San Luis: Dictan prisión preventiva a un agente penitenciario por delitos sexuales y producción de material de abuso infantil
El hecho salió a la luz tras el hallazgo de dos pendrives en el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis, con videos de producción local que registraban abusos a dos niñas. El acusado, agente penitenciario, quedó detenido preventivamente por 120 días.
Audiencia y formulación de cargos
Este sábado, en una audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial, la jueza Natalia Lazarte Otero ordenó la prisión preventiva por 120 días para un agente penitenciario acusado de delitos contra la integridad sexual y producción de material de abuso infantil.
La Fiscalía de Instrucción Penal en Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº 2, representada por Antonella Córdoba y la fiscal adjunta Mercedes García, formuló cargos por los presuntos delitos de corrupción de menores agravada por el vínculo, abuso simple agravado por la convivencia y producción de representaciones de menores con fines sexuales.
Las víctimas serían su hija y la hermana de su pareja, ambas menores de edad.
Denuncia e investigación interna
La causa se inició luego de una denuncia presentada por el subdirector general del Servicio Penitenciario Provincial, Juan Carlos Serrano, quien informó que el 22 de octubre personal penitenciario encontró dos pendrives en las cocheras del establecimiento.
Los dispositivos fueron analizados por el Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos, que constató la existencia de material de abuso sexual infantil grabado con cámara oculta en una vivienda. Los videos permitieron identificar al agresor, lo que derivó en su inmediata detención.
Pruebas, riesgos procesales y resolución
Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que existen pruebas directas de los abusos y remarcó la gravedad del caso, ya que el material fue producido de forma local con víctimas identificadas. Solicitó la prisión preventiva ante el riesgo de entorpecimiento de la investigación y posible manipulación de evidencia digital.
La Defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces Nº 3, Silvina García, adhirió al pedido del Ministerio Público Fiscal y pidió preservar la identidad de las víctimas.
En tanto, el defensor del imputado, Héctor Zabala Agüero, solicitó la prisión domiciliaria, pero la jueza Lazarte Otero la rechazó.
Finalmente, dispuso que el acusado continúe alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, destacando la “gravedad de los hechos, la solidez de la imputación y la naturaleza digital de las pruebas”.
