A través del Decreto N°150-SGG-2023, publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de San Luis, el gobernador Claudio Poggi declaró la “emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa, social, alimentaria, sanitaria, educativa y de seguridad” por el término de un año, “prorrogable por igual período por el Poder Ejecutivo”.
La norma establece modificaciones en los contratos, suspende el pago a proveedores, anula artículos de la Ley de Presupuesto 2024 –sancionada por la Legislatura-, prohíbe la incorporación de personal en todos los poderes del Estado, y autoriza la reasignación de partidas presupuestarias y contratación directa por parte del Ejecutivo, entre otras facultades.
En primer lugar, el Decreto elimina la Agencia para el Desarrollo Económico y la Asistencia Social (ADEAS) –creada por Ley N° V-1079-2022- y restituye la Caja Social y Financiera de la Provincia, que funcionó hasta 2022.
También autoriza al Ejecutivo a “suprimir, fusionar e intervenir” organismos estatales –incluso Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria-.
Además, habilita la “rescisión y/o renegociación de contratos, cualquiera fuera su naturaleza, que generen obligaciones a cargo del Estado Provincial”.
Al mismo tiempo, suspende los intereses o actualizaciones en pagos del Estado, incluso las generadas por mora, por “contraprestaciones por provisión de bienes y servicios, en todo contrato en ejecución”. Esta decisión incluye al pago de las certificaciones de obra pública. Si bien establece un plazo de un mes, puede el Ejecutivo prorrogarla hasta seis meses.
En esa línea, dispone la “suspensión” de los “pagos de obligaciones originadas en la provisión de bienes y prestación de servicios de la administración central y descentralizada de la Provincia”, hasta que la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión practique “la verificación de la legalidad del gasto”. La Secretaría tiene 30 días para expedirse.
Otro de los artículos del documento autoriza al Gobierno a realizar contrataciones directas.
La norma, asimismo, suspende, mientras la emergencia se mantenga vigente, “el curso de la prescripción de la acción para determinar tributos, aplicar multas y exigir el pago de sumas de dinero cuya recaudación, percepción y/o fiscalización corresponda a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos”.
En otro ítem, el Decreto faculta a la administración central a disponer “las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias” con la sola comunicación de esas reasignaciones al Poder Legislativo “para su conocimiento”.
También deja sin efecto, hasta 2027, el artículo 2 de la Ley Permanente de Presupuesto (Ley NºVIII-0252-2004), que fija, entre otras cuestiones, que los gastos corrientes no pueden superar el 50% del presupuesto y que la Provincia no puede tomar deuda que supere el 3% del Producto Bruto Geográfico.
Por otra parte, prohíbe la contratación de personal y la incorporación de beneficiarios al Plan de Inclusión Social. En otra modificación al Presupuesto sancionado por la Legislatura, reduce el número de cargos de la Administración Central y Organismos Descentralizados a 33.757 (la Ley promulgada lo establecía en 34.581) y el número de horas cátedra a 70.596 (estaba fijado en 71.782; al igual que el número de cargos del Poder Judicial, que pasa de 1.567 (que dicta la norma) a 1.431.
De todas maneras, “el Poder Ejecutivo Provincial podrá aumentar el número total de cargos y horas cátedra antes establecidos; no obstante podrá disponer modificaciones en la distribución de los mismos”.
En este punto, además, deja sin efecto el ítem específico de la Planta de Personal de la Ley de Presupuesto 2024 y restablece el correspondiente al año en curso. Con ese fin deberá readecuar la distribución de cargos y horas cátedra y, mientras esa acción se complete, podrá “diferir parcialmente el pago de los salarios”.
Por otro lado, deja en suspenso la vigencia de “las cláusulas salariales de los convenios colectivos y regímenes especiales incorporados por ley de la Provincia, y toda otra norma que implique ajustes salariales no originados en los poderes del Estado Provincial”.
En su articulado, la norma insta al Ministerio de Desarrollo Humano a “implementar programas alimentarios, como política de emergencia, para garantizar el acceso a una adecuada alimentación a la población más vulnerable y en estado de indigencia”, sin dar mayores precisiones al respecto.
En cuanto a la seguridad, el Decreto habilita la firma de convenios con fuerzas federales “para la colaboración en el combate contra la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado”; autoriza las reasignaciones de funciones y destino del personal de la Policía, Seguridad Vial, Seguridad Comunitaria y Servicio Penitenciario; y faculta el pase a retiro obligatorio a personal de las fuerzas de seguridad.
El Decreto lleva la firma del gobernador Poggi, la Secretaria General de la Gobernación –Romina Carbonell- y los 8 ministros el Gabinete provincial.
