San Luis: advierten por el atraso salarial en la Justicia y el incumplimiento de un fallo
El abogado Roberto Pereira advirtió sobre la situación salarial que atraviesan magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de San Luis y aseguró que la provincia se encuentra en el último lugar del país en materia de remuneraciones judiciales, según la comparación nacional a la que hizo referencia durante una entrevista con VM Multimedia.
El letrado señaló que el reclamo lleva varios años y sostuvo que existe legislación destinada a establecer parámetros salariales que, según planteó, actualmente no se estaría cumpliendo.
Pereira explicó que la problemática alcanza a diferentes niveles de la estructura judicial, aunque existen diferencias jurídicas entre magistrados y empleados.
En el caso de jueces y funcionarios, uno de los ejes de los planteos judiciales es el principio de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados. Según explicó, esa garantía no solamente podría verse afectada mediante una reducción nominal de los salarios, sino también cuando la falta de actualización provoca una pérdida significativa del poder adquisitivo.
“Lo que buscan es la preservación del principio constitucional y republicano de la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados”, explicó.
“San Luis es el último en sueldos”
Uno de los datos más fuertes planteados por Pereira fue la posición que ocupa San Luis respecto de otras jurisdicciones.
Según manifestó durante la entrevista, una comparación elaborada en el ámbito judicial ubica actualmente a la provincia en el último lugar del país en materia salarial.
“San Luis es el último en sueldos. Tenemos el triste privilegio”, sostuvo.
Pereira afirmó que un juez de primera instancia con 15 años de antigüedad percibiría alrededor de $2,8 millones mensuales y sostuvo además que una importante proporción de los empleados judiciales se encontraría por debajo de la línea de pobreza.
Estos datos corresponden a las cifras y comparaciones expuestas por el abogado durante la entrevista.
Una ley salarial y un reclamo que llegó a la Justicia
Pereira recordó que en 2023 se sancionó una ley de escala salarial para los trabajadores judiciales.
Según explicó, la norma buscaba establecer una estructura de remuneraciones proporcional a las responsabilidades de cada categoría y evitar que los trabajadores quedaran por debajo de determinados parámetros vinculados con la canasta básica.
Sin embargo, sostuvo que el proceso inflacionario posterior provocó un fuerte deterioro de los ingresos y un “achatamiento” de aquella estructura salarial.
El conflicto terminó trasladándose al ámbito judicial.
Pereira indicó que actualmente existen diferentes causas vinculadas con la problemática salarial y con el principio de intangibilidad de las remuneraciones.
Un fallo dio 60 días para adoptar medidas
Uno de los expedientes ya tuvo una sentencia de primera instancia.
De acuerdo con la explicación del abogado, el fallo otorgó 60 días a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que, dentro de sus atribuciones constitucionales, adoptaran medidas destinadas a acercar las remuneraciones de los magistrados a parámetros similares a la media nacional.
Pereira aclaró que la sentencia no fijó directamente un salario determinado, sino que estableció pautas para que los poderes competentes actuaran.
El abogado sostuvo que ese plazo se encuentra ampliamente vencido y cuestionó que la resolución no haya sido cumplida.
Pereira habló de una posible “desobediencia” judicial
Sobre este punto, el letrado realizó una de las afirmaciones más contundentes de la entrevista.
Pereira consideró que el incumplimiento de una orden judicial podría configurar una situación de desobediencia y sostuvo que, desde su interpretación jurídica, debería analizarse una eventual intervención penal.
“Se está ante un delito de acción pública”, afirmó Pereira al plantear su interpretación sobre el incumplimiento.
La afirmación corresponde a la posición expresada por el abogado durante la entrevista y no implica por sí misma que exista una determinación judicial de responsabilidad penal.
Las dificultades para resolver las causas
El abogado también describió las particularidades procesales que aparecen cuando son los propios integrantes del Poder Judicial quienes realizan un reclamo de estas características.
Explicó que entran en juego mecanismos de recusación y excusación de magistrados y que eso puede generar dificultades para integrar los tribunales que deben intervenir.
Pereira sostuvo que algunas de las causas continúan buscando jueces que puedan asumir su tratamiento y explicó que, por tratarse de cuestiones vinculadas con el derecho público provincial, inicialmente deben resolverse dentro de la Justicia de San Luis.
Posteriormente, ante determinadas cuestiones constitucionales, podría existir la posibilidad de recurrir extraordinariamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pidió una salida entre los tres poderes
Frente a un conflicto que podría prolongarse durante años si continúa exclusivamente por la vía judicial, Pereira consideró necesario encontrar una solución institucional.
“Esto merecería un tratamiento por parte de los tres poderes en conjunto, buscar una salida consensuada”, sostuvo.
El abogado mencionó como referencia antecedentes de otras provincias donde conflictos similares llegaron hasta la Corte Suprema después de extensos procesos judiciales.
Por ese motivo, planteó que los trabajadores y magistrados afectados por la pérdida del poder adquisitivo no pueden quedar sujetos únicamente a una resolución que podría demorarse durante años.
Pereira reclamó diálogo institucional, cumplimiento de las decisiones judiciales y la búsqueda de un mecanismo que permita recomponer progresivamente la situación salarial del Poder Judicial de San Luis.
