Están apuntadas por defraudación, retención indebida y fraude contra la administración pública. La Justicia imputó a 6 personas por el confuso hecho en el que el Gobierno concretó por «error» una transferencia de más de $500 millones a una cuenta judicial utilizada para percibir una cuota alimentaria. La mujer, titular de la misma, con un remanente de más de $44 millones, hizo transferencias, realizó compras, pagos y efectuó numerosas transacciones.
La causa se había originado por una denuncia del tesorero del Gobierno provincial, en la Primera Circunscripción Judicial. Allí se declararon incompetentes al corroborar que la cuenta destino pertenecía a una persona de Villa Mercedes y se remitió la causa a la Segunda Circunscripción Judicial.
Los hechos
La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en el Juzgado de Garantía Nº 3. La Fiscalía, representada por Daniela Torres, señaló que el 6 de mayo se materializó una transferencia desde el Gobierno provincial por $510.236.811 a la cuenta de la imputada, Verónica Acosta.
Al advertir esta situación, las autoridades informaron a la entidad bancaria por lo que la cuenta «se congeló» y se realizó un reverso por $465.690.542, quedando como liquidez o remanente la suma de $44.546.269 de la que habría dispuesto la titular de la cuenta.
Todo el dinero pertenecía a la partida presupuestaria destinada a las cuentas judiciales en concepto de cuota alimentaria de empleados públicos. De las averiguaciones se desprendió que se desarrollaron transferencias a cuentas propias -creadas para tal fin- a los otros imputados y hasta personas de otras provincias, bajo compras, pagos de impuestos, entre otros conceptos.
Estimativamente, en 10 minutos se concretaron 12 transferencias y en 24 horas fueron más de 60. Todas estas operaciones a través de dispositivos electrónicos y billeteras virtuales. Un detalle peculiar es que los movimientos en las cuentas judiciales no pueden superar los $500.000.
La Fiscal expresó que se trató de una «maniobra delictual», que tuvo un plan previo amparado en la idea de vaciar la cuenta para beneficiarse. Los movimientos se hicieron de manera reiterada y con un accionar ilegítimo, sostuvieron desde los ámbitos judiciales. Y remarcaron que se afectó a la comunidad y al tránsito bancario; en otras palabras, se trató de dinero que es parte de la sociedad puntana.
La Justicia aborda el caso. Foto: Periódico Judicial.
Delitos imputados, allanamientos, investigación y detenciones
Se formularon cargos contra Nicolás Gil, Verónica Acosta, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil y Milagros Gil por los delitos de defraudación mediante el uso indebido de tarjeta de compra, de crédito o débito; por fraude en perjuicio de la administración pública y por retención indebida. En principio, se pediría la medida «más gravosa».
Flavio Ávila, en representación de la Fiscalía de Estado, adhirió a la formulación, teniendo en cuenta los hechos y cómo sucedieron en realización a la utilización, la maniobra y la peligrosidad por el uso de herramientas tecnológicas.
Según las fuentes judiciales, se realizaron allanamientos en donde se secuestraron diferentes elementos como un auto, moto, electrodomésticos, elementos de construcción (cerámicos, pegamentos, entre otros), accesorios de baño, colchón, etcétera.
La Defensa Oficial, representada por Silvia Moran y Ximena Bertoli, hicieron reserva de plantear su propia teoría del caso y requirieron una prórroga de detención por 7 días. Solicitaron para dos de las imputadas que la detención sea domiciliaria por encontrarse en periodo de lactancia.
Fiscalía y Querella no estuvieron de acuerdo por los riesgos procesales existentes, entre ellos mencionaron: saldo que no se recuperó, los titulares de las cuentas a donde se transfirió el dinero, riesgo de fuga, entre otros.
Antonela Panero, jueza Subrogante del Juzgado de Garantía Nº 3, hizo lugar a la formulación de cargos en los términos que pidió Fiscalía, otorgó la prórroga de detención para los seis imputados por el término de 7 días, fijando su audiencia para el 16 de mayo.
A dos de las imputadas, se les otorgó detención domiciliaria atento al período de lactancia, considerando la perspectiva de género.
Entre las medidas, se autorizó el peritaje de los teléfonos personales de los imputados para analizar los movimientos entre el 6 y el 8 demayo en relación a transferencias y todo tipo de transacción como así también las comunicaciones.
La magistrada autorizó la apertura de una cuenta judicial para destinar el dinero que se recupere y a los fines de la protección del mismo.
En representación del MPF intervinieron las Dras. Daniela Torres y Mariana Olguín. En representación de Fiscalía de Estado el Dr. Flavio Ávila y por el MPD las Dras. Silvia Moran y Ximena Bertoli. Como Secretaria del Juzgado lo hizo la Dra. Natalia Pereyra Cardini.
