El mandatario tuvo como prioridad el equilibro fiscal y el ajuste en el Estado Nacional
El primer año de gestión del presidente Javier Milei se cumple este martes de diciembre y durante el mismo se eliminaron 13 Ministerios, se cerraron organismos estatales y se recortaron presupuestos destinados a Ciencia, Cultura y Educación, entre otras áreas.
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), casi 30 mil empleados dejaron sus cargos y, hasta octubre, eran 28 mil los que habían sido desvinculados de sus puestos o recibido ofrecimientos de retiros voluntarios.
Según estudios del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y la Asociación de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) el gasto se redujo un 30% interanual en términos reales ajustados por inflación. Asimismo, el recorte se vio reflejado, específicamente, en obras públicas, presupuesto a las provincias, trabajo y producción, desarrollo y asistencia social, educación y salud públicas.
Uno de los primeros ministerios que removieron fue el de Mujeres, Géneros y Diversidad, absorbido por Capital Humano, la cartera liderada por Sandra Petovello.
Sin embargo, el desfinanciamiento que sufrió ese área fue contundente debido a que la subsecretaría que se ocupaba de la prevención contra la violencia de género fue eliminada y la línea 144, destinada al acompañamiento de víctimas, fue reducida al mínimo.
Además, se desfinanciaron programas que tenían como objetivo a ayudar económicamente a aquellas mujeres que no podían abandonar su casa por cuestiones de dinero.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación pasó a depender de la Jefatura de Gabinete y se encuentra bajo la secretaría de Paula Nahirñak.
Según la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología, la inversión que se produjo este año en el sector recibió los valores más bajos «desde la recuperación de la democracia».
Paralelamente, el Gobierno cerró los ingresos en la carrera de investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), disminuyó las becas y despidió al 15% del personal administrativo.
Además, dejó sin efecto el funcionamiento de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y proyectos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y del Instituto de Tecnología Industrial (INTI).
El Ministerio de Obras Públicas también fue convertido en Secretaría: actualmente está liderado por Luis Giovine y depende de la cartera de Economía. De acuerdo a los datos revelados por la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), se produjeron 200 mil despidos en el sector y el presupuesto cayó más de un 93%.
En cuanto al área de Medioambiente y Desarrollo Sostenible, pasó a depender de la vicejefatura de Gabinete del Interior y se encuentra a cargo de Ana María Vidal de Lamas, subsecretaria de Ambiente.
En noviembre, en la 29ª Conferencia de las Partes (COP29) realizada en Azerbaiyán y que tuvo como eje central la crisis sobre el cambio climático, el Presidente le pidió a Lamas retirar la representación de Argentina de ese evento y Lamas sostuvo que recibió «órdenes» del ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, «de no participar más».
Otra de las carteras convertidas en secretarías fue la de Educación y que, desde diciembre de 2023, depende del Ministerio de Capital Humano. Su titular es Carlos Torrendell defiende el recorte presupuestario del sector, principalmente en las Universidades Nacionales, ya que las acusa de «inventar» estudiantes para justificar la cantidad de cargos docentes.
Tras estos dichos, Los rectores de casi todas las instituciones señalaron que el presupuesto que reciben no depende del número de alumnos inscriptos y que lo dijo para «desviar el eje de discusión del problema real» que es la caída de más del 40% en el presupuesto educativo.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos continuó siendo cartera nacional, sin embargo, la parte de Derechos Humanos no sólo fue eliminada de su nombre, sino también del plan de políticas públicas que no están en la agenda de Milei.
En agosto, se decidió cerrar la Unidad destinada a la investigación de la desaparición de niños expropiados durante la última dictadura militar, creada hace 20 años.
Posteriormente, en septiembre, se eliminó el presupuesto que recibía la organización Abuelas de Plaza de Mayo y el ministro, Mariano Cúneo Libarona sostuvo que «el Gobierno anterior le regaló el equivalente a $2.300 millones» y que, por ese motivo, «decidieron rescindir el contrato y terminar con ese curro».
Otro de los organismos que esta gestión eliminó fue el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) porque al considerar que había «irregularidades» y mostraba «ineficiencia».
Por su parte, Cúneo Libarona informó que las denuncias por discriminación deben realizarse directamente ante la Justicia. Transporte también fue bajado a Secretaría y está representado por Franco Mogetta que depende, a su vez, del Ministerio de Economía.
Una de las medidas más relevantes que tomó el Gobierno fue quitarle los subsidios tanto a la Ciudad (CABA) como a la Provincia de Buenos Aires (PBA) en los medios de transporte públicos que conectan el Área Metropolitana.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acordó con Nación el traspaso de las 31 líneas de colectivos que realizan recorridos por CABA y aseguró que no habrá aumentos elevados en las tarifas y que se mantendrá la red SUBE para quienes realicen combinaciones con dos o más transportes públicos.
En el caso de Axel Kicillof rechazó la quita de subsidios por parte del Ejecutivo Nacional y se dirigió a la Corte Suprema de Justicia, donde presentó un recurso cautelar con el fin de que «Milei cumpla con sus obligaciones».
La cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat se convirtió en la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, a cargo de Rodrigo Aybar y que depende también del Ministerio de Economía.
Semanas atrás, el Gobierno disolvió el Programa Procrear, creado en 2012, que le otorgaba créditos a los ciudadanos que pretendían tener su casa propia. Aybar afirmó que Procrear «generó un promedio de 1.700 viviendas y 12.000 créditos por año» y que esos son números «lastimosos» por ser algo que surge y se financia desde el Estado.
