Polémica por la venta de terrenos en Villa Mercedes: el municipio advierte sobre los riesgos de comprar sin verificar la legalidad
El asesor letrado de la Municipalidad de Villa Mercedes, Mauro Sabatini, advirtió sobre los riesgos de adquirir terrenos sin verificar previamente su situación legal y explicó el trasfondo del conflicto generado por la venta de lotes en el sector conocido como barrio Familia Unida, donde decenas de familias aseguran haber comprado de buena fe.
Durante una entrevista radial, el funcionario explicó que antes de concretar cualquier operación inmobiliaria es fundamental realizar consultas en el municipio para comprobar si el loteo se encuentra aprobado y habilitado para la venta.
Según detalló, en el área de Planeamiento municipal existe un registro donde figuran los loteos que cuentan con autorización oficial.
“Si el loteo está aprobado por el municipio, el vecino tiene la tranquilidad de que contará con los servicios básicos como energía eléctrica, agua, cloacas, apertura de calles y alumbrado público”, explicó Sabatini.
El funcionario señaló que uno de los problemas más frecuentes surge cuando se venden terrenos en loteos que no cuentan con aprobación municipal, lo que puede derivar en la imposibilidad de acceder a los servicios.
Sin embargo, el escenario se vuelve aún más grave cuando quien vende no es el titular de las tierras.
“En ese caso el vecino no solo puede quedarse sin servicios, sino también sin el terreno”, advirtió.
La advertencia sobre las ofertas en redes sociales
Sabatini también alertó sobre el crecimiento de ofertas de terrenos publicadas en redes sociales, que muchas veces resultan atractivas por su bajo precio, pero que no siempre cuentan con respaldo legal.
“Hay gente que ve una oferta en Facebook y cree que será más barato que comprar en una inmobiliaria. Pero muchas veces ocurre lo contrario: hay terrenos con papeles en regla que incluso se venden a menor precio”, señaló.
En ese sentido, recomendó no apresurarse y consultar previamente con profesionales como abogados, escribanos o martilleros, además de realizar averiguaciones en el municipio, trámite que es gratuito.
El conflicto por los terrenos del barrio Familia Unida
La polémica surgió luego de que se detectara la venta de 54 lotes que fueron adquiridos por unas 33 familias, en terrenos que —según el municipio— pertenecen al Estado municipal.
De acuerdo con Sabatini, la situación salió a la luz cuando un vecino solicitó una conexión eléctrica en la zona y desde el municipio le informaron que el terreno era propiedad municipal.
“Ahí tomamos conocimiento de que alguien estaba vendiendo esos terrenos y realizamos una denuncia ante la Fiscalía”, explicó.
La denuncia inicial se presentó en junio del año pasado, luego de que el municipio comprobara que las tierras habían sido adquiridas mediante un procedimiento administrativo legal que incluyó la intervención del Concejo Deliberante.
Posteriormente, cuando comenzaron las obras de movimiento de suelo para un proyecto de viviendas sociales, aparecieron más compradores que aseguraron haber adquirido lotes en el lugar.
Derechos posesorios y posesión veinteañal
El funcionario explicó que una de las figuras legales mencionadas en las operaciones fue la posesión veinteañal o usucapión, un mecanismo mediante el cual una persona puede adquirir la propiedad de un terreno tras demostrar una posesión pública, pacífica y continua durante más de veinte años.
Sin embargo, Sabatini aclaró que no se trata de un trámite simple.
“Hay que acreditar ante un juez que se posee el terreno desde hace más de veinte años, de forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida. Si falta alguno de esos requisitos, la posesión no se reconoce”, explicó.
En el caso investigado, aseguró que no se habrían presentado pruebas que acrediten ese tiempo de posesión.
Además, indicó que algunos compradores firmaron documentos donde se mencionaba la cesión de derechos posesorios, una figura que muchas veces genera confusión.
“El vecino cree que está comprando un terreno, pero en realidad está adquiriendo un derecho posesorio que puede no tener respaldo legal”, sostuvo.
La investigación judicial
El municipio amplió recientemente la denuncia presentada en la Fiscalía, incorporando nueva documentación, transferencias de dinero y planos de mensura vinculados a las ventas.
Según detalló Sabatini, también se detectaron mensuras realizadas con posterioridad a una mensura municipal aprobada en 2022, lo que forma parte del material presentado ante la Justicia.
En paralelo, varios vecinos que compraron los terrenos también realizaron denuncias particulares.
Mientras tanto, la provincia —actual titular de los terrenos destinados a viviendas sociales— solicitó a la Justicia medidas para poder continuar con las obras, ya que algunas familias habían impedido el avance de las máquinas.
“Esto se podría haber evitado”
Sabatini reconoció que muchas familias atravesan una situación angustiante tras haber invertido sus ahorros en la compra de los terrenos.
Sin embargo, insistió en que el problema podría haberse evitado con una verificación previa.
“Hay estafas que son difíciles de evitar, pero en este caso era muy sencillo consultar. El municipio brinda información gratuita para que el vecino pueda verificar antes de comprar”, afirmó.
El funcionario remarcó que la responsabilidad por la posible estafa corresponde a quien realizó las ventas, ya que se trató de una operación entre particulares.
“Si alguien es estafado por otro particular, es esa persona quien debe responder ante la Justicia. El Estado no puede hacerse cargo de esa situación”, concluyó.
