Por Javier Furlotti – VM Multimedia
Mientras el Gobierno Nacional celebra con bombos y platillos la salida del cepo cambiario, las consecuencias reales comienzan a vislumbrarse con más crudeza. La misma medida que se presentó como un paso hacia la “libertad económica” trae consigo un paquete de efectos que no benefician al ciudadano de a pie, sino que acentúan el modelo especulativo y financiero por encima de la economía cotidiana.
Incluso Jonatan Viale, periodista conocido por su cercanía ideológica con el presidente Javier Milei y su entorno, reconoció sin vueltas que “la salida del cepo implica una devaluación”. La frase, dicha durante su análisis en TN, deja en evidencia lo que desde VM Multimedia hemos sostenido en base a la opinión de economistas y analistas de mercado: el fin del cepo traerá más costos que beneficios para las mayorías.
“No hay que tenerle miedo a la palabra devaluación”, dijo Viale. Pero la pregunta es: ¿quiénes realmente pueden no temerle?
Efectos inmediatos: caída del consumo, retracción de salarios y recesión
La apertura del mercado cambiario —aunque parcial y con limitaciones— impactará de lleno en los precios de los productos básicos. Así lo afirmó Martín Redrado, ex presidente del Banco Central, quien advirtió que la liberalización del dólar traerá aumentos en alimentos y otros sectores clave, afectando directamente el bolsillo de la clase trabajadora.
Además, el proceso devaluatorio provocará una retracción salarial y una fuerte desaceleración de la producción, lo que derivará en un aumento del desempleo y la profundización de la recesión.
¿A quién beneficia realmente?
La salida del cepo, tal como está diseñada, responde a los intereses del mercado financiero. Se favorecen los capitales especulativos y se facilita la libre entrada y salida de divisas para grandes inversores, mientras el ciudadano común deberá pagar más por lo mismo, con salarios estancados y menos oportunidades laborales.
¿Y el pueblo?
La pregunta sigue sin respuesta. ¿En qué beneficia al pueblo la salida del cepo? Por ahora, en nada. El Gobierno prioriza los intereses de los grandes actores financieros, mientras la economía real —la del supermercado, el alquiler y el transporte— sufre las consecuencias.
