Reforma judicial: el fiscal José Olguín cuestionó la reducción de la feria y pidió diálogo, capacitación y jerarquización del sistema
El móvil de La Mañana de Mercedes dialogó este martes con el Dr. José Olguín, fiscal de Instrucción Nº 3, quien analizó en profundidad los alcances de la reforma judicial impulsada recientemente en San Luis, especialmente la decisión de reducir la feria judicial, una medida que —según advirtió— podría resultar “contraproducente” y generar desorganización interna.
A diferencia de otras entrevistas en las que el fiscal se refirió a temas puntuales, esta vez habló no desde su rol específico de instructor penal, sino como integrante del sistema de justicia provincial.
Una reforma sin consenso: magistrados, abogados y empleados en contra
Olguín señaló que la modificación se aprobó sin consultar a los actores centrales del sistema, pese a que tanto el Colegio de Abogados como el Colegio de Magistrados y los gremios judiciales manifestaron formalmente su rechazo.
“El consenso no se buscó. Todas las órbitas de trabajo están en contra y aun así la medida se tomó igual”, expresó.
También aclaró que la nueva ley —que reduce la feria y permite tomar vacaciones durante cualquier mes— recién sería aplicable en 2027.
“Reducir la feria no soluciona la mora judicial”
El fiscal remarcó que la sociedad tiende a creer que la feria es un mes de vacaciones para los tribunales, cuando en realidad los plazos procesales se suspenden, pero el personal continúa trabajando.
En ese período, explicó, muchos equipos aprovechan para ordenar expedientes atrasados, reorganizar agendas y avanzar con tareas internas que en el año son difíciles de compatibilizar.
“El problema no es la feria. El problema es que si las licencias, carpetas médicas y descansos se desparraman durante todo el año, el Poder Judicial va a trabajar al 50% permanente”, afirmó.
Riesgos de desorganización y menor previsibilidad
Con la reforma, los trabajadores podrán tomarse licencias en cualquier mes, lo que podría afectar la organización interna de oficinas y fiscalías.
“Si un empleado toma 45 días en octubre, otro en mayo y otro en noviembre, ¿cómo organizás el trabajo? No es un empleo ‘fungible’. Cada empleado conoce las causas, y si se va, otro debe estudiar todo de nuevo”, explicó.
Además, destacó que los abogados tampoco tienen fechas de descanso garantizadas, lo que puede afectar audiencias y procesos en curso.
Falta de personal, salarios bajos y cargos sin cubrir
Olguín insistió en que la reforma no aborda los problemas estructurales: salarios desactualizados, falta de designaciones, concursos demorados y equipos de trabajo incompletos.
“Con muy poco podría mejorar muchísimo la Justicia penal. Faltan cinco o seis empleados, algunos ayudantes fiscales y terminar concursos trabados hace meses. No estamos tan lejos de duplicar la capacidad de trabajo”, señaló.
También reclamó jerarquización del personal judicial, destacando que la mayoría son profesionales, rinden concursos permanentes y realizan cursos obligatorios.
“No es cierto que este trabajo lo puede hacer cualquiera. Se necesita capacitación, experiencia y vocación. Si no reconocemos eso, nunca vamos a tener eficiencia real”, advirtió.
Diálogo ausente y decisiones unilaterales
Uno de los ejes más marcados por Olguín fue la falta de debate y participación.
“La solución no va por imponer medidas sin hablar con los que trabajamos todos los días. Nos falta diálogo, y eso pasa en el Ejecutivo, en el Legislativo y también dentro del Poder Judicial”, afirmó.
El fiscal cuestionó además que en espacios de capacitación se convoque más a funcionarios federales que a los actores provinciales directamente involucrados en la aplicación del sistema acusatorio.
“No sabemos qué piensan nuestros propios tribunales sobre fallos locales. Eso es lo que deberíamos discutir”, señaló.
Autonomía del Poder Judicial y presupuesto: otro punto ausente
Durante la charla, Olguín coincidió en que la reforma no incluye un debate clave: la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, que sigue dependiendo del Ejecutivo.
“Un Poder Judicial independiente necesita manejar su propio presupuesto. Si no, siempre habrá ruido institucional”, planteó.
Una advertencia final: “La gente merece soluciones, no peleas”
Para el fiscal, la discusión no puede perder de vista al ciudadano común: quien reclama alimentos, quien sufrió un delito, o quien busca un fallo para resolver un conflicto urgente.
“La Justicia debe dar respuestas claras, rápidas y bien hechas. Para eso se necesitan recursos, capacitación y diálogo. No decisiones aisladas”, concluyó.
