El Senado de San Luis dio el sí a la suspensión de la Ley N°1081, que permitía que los delitos menores de narcotráfico fueran investigados por la Justicia provincial. Ahora, la Justicia federal vuelve a tomar el control.
La ley, aprobada en la gestión de Alberto Rodríguez Saá, nunca funcionó como se esperaba. La provincia no creó un plan de acción ni implementó la medida de manera efectiva.
El senador Martín Olivero explicó que la falta de coordinación en las investigaciones ha dificultado la sanción a los grandes narcotraficantes, reduciendo las acciones principalmente a casos de comercialización en pequeñas dosis. Además, ha llevado a un aumento en los casos de tenencia y consumo personal, sin impactar significativamente en el tráfico de drogas a gran escala.
La suspensión busca postergar el inicio de la implementación de la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes por un plazo razonable, lo que permitirá adecuar la realidad provincial a los desafíos y complejidades que presenta el funcionamiento de dicho régimen.