En su lugar y por medio del Decreto 1018/2024 se implementó un programa de «hipotecas divisibles sobre inmuebles sujetos a proyectos inmobiliarios para la posterior división», que tendría el mismo objetivo que Procrear.
Otro de los ministerio que absorbió Capital Humano es el de Desarrollo Social, hoy convertido en una subsecretaría de Niñez, Adolescencia y familia, denominada «Políticas Territoriales y Desarrollo Humano», a cargo de Tomás Del Giúdice.
En este área, se eliminaron los subsidios que se gestionaban por medio de organizaciones sociales, a las cuales se acusó de ser «gerentes de la pobreza» e, incluso, de vender los alimentos que el Estado les otorgaba.
En mayo, se encontraron más de cinco millones de kilos de alimentos en galpones que pertenecían a Capital Humano y que debían repartirse a comedores y merenderos como parte del plan de asistencia social.
Los productos no perecederos estaban acopiados en las provincias de Buenos Aires (Villa Martelli) y Tucumán, había kilos de leche en polvo, yerba, botellas de aceite, cajas de puré de tomates, garbanzos, harina y arroz, entre otros alimentos. Hasta ese momento, el Gobierno no había realizado ninguna compra y esos productos pertenecían a la gestión anterior.
El Ministerio de Turismo y Deportes fue transferido como Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, bajo la vicejefatura de Gabinete del Interior que, a su vez, depende de la Jefatura de Gabinete y su titular es Daniel Scioli.
Si bien, públicamente expresó «su compromiso de promocionar los destinos nacionales» para la temporada de verano 2024/2025, desde la Cámara Argentina de Turismo, sostuvieron que la situación «no es alentadora» porque las reservas dentro del país son menores que en otros momentos y hay un mayor pedido de cotizaciones «para viajar al exterior» debido a que sale mucho más barato vacacionar afuera. Desde el sector, afirmaron que se necesita «bajar impuestos para poder competir».
Todas las áreas que se encontraban dentro del Ministerio de Cultura ahora están incluidas en una subsecretaría que depende de Nación, transformándola en una Secretaría Presidencial. Según el comunicado publicado en el Boletín Oficial, para esta gestión, la cultura «fortalece el tejido social y tiene un impacto significativo en el desarrollo económico, a través de industrias creativas, turismo cultural y actividades artísticas que generan empleo y contribuyen al crecimiento sostenible».
Sin embargo, Milei pretendió cerrar uno de los emblemas más significativos dentro del área, como es el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y, ante la negativa del Congreso, el Ejecutivo decidió llevar a cabo una ola de despidos, suspendió la realización de películas que ya habían sido aprobadas, cortó el financiamiento de festivales cinematográficos que se realizaban en todo el país y cerró programas que beneficiaban a artistas, productores y directores audiovisuales.
Políticas similares también fueron implementadas tanto en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno como en el Instituto del Teatro, museos que dependen de Nación y en el Fondo de las Artes.
Por último, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social también terminó como secretaría, dentro de la cartera comandada por Sandra Pettovello. Dentro de las problemáticas más grandes que existen en ese área, se encuentran el desempleo y el trabajo «en negro».
Días atrás, el INDEC publicó un estudio que afirma que la desocupación subió un 7,6% en el segundo trimestre del año y que las zonas con mayor desempleo son Gran Resistencia, Chaco (11%), Gran La Plata (9,9%) y el Conurbano, en Buenos Aires (9,1%); Corrientes capital (8,9%); Gran Córdoba (8,2%) y Gran Santa Fe (8,1%).
Por otra parte, otro informe realizado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) arrojó que el 36% de los trabajadores están en la informalidad.
Uno de los mayores recortes salariales afectó este año a los trabajadores de los hospitales públicos que dependen de Nación. El Hospital Garrahan, especialista en atención pediátrica y uno de los más importantes de América Latina, es uno de los ejemplos. En lo que va del año, se realizaron ocho paros con movilización y actividades para visibilizar los bajos sueldos que perciben los profesionales.
En todas las manifestaciones, exigieron una recomposición salarial del 100%, «que es lo perdido en el último año», un sueldo inicial de $1.500.000 «para igualar la canasta básica», además del rechazo al impuesto sobre el salario.
Cada año, el Garrahan atiende más de 600 mil consultas, entre presenciales y virtuales, realiza 10 mil cirugías de alta complejidad, está a cargo del 50% de los trasplantes pediátricos del país y del 40 % por ciento de la atención de cáncer en pediatría.
Otra de las instituciones que sufrió los embates del Poder Ejecutivo fue el Hospital Nacional de Salud Mental Lic. Laura Bonaparte debido a que el Gobierno decidió cerrarlo «aún con pacientes internados», según denunciaron los trabajadores.
El ministro de Salud, Mario Lugones, anunció un «plan de reestructuración» con el objetivo de «priorizar la asignación de los recursos en los pacientes que lo necesitan» y explicaron que «la cantidad de atención y consultas resultan muy bajos para lo esperable de un hospital con servicios generales».
Desde el comienzo de la gestión se dispuso el cierre de la Agencia de Noticias Télam, por considerarla «un mecanismo de propaganda».
Por ese motivo, en julio, la transformaron en la Agencia de Publicidad del Estado (APE) según oficializaron a través del Decreto 548/2024 publicado en el Boletín Oficial. Fue fundada en el año 1945 y tenía casi 800 empleados que la convertían en la agencia estatal más grande de América Latina.
El personal, que estaba interesado en seguir trabajando para el Estado, cerca de unos 150 empleados, lograron el traspaso a Radio y Televisión Argentina (RTA) y alrededor de 350 quedaron desafectados debido a que aceptaron el retiro voluntario.
