Quedó firme la prisión preventiva de Mayte Reyna del Portugal por la presunta estafa con terrenos municipales
El Tribunal de Impugnación de la Segunda Circunscripción Judicial confirmó la formulación de cargos y las medidas cautelares dictadas contra Mayte Reyna del Portugal Escudero, acusada de haber estafado a al menos 20 familias mediante la venta de terrenos que no le pertenecían en el oeste de Villa Mercedes.
La resolución ratificó lo dispuesto por la jueza Natalia Pereyra Cardini durante la audiencia realizada el pasado 20 de marzo, donde la imputada fue enviada al Servicio Penitenciario Provincial con prisión preventiva por 90 días. La defensa había solicitado el beneficio de prisión domiciliaria, pero el pedido fue rechazado.
El fallo, adoptado por unanimidad por los magistrados Hernán Herrera, María Bocca y Marcelo Bustamante Marone, sostuvo la necesidad de preservar la investigación judicial, teniendo en cuenta que continúan incorporándose nuevas denuncias y que aún existen medidas probatorias pendientes.
Según se desprende de la resolución, los jueces consideraron que persiste el riesgo de entorpecimiento del proceso, ya que la acusada podría influir sobre testigos y otras personas bajo investigación. Además, ponderaron el riesgo de fuga al señalar que no quedó acreditado un arraigo sólido, debido a inconsistencias en los domicilios informados.
También se valoró la gravedad de la pena en expectativa, al tratarse de 20 hechos en concurso real de estafa, lo que abre la posibilidad de una condena de cumplimiento efectivo.
En cuanto al pedido de prisión domiciliaria, el Tribunal entendió que la documentación médica presentada por la defensa no acreditó una situación que justificara esa medida. El cuadro de salud invocado —un macroadenoma de hipófisis— fue considerado benigno y, según consta en el expediente, se encontraría en reducción, sin necesidad de una intervención urgente.
Por otra parte, los magistrados confirmaron la medida de no innovar sobre los terrenos involucrados, con el objetivo de impedir nuevas operaciones fraudulentas sobre esos lotes.
No obstante, aclararon que esta disposición no afecta el avance del proyecto habitacional previsto por el Gobierno provincial, por lo que podrán continuar las obras para la construcción de las 121 viviendas sociales correspondientes al plan “Tenemos Futuro”.
La causa se originó tras la denuncia por la presunta venta de derechos sucesorios sobre tierras que pertenecían al municipio y que luego fueron cedidas a la Provincia para el desarrollo del plan de viviendas.
La investigación, encabezada por el fiscal Leandro Estrada, podría ampliarse en los próximos días, ya que el Ministerio Público Fiscal advirtió que habría más personas involucradas en la maniobra.
Aunque por el momento son 20 las denuncias formalizadas, en sede judicial estiman que la cantidad de damnificados podría superar las 50 familias.
