Régimen Penal Juvenil: el Senado debate una reforma histórica con baja de imputabilidad a los 14 años
El proyecto de Régimen Penal Juvenil quedó a un paso de convertirse en ley tras la amplia aprobación en Diputados y será tratado en el Senado en una sesión convocada para el próximo jueves.
La iniciativa propone una modificación profunda del sistema vigente, que aún se rige por una norma de la última dictadura, y establece un nuevo marco integral para el juzgamiento de menores en conflicto con la ley penal.
Baja de la edad de imputabilidad
El punto más destacado es la reducción de la edad de punibilidad de 16 a 14 años. El oficialismo sostiene que a esa edad un adolescente tiene capacidad de discernimiento suficiente para comprender la gravedad de sus actos y, por lo tanto, debe responder penalmente.
No obstante, el proyecto combina un enfoque punitivo con herramientas de resocialización.
Sin perpetua y con tope de 15 años
La norma elimina la posibilidad de condenas a reclusión perpetua para menores y fija un máximo de 15 años de prisión.
Además:
- Para delitos con penas menores a 3 años no habrá prisión.
- Para delitos con penas de entre 3 y 10 años que no impliquen muerte o lesiones graves, se priorizarán sanciones alternativas con eje educativo y social.
- Se establece que los menores no podrán ser alojados junto a adultos.
Financiamiento garantizado
Uno de los cambios incorporados durante el debate fue la asignación presupuestaria específica para que la ley pueda aplicarse efectivamente:
- Más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General.
- Más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia.
En la versión original, el financiamiento quedaba sujeto a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, lo que generaba dudas sobre su implementación real.
Argentina es, junto a Cuba, el único país del continente que aún no cuenta con un régimen penal juvenil moderno, lo que alimenta el debate sobre la necesidad de actualizar el marco normativo.
Gobierno vs oposición
Desde el oficialismo la reforma se inscribe en la lógica de “el que las hace las paga”, con la premisa de elevar los costos del delito.
La oposición más dura, en cambio, sostiene que no existe evidencia empírica que demuestre que bajar la edad de imputabilidad reduzca la criminalidad. Señalan además que la problemática juvenil responde a factores estructurales de exclusión social y falta de oportunidades.
El debate ahora se traslada al Senado, donde el oficialismo buscará convertir la iniciativa en ley.
