prisión preventiva.

Durante varias horas respondió preguntas y reconstruyó parte de las maniobras que investiga la Fiscalía. Según su testimonio, pese a no ocupar formalmente la administración del complejo en el período investigado, Anabela Lucero participaba de la toma de decisiones y, junto con Joaquín Beltrán, impartía órdenes al personal.

Torres aseguró que dentro del grupo se referían a ambos como “los jefes” y sostuvo que Lucero incluso le consultaba cuánto dinero quedaba disponible en la caja chica.

Uno de los puntos centrales de la declaración estuvo relacionado con el retiro de mobiliario del Molino Fénix.

Torres reconoció haber participado del operativo en el que se cargaron escritorios, sillones, sillas y una mesa de grandes dimensiones. Según declaró, los elementos terminaron en la sede política ubicada en la esquina de Pringles y Bolivia, utilizada durante la campaña electoral de Lucero.

También reconstruyó ante los investigadores una comunicación posterior a la descarga. Dijo que envió una fotografía para informar que el trabajo había terminado y atribuyó a Lucero la respuesta: “Bueno, cierren y apaguen todo”.

La declaración también alcanzó a lo ocurrido en la Casa de la Música. Torres sostuvo que empleados fueron convocados para revisar las instalaciones y que allí se separaron facturas, boletas, legajos y otra documentación.

Según su relato, una maniobra similar ocurrió posteriormente en Recursos Humanos del Molino Fénix. La documentación fue colocada en bolsas, cargada y finalmente habría terminado destruida y dispersada en un basural.

Otro capítulo de su declaración estuvo relacionado con la campaña electoral de 2023.

Torres aseguró que con recursos del Molino Fénix se compraba mercadería para confeccionar bolsones de alimentos que posteriormente eran distribuidos con fines electorales.

También sostuvo que se utilizaron fondos del complejo para pagar la confección de remeras y buzos con identificación de la campaña de Anabela Lucero y para contratar colectivos destinados al traslado de personas hacia actos políticos en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con su declaración, trabajadores del complejo también eran convocados a participar de esas actividades.

Torres brindó además detalles sobre el manejo administrativo de los fondos. Explicó que Joaquín Beltrán le enviaba facturas y le indicaba cuáles debían pagarse mediante transferencias y cuáles a través de cheques.

Aclaró que él completaba los cheques con el destinatario y el monto, pero aseguró que no los firmaba. Identificó como personas autorizadas para las firmas a Beltrán, Enzo Lucero y Exequiel Scarel, y señaló que eran necesarias dos firmas.

También declaró sobre la existencia de cheques por $50 mil presentados como ayudas sociales y destinados, según su versión, a personas vinculadas con actividades de campaña.

Parte de las comunicaciones internas, según la declaración conocida durante la audiencia, se realizaba mediante grupos de WhatsApp. Uno de ellos era denominado “compras.ok”, mientras que otro llevaba el nombre “chata”. Torres describió que allí se coordinaban distintas cuestiones vinculadas con compras y utilización de vehículos.

Su declaración se convirtió así en un nuevo elemento dentro de una investigación que analiza un presunto esquema de desvío de recursos públicos y que tiene a Anabela Lucero, Joaquín Beltrán y otros exintegrantes del Molino Fénix entre los imputados.

Torres también intentó diferenciar su responsabilidad de la atribuida a quienes, según él, tomaban las decisiones. Sostuvo que cumplía órdenes y manifestó ante la Justicia que se encontraba “injustamente detenido”.

Tras finalizar la declaración, el juez Santiago Ortiz resolvió imponerle prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria durante dos meses.

La decisión contempló la colaboración del imputado y la información aportada durante su declaración, además de la postura de la Fiscalía y la propuesta presentada por la defensa.

Torres deberá permanecer en una vivienda del barrio Jardín del Sur con monitoreo mediante tobillera electrónica. También tendrá controles policiales aleatorios y sorpresivos y no podrá abandonar el perímetro establecido.

Además, tiene prohibido mantener cualquier tipo de comunicación directa o indirecta con testigos y coimputados, incluso mediante terceras personas.

Su padre, Jorge Rubén Torres, fue designado como guardador responsable durante el cumplimiento de la medida.

La Justicia advirtió que cualquier intento de abandonar el domicilio, alterar el dispositivo electrónico o incumplir las restricciones podría derivar en la revocación inmediata de la domiciliaria.

Mientras tanto, otro frente podría abrirse a partir de los mensajes que Torres atribuyó a Virginia Lucero. La defensa anunció que denunciará formalmente el supuesto intento de intimidación, un episodio que, de concretarse la presentación, deberá ser investigado de manera independiente para establecer qué ocurrió y determinar eventuales responsabilidades.

La causa del Molino Fénix continúa abierta y las acusaciones formuladas contra los distintos imputados se encuentran bajo investigación, sin sentencia definitiva.