Piden la indagatoria del exrector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes al que acusan de fraguar un concurso en beneficio de un familiar
Los representantes del MPF le atribuyen a David Rivarola y a otros seis funcionarios de la casa de estudios haber realizado un concurso simulado para beneficiar a su hija con un contrato de consultoría en el marco de un programa de ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El fiscal federal subrogante de la Unidad Fiscal Descentralizada Villa Mercedes, Danilo Miocevic, y el auxiliar fiscal Leandro Kunusch solicitaron la indagatoria del exrector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UnViMe), David Rivarola, junto con otros seis funcionarios de la casa de estudios, por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsedad ideológica. Todos ellos están acusados de haber realizado en 2023 un concurso simulado para beneficiar a la hija de Rivarola con un contrato de consultoría en el marco de un programa de ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La nómina de personas citadas a indagatoria incluye a la vicerrectora de la universidad, el jefe de contrataciones, el secretario general, el coordinador de Vinculación Tecnológica, la secretaria de Hacienda y Administración, y a un integrante de la comisión evaluadora. También fue citada la hija de Rivarola en calidad de partícipe necesaria de la maniobra, quien en una declaración jurada negó tener una relación de parentesco con el rector, para acceder al beneficio que implicaba un monto de 916 mil pesos.
De acuerdo con la acusación fiscal, las personas investigadas manipularon el proceso de selección entre junio y agosto de 2023 para garantizar la contratación bajo apariencia de legalidad. En la división de roles, Rivarola dirigió la maniobra, evitando firmar documentos para esconder el parentesco con su hija, mientras que fue la vicerrectora quien firmó las resoluciones y contratos en lugar del rector, para así disimular su intervención.
Por su parte, el jefe de contrataciones fue la persona encargada de enviar las cartas de invitación a solo tres personas -entre ellas la hija del por entonces rector-, violando así la obligación de publicidad del concurso, del cual el coordinador de Vinculación Tecnológica, la secretaria de Hacienda y Administración y el integrante de la Comisión fueron parte de la mesa que alteró las bases para favorecer a la hija de Rivarola. Por último, el secretario general actuó como fedatario de la resolución de homologación del concurso, en la que se insertaron declaraciones falsas.
Los elementos de prueba
En su intervención, el Ministerio Público Fiscal destacó que el convenio firmado por la universidad con el BID obligaba a la casa de estudios a cumplir “con las más altas normas éticas”. En ese sentido, la entidad financiera prohibía expresamente prácticas fraudulentas y conflictos de intereses, pero a pesar de ello Rivarola dirigió la contratación hacia su hija, según determinó la investigación.
El pedido de contratación de consultor fue elevado con una especificación de requisitos objetivos para el cargo, y estas condiciones fueron luego modificadas ad hoc en favor de la hija del principal imputado. Como parte de esta maniobra, el jefe de contrataciones envió solo tres invitaciones reservadas a la mujer y otros dos candidatos, sin darle difusión pública a la apertura del concurso. Sin embargo, otros cuatro candidatos se sumaron fortuitamente, lo que complicaba el plan de los acusados.
Ante este escenario, la comisión evaluadora decidió entonces cambiar las reglas, elevando los requisitos académicos, incorporando el conocimiento de inglés como exigencia, valorando cursos cortos y experiencia de uso de redes sociales y modificando el sistema de puntaje, para así restar mérito a los perfiles mejor calificados. Como consecuencia de estas modificaciones, la hija de Rivarola quedó primera en la lista y, de acuerdo con la fiscalía, de haberse atenido a los requisitos originales, no habría ganado.
Siempre según el dictamen de los representante del MPF, mediante estas maniobras el concurso violó no sólo los principios del BID, sino también los del Decreto 1023/2001 sobre contrataciones públicas, ya que no se realizó publicidad ni difusión abierta de su existencia, se discriminó a tres postulantes sin ningún tipo de notificación, no se realizaron entrevistas a los candidatos y se manipularon los criterios de evaluación para poder torcer su resultado.
Una vez realizado el concurso, se dictó una resolución rectoral firmada por la vicerrectora en la que se homologó el contrato para la hija del rector. De los cinco contratos firmados ese día, ese fue el único que llevó su rúbrica en vez de la de Rivarola, lo que para el Ministerio Público Fiscal es otro indicio más del dolo de encubrimiento.
Asimismo, el dictamen fiscal revela que para poder obtener el contrato, la mujer declaró falsamente en un documento titulado “Certificación de elegibilidad e integridad” que carecía de vínculos familiares con funcionarios de la UnViMe, hasta que en diciembre de 2023, tras el cambio de autoridades de la casa de estudios, pidió la rescisión del contrato y devolvió el dinero, alegando buena fe.
Miocevic y Kunusch calificaron a estos hechos como negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas para Rivarola y los otros seis funcionarios universitarios en carácter de coautores, y con la hija del rector como partícipe necesaria. Además, consideraron que la vicerrectora, el secretario general y la beneficiaria del concurso incurrieron también en el delito de falsedad ideológica en instrumento público.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal subrayaron que esta maniobra comprometió la reputación de la República Argentina ante el BID al utilizar fondos de cooperación internacional “en un acto de nepotismo y simulación administrativa”, lo que violó los principios de transparencia exigidos por el organismo.
