Junto con las coimas, Diego Spagnuolo dejó todo listo para quitarle las pensiones a 500 mil discapacitados
Centenares de personas llegan a diario a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) preguntando por su pensión. El trasfondo es el mismo: un proceso de auditoría plagado de irregularidades, que amenaza con dejar afuera a medio millón de beneficiarios.
Antes de ser desplazado por el escándalo de los medicamentos, Diego Spagnuolo había dejado avanzada esa auditoría como parte del plan de ajuste. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció ante el Congreso que, por este mecanismo, el Ejecutivo está en condiciones de dar de baja 500 mil pensiones.
El mecanismo se ampara en un decreto firmado por Federico Sturzenegger en septiembre pasado, que establece que si el beneficiario no recibe en tiempo y forma la carta documento de citación para auditarse, automáticamente queda afuera de la ayuda estatal. En los hechos, la responsabilidad recae en las personas, por supuestamente no haber actualizado su domicilio, y no en las fallas del sistema.
El ajuste ya estaba contemplado en las metas del Presupuesto 2025: de las 1.266.945 pensiones vigentes a principios de año, el Gobierno proyecta cerrar diciembre con apenas 749.451.
La ingeniería del recorte
De la exposición de Francos y de los datos presupuestarios se desprende que la Casa Rosada tenía planificado de antemano el ajuste. Sturzenegger aportó el marco legal con el decreto 843/24, mientras que Spagnuolo ejecutó la maniobra a través de la auditoría.
En los audios filtrados, publicados por Página/12, se escucha al exfuncionario asegurar: “Bajar las pensiones es tarea mía”. También reconoció que desde Balcarce 50 le enviaban directivas sobre cómo implementar el recorte, pese a su resistencia.
La auditoría generó graves inconvenientes a los beneficiarios. En la sede de Andis en la calle Yrigoyen, a metros del Congreso, llegan entre 200 y 300 personas por día reclamando porque se quedaron sin cobro.
“Muchos vienen porque fueron al cajero y se encontraron con que no les habían depositado. La cola da la vuelta a la manzana. Casi nadie sabía que existía la auditoría, es un maltrato descarado”, relató un trabajador del organismo.
Un proceso a contrarreloj
Desde junio, Spagnuolo había ordenado acelerar las bajas, incluso presionando a empleados para trabajar horas extra los fines de semana. Las decisiones se tomaban “al voleo” desde una computadora, sin contacto con los beneficiarios.
La reducción del despliegue territorial comenzó durante la gestión de Mauricio Macri, que recortó equipos de trabajadoras sociales encargadas de verificar las condiciones socioeconómicas. Spagnuolo completó el desguace con más de 300 despidos.
Hoy, las pensiones se reducen a un número en una planilla de Excel.
“La auditoría fue una excusa para ajustar”
La politóloga Belén Arcucci, directora del área de Discapacidad de la ACIJ, advirtió:
“A pesar de que el Gobierno dice que hay miles de pensiones mal otorgadas, las bajas están siendo arbitrarias. La auditoría no fue pensada para las personas a las que estaba destinada y vulnera derechos fundamentales”.
Resultados preliminares de la auditoría
Spagnuolo presentó la auditoría en octubre de 2024 con el argumento de detectar irregularidades del gobierno anterior. Los hallazgos fueron mínimos: 7.211 beneficiarios fallecidos y 9.027 renuncias voluntarias, en un universo de más de un millón de pensiones.
Sin embargo, la auditoría dejó a miles de personas expuestas a controles desproporcionados, incluso a quienes tenían ceguera de nacimiento, enfermedades congénitas o diagnósticos de por vida.
Los problemas se multiplicaron:
- 504.802 cartas documento rebotaron de las 997.654 enviadas.
- Solo 451.579 personas iniciaron los trámites.
- 40 mil decidieron no auditarse pese a recibir la notificación.
- Hasta ahora, el Gobierno ya recortó 111.463 pensiones aplicando el decreto de Sturzenegger.
Negocios y correos
En otro de los audios, Spagnuolo admite que Sturzenegger metió mano en la licitación para contratar a empresas de correo. El proceso favoreció a Andreani, que se quedó con la parte más costosa del contrato: 13 mil millones de pesos por enviar cartas documento.
La licitación total superó los 20 mil millones, repartidos también con Correo Argentino y Correo Express. Como la mitad de las cartas nunca llegaron a destino, el Gobierno encontró allí la excusa para justificar la poda masiva.
“Más trucho que la radiografía”
En otro pasaje de los audios, Spagnuolo apunta contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, en relación a la falsa radiografía de un perro usada en una operación mediática:
“Le pasamos toda la información. La radiografía del perro, le dijimos: esa pensión no se otorgó. Y hoy dicen lo contrario. Están mintiendo”.
El episodio muestra cómo el Gobierno utilizó información tergiversada para reforzar el relato sobre las supuestas irregularidades en las pensiones.
