La fiscal de Instrucción N° 2 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Villa Mercedes, Daniela Torres, presentó su renuncia y así logró eludir el juicio político que debía comenzar el martes 16 de septiembre. El gobernador Claudio Poggi aceptó la dimisión mediante decreto, con fecha efectiva desde el 9 de septiembre, y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios dispuso suspender el debate.
Una causa con fuertes cuestionamientos
Torres estaba acusada de haberse quedado con dinero secuestrado durante un allanamiento realizado en Villa Mercedes. La denuncia salió a la luz cuando el juez Matías Farinazzo Tempestini le ordenó en noviembre del año pasado devolver a María Lorena Rodríguez los $473.020 que habían sido incautados en su domicilio, en el marco de una causa de robo que involucraba a sus hijos.
La gravedad del caso motivó que, a finales de mayo, el tribunal de enjuiciamiento admitiera la formación de causa y resolviera suspender a la funcionaria, que desde entonces cobraba solo el 50% de su remuneración.
Procesos judiciales en paralelo
Más allá de la renuncia, la situación de Torres en la Justicia penal continúa. El 31 de julio pasado, los fiscales de la Tercera Circunscripción, Hugo Salazar Molina y Lucila Giampieri, le formularon cargos en una audiencia llevada adelante por el juez Santiago Ortiz. En esa oportunidad, se le atribuyeron conductas vinculadas al manejo irregular de fondos secuestrados en procedimientos judiciales.
A las sospechas por la retención indebida de dinero se suman otras denuncias mediáticas. Una de las más resonantes la vinculó con el presunto cobro de $100 mil a un acusado de robo para cerrar una causa, quien tiempo después fue asesinado. Estos episodios alimentaron los cuestionamientos sobre su desempeño y aceleraron los mecanismos institucionales para apartarla.
Una salida política antes del juicio
Con la aceptación de la renuncia por parte del Poder Ejecutivo, el proceso de juicio político queda sin efecto. Sin embargo, las causas penales que la involucran seguirán su curso en el fuero correspondiente.
La renuncia de Torres se inscribe en un escenario sensible para el Poder Judicial provincial, donde distintos actores reclaman mayor transparencia y control en el desempeño de magistrados y funcionarios. En este contexto, el caso genera un precedente sobre los mecanismos de control político y disciplinario en San Luis.
