San Luis iniciará por primera vez la destrucción de armas de fuego secuestradas en causas judiciales
La provincia de San Luis avanzará por primera vez en la destrucción de armas de fuego secuestradas por orden judicial o administrativa, en el marco de una política orientada a reducir el circulante de armas ilegales y fortalecer la seguridad pública. La medida se apoya en una ley provincial sancionada en noviembre de 2025 y en el trabajo conjunto con organismos nacionales especializados en desarme.
En los últimos días de diciembre, la ministra de Seguridad Nancy Sosa recorrió las instalaciones del Banco Nacional de Materiales Controlados, dependiente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, donde se lleva adelante el proceso de inutilización y destrucción definitiva de armas, municiones y explosivos secuestrados o entregados voluntariamente en todo el país.
Durante la visita, la funcionaria mantuvo una reunión con el coordinador del Banco Nacional de Armas, Sergio Sarlo, quien explicó en detalle el circuito que garantiza que cada arma ingresada al sistema quede definitivamente fuera de circulación. El procedimiento incluye la inutilización inicial del arma, su embalaje en cajones especiales y el posterior envío a una empresa especializada, donde el material es destruido y reutilizado según las características del acero.
Sosa estuvo acompañada por el director general de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de San Luis, Carlos Salinas, y el asesor legal del Ministerio de Seguridad, Jesús Velázquez, quienes se interiorizaron sobre el trabajo coordinado que el Banmac desarrolla con distintas provincias.
Uno de los datos que surgió durante la recorrida fue que San Luis y Formosa eran, hasta el momento, las únicas provincias que nunca habían enviado armas secuestradas para su destrucción. Según se explicó, esto implica que una gran cantidad de armas, una vez peritadas y finalizadas las causas judiciales, permanecen almacenadas en depósitos provinciales, con el riesgo de extravío, robo o reingreso al circuito ilegal.
En ese contexto, la ministra recordó que la provincia cuenta ahora con una ley que establece la destrucción o reutilización con fines de interés público de las armas de fuego secuestradas o decomisadas, en consonancia con la Ley Nacional Nº 25.938. La normativa designa al Ministerio de Seguridad como Autoridad de Aplicación, responsable de garantizar la trazabilidad, el control y la coordinación con los organismos nacionales.
A partir de esta base legal, el Gobierno provincial prevé avanzar en la firma de un convenio con el Poder Judicial para que las armas que se encuentran en depósito y cuyas causas ya cuenten con sentencia firme puedan ser enviadas al Banco Nacional de Armas para su destrucción definitiva.
El procedimiento contempla que personal del organismo nacional se traslade a San Luis para retirar las armas bajo custodia policial y acompañar todo el proceso hasta su disposición final. Según se explicó, este mecanismo aporta transparencia y cierra el circuito desde el secuestro inicial hasta la destrucción total del material, evitando cualquier posibilidad de reutilización.
