Con las sesiones extraordinarias en marcha, el Gobierno nacional intensificó las negociaciones políticas y sindicales para avanzar con dos de sus proyectos más sensibles: la reforma laboral y la ley penal juvenil, que propone una baja en la edad de imputabilidad. La reactivación del Congreso marcó el fin de la pasividad legislativa de enero y abrió una etapa de reuniones cruzadas, definiciones y pulseadas clave.
En el Senado de la Nación, el oficialismo apunta a llevar la reforma laboral al recinto el 11 de febrero para obtener media sanción. En ese marco, se multiplicaron los encuentros con bloques aliados y sectores dialoguistas, en especial con la Unión Cívica Radical, donde conviven posturas diversas respecto del alcance de los cambios propuestos.
El debate interno gira en torno a temas centrales como el rol de los sindicatos, la ultraactividad de los convenios colectivos, la obligatoriedad de la cuota sindical y el impacto de las modificaciones sobre los aportes. A ese escenario se suman las gestiones de los gobernadores, que buscan incidir en la negociación parlamentaria para no quedar expuestos políticamente ante un eventual resultado adverso.
En paralelo, sectores sindicales endurecieron su postura. Mientras continúan los contactos con el Ejecutivo, un grupo de gremios industriales expresó su rechazo a la reforma laboral y cuestionó la estrategia de la conducción de la CGT, marcando una fractura en el frente sindical.
Diputados y la ley penal juvenil
En la Cámara de Diputados, el Gobierno también busca avanzar con su agenda en extraordinarias. El eje principal es la ley penal juvenil, que implicaría modificar la edad de imputabilidad. Para ello, se inició el proceso de reactivación de las comisiones de Justicia y Familia, aunque el tratamiento formal enfrenta obstáculos debido a que el proyecto aún no fue enviado al Congreso.
Los distintos bloques comenzaron a definir posiciones. El peronismo analiza una estrategia de resistencia, con reuniones internas y proyectos alternativos, mientras que otros espacios políticos evalúan el impacto institucional y social de las iniciativas impulsadas por el oficialismo.
El cronograma que maneja el Gobierno fija como fecha tentativa el 25 de febrero para debatir la baja de imputabilidad en Diputados, aunque el escenario aparece más complejo que en el Senado, tanto por la falta del texto oficial como por la fragmentación política.
Con reuniones permanentes, negociaciones abiertas y fuertes tensiones internas, el Congreso entró en una etapa decisiva que definirá el futuro de dos reformas clave del programa de gobierno.
