El Ministerio de Seguridad y el Superior Tribunal de Justicia firmaron el convenio que permite implementar el Programa de Monitoreo y Vigilancia Electrónica en los procesos penales provinciales. Los dispositivos cuentan con GPS y podrán utilizarse para controlar el cumplimiento de arrestos domiciliarios y otras medidas dispuestas por la Justicia. El sistema es financiado por Nación y no tendrá costo para la Provincia.
La provincia de San Luis incorporó formalmente el uso de tobilleras electrónicas con GPS como herramienta para el seguimiento de personas procesadas o condenadas que, por resolución judicial, deban cumplir arresto domiciliario u otras modalidades alternativas de detención o ejecución de la pena.
La implementación quedó habilitada a partir de un convenio firmado entre el Ministerio de Seguridad provincial y el Superior Tribunal de Justicia. El acuerdo establece las condiciones para utilizar el Programa de Monitoreo y Vigilancia Electrónica dentro de los procesos penales que tramitan ante la Justicia provincial.
El convenio tendrá una vigencia inicial de un año y contempla su renovación automática.
La medida completa el proceso iniciado en febrero, cuando el Gobierno de San Luis suscribió un acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la Nación para reincorporarse al Programa de Personas Bajo Vigilancia Electrónica.
A partir de ese convenio, la Provincia recibió dispositivos electrónicos de control, entre ellos tobilleras equipadas con GPS, destinadas a supervisar y rastrear a las personas alcanzadas por una resolución judicial.
El sistema había dejado de implementarse en San Luis en julio de 2023. Con los acuerdos celebrados durante 2026, la Provincia recuperó el acceso al programa nacional y ahora estableció el marco de coordinación necesario entre Seguridad y la Justicia provincial para su utilización.
No implica la colocación automática de una tobillera
La incorporación del sistema no significa que todas las personas que reciben arresto domiciliario serán monitoreadas electrónicamente.
El procedimiento debe comenzar con un requerimiento judicial. Posteriormente se realiza un Informe Técnico de Viabilidad y un Informe de Condiciones Sociales y Ambientales, que son remitidos a la autoridad judicial para su evaluación.
La decisión final sobre la colocación y utilización de la tobillera corresponde exclusivamente a la Justicia y también estará condicionada a la disponibilidad del dispositivo y a su factibilidad técnica.
Una vez colocado, el sistema permite controlar las condiciones establecidas judicialmente. El área técnica provincial será responsable de supervisar el correcto funcionamiento del dispositivo y deberá comunicar a la Justicia cualquier alteración o situación que pueda afectar el cumplimiento de la medida.
Arrestos domiciliarios y otras medidas
Las tobilleras podrán utilizarse durante la investigación de causas penales y también durante la etapa de ejecución de una pena, siempre que exista una resolución judicial que lo determine.
El Código Procesal Penal de San Luis contempla distintas medidas de coerción, como restricciones territoriales o personales, sujeción a vigilancia y detención domiciliaria con o sin supervisión.
En ese contexto, el monitoreo electrónico funcionará como una herramienta tecnológica adicional para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas por los magistrados.
El programa también contempla su utilización dentro del régimen penal juvenil, bajo las condiciones y garantías previstas por la normativa correspondiente.
En esos casos, el dispositivo no reemplaza las tareas de seguimiento, asistencia y acompañamiento que correspondan a los organismos especializados y de protección de derechos.
Sin costo para la Provincia
Otro aspecto destacado por el Gobierno es el financiamiento. Según informó el Ministerio de Seguridad, los dispositivos y el servicio son aportados por el Estado nacional, por lo que su implementación no representa un costo para el Estado provincial.
San Luis deberá aportar el personal encargado de las tareas correspondientes. Según explicó la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, los agentes provinciales ya fueron capacitados para desarrollar esas funciones.
“Lo más importante es que a la provincia no le genera ningún costo. Esto lo aborda y lo paga la Nación. Nosotros simplemente hemos capacitado al personal para que desarrolle la tarea”, señaló la funcionaria.
Con el convenio entre Seguridad y el Superior Tribunal, la Justicia provincial dispone así de una nueva herramienta para controlar determinadas medidas alternativas a la permanencia de una persona en un establecimiento penitenciario, aunque su aplicación deberá analizarse individualmente en cada causa.
