Procesaron con prisión preventiva a la banda que abastecía de cocaína a los narcos de San Luis
El juez federal Juan Carlos Nacul ordenó el encarcelamiento en cárceles federales de los cinco integrantes de una organización que proveía cocaína a las bandas de Juan Carlos Insúa y Diego “El Gaucho” Funes. La causa revela ganancias ilícitas por más de $2.160 millones.
Una organización que operaba desde Buenos Aires
El juez federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul, dictó el procesamiento con prisión preventiva de Yuri Goyzueta Hurtado (peruano), Osvaldo Correa Arqueta (uruguayo) y los argentinos Oscar Visentini, Eduardo González y Flavio Borges, acusados de integrar una red narcocriminal que distribuía cocaína entre revendedores del AMBA y distintas provincias, entre ellas San Luis.
La resolución judicial se dictó luego de una investigación de cuatro años, encabezada por el fiscal federal Diego Iglesias en conjunto con el entonces fiscal de Villa Mercedes Danilo Miocevic. Además, el juez ordenó un embargo de 78 millones de pesos sobre los bienes de cada imputado.
El “Peruano”, cabecilla y proveedor principal
De acuerdo con la resolución, Yuri Goyzueta Hurtado, nacido en Lima, fue identificado como el líder de la organización. La droga era almacenada en su vivienda de Moreno, donde la Policía Federal halló 200 paquetes de cocaína (216,7 kilos) durante un allanamiento.
Cuando fue detenido en Ituzaingó, Goyzueta llevaba en su vehículo otros 60 paquetes (64,5 kilos) listos para la entrega. En total, se incautaron 281,8 kilos de cocaína en ocho allanamientos simultáneos, además de plantas de marihuana y armas de fuego.
Conexión directa con las bandas de Insúa y Funes
La investigación comprobó que la droga distribuida por el grupo de Goyzueta llegaba a Villa Mercedes a través de las estructuras de Juan Carlos Insúa, exsindicalista de la carne, y Diego “El Gaucho” Funes, ambos actualmente detenidos y procesados como líderes de sus propias organizaciones.
Los vínculos fueron confirmados mediante escuchas telefónicas y registros de comunicaciones, en los que Insúa se refería a su proveedor como “el Peruano”. En varias conversaciones se mencionan demoras “por temas de frontera”, aludiendo al tráfico desde Bolivia hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Una estructura criminal con ganancias millonarias
Los informes judiciales estiman que, en apenas seis meses de actividad, las redes de Insúa, Ramayo y Funes obtuvieron beneficios superiores a los 2.160 millones de pesos, con un valor estimado del kilo de cocaína de 15 millones en el mercado minorista.
Según la reconstrucción judicial, Insúa recibía cargamentos de cinco a seis kilos, pagaderos “a consignación”, es decir, con las ganancias de la venta en San Luis. Esa droga era fraccionada y distribuida a través de kioscos administrados por miembros de su entorno, entre ellos Natalia Amar y Raúl Ramayo.
El operativo que desbarató la red
Las detenciones de los cinco principales involucrados se produjeron el 2 de octubre pasado, en procedimientos coordinados por la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, con epicentro en el conurbano bonaerense.
El juez Nacul dispuso que los acusados cumplan prisión preventiva en establecimientos federales, aunque hasta la semana pasada no se había definido el destino final debido a la saturación de las cárceles del AMBA. El magistrado pretende que los procesados no compartan pabellón con los detenidos por las causas vinculadas en San Luis.
El hilo que conectó Villa Mercedes con Buenos Aires
El caso comenzó en 2021, con la detección de movimientos de cocaína entre Buenos Aires y Villa Mercedes. La Policía Federal de Villa Mercedes logró en 2023 identificar al proveedor al detener en la terminal de Liniers a un hombre con tres kilos de cocaína destinados a Rosario. Ese hallazgo permitió escalar la investigación hasta dar con el origen del tráfico.
En junio de 2024, cayó Juan Carlos Insúa, cuando intentaba ingresar un kilo de cocaína a La Punilla junto a Natalia Amar. Un año después, en mayo de 2025, fue detenido Diego Funes, jefe de un clan familiar con fuerte control territorial en Villa Mercedes. Con ambos tras las rejas, la Justicia Federal consolidó la hipótesis del tráfico interprovincial coordinado desde Buenos Aires.
Un caso emblemático para la Justicia Federal
El procesamiento con prisión preventiva marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en el interior del país. La resolución de Nacul califica las conductas como “tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización, agravado por haber intervenido tres o más personas organizadas”, con penas que van de 8 a 20 años de prisión.
Fuentes judiciales indicaron que la medida busca evitar contactos entre las distintas estructuras narco y garantizar que los principales responsables queden bajo custodia federal, a la espera del juicio oral.
