Registro de Avatares: Qué es, cómo funciona y para qué se usa el nuevo sistema del Ministerio de Seguridad
El Ministerio de Seguridad de Argentina, bajo la dirección de Patricia Bullrich, oficializó este martes 15 de julio de 2025 la creación del Registro de Avatares, un sistema que permitirá a las fuerzas federales utilizar identidades digitales ficticias para combatir delitos complejos en el ciberespacio.
La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 828/2025, regula la actuación de agentes encubiertos digitales y agentes reveladores digitales, quienes se infiltrarán en redes sociales, foros y plataformas online para investigar crímenes como narcotráfico, trata de personas, grooming, pornografía infantil y terrorismo.
El Registro de Avatares organizará perfiles falsos creados por las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal) y el Centro de Ciberdelito (CS5). Estos “avatares” incluirán datos biográficos ficticios y, en casos necesarios, documentación oficial emitida por el Renaper. Cada avatar será registrado con un código único y solo podrá usarse bajo autorización judicial, conforme a la Ley N° 27.319 de 2016, que regula técnicas especiales de investigación. Una vez finalizada la misión, las identidades se eliminarán, salvo excepciones justificadas por seguridad o nuevas investigaciones.
El protocolo establece estrictas medidas de confidencialidad para proteger a los agentes y garantizar la validez de las pruebas recolectadas. Por ejemplo, los agentes encubiertos digitales podrán interactuar en entornos delictivos simulando ser parte de organizaciones criminales, mientras que los agentes reveladores recopilarán información de apoyo. Un caso reciente destacó el éxito de esta estrategia: una agente encubierta desmanteló una red de trata de mujeres dominicanas operando en línea.
Junto a esta medida, la Resolución 829/2025 creó un Consejo Académico Asesor, presidido por el juez Ricardo Basílico, para capacitar a los agentes en técnicas de infiltración digital, minimizando riesgos y maximizando la eficacia de las investigaciones. Sin embargo, la oposición, como sectores de Unión por la Patria, expresó preocupación por posibles violaciones a la privacidad y la libertad de expresión, alertando sobre un riesgo de “vigilancia masiva”. El Ministerio defiende que todas las operaciones requieren autorización judicial y están sujetas a estrictos controles legales.
Esta iniciativa se suma a otras del Ministerio, como la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) y el ciberpatrullaje autorizado en 2024, reflejando un esfuerzo por modernizar la lucha contra el cibercrimen en un contexto donde las organizaciones criminales operan cada vez más en el ámbito digital.
