La posibilidad de una reforma constitucional en San Luis volvió a instalar un debate de fondo sobre el funcionamiento del Estado, la estructura judicial, los límites a las reelecciones y el rol de los partidos políticos. En ese escenario, el abogado Diego González trazó un análisis amplio sobre la necesidad de actualizar la Carta Magna provincial y también lanzó duras críticas al presente del Partido Justicialista puntano.
Uno de los ejes centrales del planteo fue que la Constitución provincial quedó desfasada frente a los cambios institucionales y jurídicos que se produjeron en las últimas décadas, especialmente después de la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos. En ese marco, sostuvo que San Luis necesita adecuar su diseño institucional a estándares modernos y a una realidad social y judicial distinta.
Entre los puntos que consideró prioritarios, puso el foco en el Poder Judicial. Señaló que la actual arquitectura judicial “está pasada de moda” y que termina perjudicando al ciudadano común. En ese sentido, planteó que deberían revisarse competencias que hoy siguen concentradas en el Superior Tribunal de Justicia y avanzar en la creación de herramientas más ágiles y específicas, como un fuero contencioso administrativo, un fuero penal económico y un sistema que garantice de manera efectiva la doble instancia en materia penal.
También consideró necesario incorporar de manera expresa en la Constitución provincial al Ministerio Público, al entender que hoy cumple un papel central en la investigación penal y en el funcionamiento del sistema judicial, aunque esa presencia institucional no esté reflejada como debería en el texto constitucional.
Otro de los aspectos abordados fue el gasto y la estructura del Poder Judicial. González advirtió sobre la creación permanente de cargos y reclamó mayor racionalidad en el uso de los recursos públicos. Remarcó que una reforma no debería implicar un agrandamiento desmedido del Estado, sino una reorganización más eficiente de estructuras ya existentes.
En paralelo, avaló como “saludable” la idea de limitar los mandatos, al considerar que San Luis arrastra una larga historia de permanencias excesivas en el poder. Para el dirigente, una eventual reforma debería fijar con claridad un máximo de dos mandatos para los cargos ejecutivos, sean consecutivos o alternados, sin posibilidades de retorno indefinido. A su criterio, ese criterio aportaría una cuota mayor de republicanismo y previsibilidad institucional.
Sobre este punto también remarcó que cualquier nueva restricción debe regir hacia el futuro, por lo que descartó interpretaciones que busquen presentar la discusión como una maniobra de proscripción. Según expuso, el objetivo no sería impedir candidaturas del pasado, sino ordenar el sistema de cara a lo que viene.
En el plano político, el análisis se endureció aún más cuando se refirió al presente del Partido Justicialista de San Luis. Allí sostuvo que el PJ atraviesa una profunda crisis de conducción, de representación y de organización, y responsabilizó directamente a Alberto Rodríguez Saá por el deterioro del espacio.
Afirmó que el partido quedó reducido a un esquema cerrado, controlado por un grupo muy pequeño de dirigentes, alejado de la militancia, del territorio y de las necesidades reales de la gente. En esa línea, aseguró que el justicialismo puntano perdió la calle, perdió contacto con el vecino y se desdibujó como herramienta de representación política.
Para González, la reconstrucción del peronismo en San Luis no pasa por discutir candidaturas de manera anticipada, sino por reorganizar el espacio, abrir el debate interno, recuperar una lógica horizontal y volver a pensar propuestas con eje en los problemas concretos de la sociedad. Entendió que antes de aspirar a ser competitivo electoralmente, el peronismo debe volver a ordenarse y redefinir su identidad.
El dirigente también cuestionó la conformación de estructuras de poder cerradas, la proliferación de cargos para un círculo reducido y la desconexión de parte de la dirigencia con la realidad cotidiana. Según expresó, cuando la política deja de escuchar a la gente y se concentra solamente en repartirse lugares, termina perdiendo legitimidad y alejándose de su razón de ser.
En ese marco, sostuvo que una oposición fuerte, organizada y con ideas es positiva para San Luis, porque enriquece el debate público y mejora la calidad institucional. Y advirtió que una eventual reforma constitucional, por su trascendencia, debería construirse con amplios consensos y sin exclusiones, ya que se trata de las reglas que ordenan la convivencia de toda la provincia.
Así, el debate abierto en torno a la reforma constitucional no solo expone una discusión técnica o jurídica. También reabre preguntas de fondo sobre la calidad institucional, la duración del poder, el funcionamiento de la Justicia y el futuro de una fuerza política que durante años tuvo centralidad en la vida pública puntana y hoy atraviesa una etapa de fragmentación y replanteo.
