El presidente Javier Milei atravesó una de sus semanas más críticas desde el inicio de su gestión. El oficialismo sufrió una seguidilla de reveses parlamentarios en ambas cámaras y, al mismo tiempo, quedó en el centro de un escándalo de corrupción que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y salpica directamente a su entorno más cercano.
Reveses en el Congreso
La debilidad política del gobierno quedó en evidencia en el Congreso. En Diputados, Milei perdió doce votaciones claves, entre ellas la ratificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido vetada por el Poder Ejecutivo. La Cámara Baja rechazó el veto con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, obligando al Estado a restablecer la asistencia a personas con discapacidad.
En paralelo, en el Senado el oficialismo también sufrió un fuerte traspié con siete votaciones adversas en un mismo día. La Cámara alta aprobó la ley de financiamiento universitario, declaró la emergencia sanitaria pediátrica en hospitales como el Garrahan y dio marcha atrás con cinco decretos presidenciales, que habían dispuesto el desmantelamiento de organismos estratégicos como el INTA, el INTI, Vialidad Nacional y el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Estos reveses legislativos fueron interpretados como un quiebre de la dinámica política de Milei, que hasta ahora había logrado sostener su programa con un Congreso fragmentado. Sectores financieros comenzaron a expresar dudas sobre la sostenibilidad de su plan económico de cara a las elecciones de octubre, que ya se perfilan como un plebiscito sobre su gestión.
El escándalo en Discapacidad
El golpe más duro llegó con la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, hasta esta semana titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y amigo personal de Milei. En esas grabaciones, Spagnuolo habla de una presunta red de sobornos de laboratorios que abastecen al Estado, con pagos mensuales de hasta medio millón de dólares.
Lo más delicado es que los audios mencionan como supuestos destinatarios a Karina Milei, secretaria de la Presidencia y hermana del mandatario, y a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, figuras clave en la estructura política del oficialismo.
La Justicia federal, a cargo del juez Sebastián Casanello, actuó de inmediato y ordenó 14 allanamientos en oficinas públicas, domicilios particulares y en la droguería Suizo Argentina, señalada como uno de los actores involucrados. En los procedimientos se incautaron teléfonos, computadoras, documentos y hasta sobres con 200.000 dólares en efectivo, además de una máquina contadora de dinero.
Spagnuolo fue desplazado de su cargo como medida preventiva, pero en sus declaraciones aseguró haber guardado pruebas “para no quedar pegado”, lo que anticipa nuevas revelaciones que podrían comprometer aún más al gobierno.
Un desgaste acelerado
Mientras tanto, el oficialismo intentó despegarse del escándalo, acusando al ex funcionario de no haber hecho denuncias formales y deslizando la posibilidad de accionar legalmente contra él. Sin embargo, el daño político ya está hecho: la oposición presentó denuncias penales y el caso amenaza con convertirse en el símbolo de la contradicción entre el ajuste sobre los más vulnerables y la corrupción en el manejo de fondos públicos.
El impacto de estos episodios trascendió la política doméstica. Fuentes diplomáticas confirmaron que la Casa Blanca todavía no aseguró una reunión entre Milei y Donald Trump durante su próximo viaje a Estados Unidos, donde el presidente argentino prevé asistir a un show de su ex pareja, Fátima Florez, en Las Vegas.
El deterioro de la gestión libertaria parece avanzar con la misma velocidad que las medidas implementadas en sus primeros meses. En una sola semana, Milei acumuló derrotas legislativas, un escándalo de corrupción en el corazón de su gobierno y señales de desconfianza internacional, un combo que refuerza la percepción de fragilidad política en el tramo decisivo hacia las elecciones de octubre.
