Verificación policial de vehículos en San Luis: el calvario de un trámite que resulta prácticamente imposible
Mientras gran parte del mundo avanza hacia la simplificación de trámites, la digitalización y la reducción de la burocracia, en San Luis hay procesos que parecen anclados en otra época. La verificación policial de vehículos, a cargo de la Policía de San Luis, se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo un trámite necesario puede transformarse en un verdadero obstáculo para los ciudadanos.
La verificación policial tiene un objetivo claro y legítimo: confirmar la legalidad y originalidad de un vehículo, comprobar que el chasis y el motor no estén adulterados, que no exista pedido de secuestro y que los números coincidan con la documentación. Es un paso clave para combatir el robo y el fraude, brindar seguridad jurídica a compradores y vendedores y cumplir con un requisito legal obligatorio para transferencias de vehículos usados o la inscripción de unidades 0 km.
Hasta ahí, nada que objetar. El problema no está en el control, sino en cómo se lo gestiona.
Un sistema que no funciona
El primer escollo aparece en el registro de turnos. El sistema vigente obliga a atravesar un proceso arcaico, cargado de datos innecesarios y con una pérdida de tiempo difícil de justificar. El calendario digital, lejos de facilitar la gestión, muestra una sola realidad: todos los turnos ocupados, sin habilitar la opción de solicitar uno nuevo a futuro.
Al momento de la redacción de esta nota, miércoles 14 de enero a las 12:56, no había disponibilidad de turnos hasta el 29 de enero inclusive, y tampoco se encontraba habilitada la posibilidad de gestionar turnos posteriores. El resultado es simple y brutal: el trámite se vuelve imposible de iniciar.
Costos altos, servicio lento
A esta situación se suma el aspecto económico. Las tasas varían según el tipo de vehículo:
- Motovehículos: alrededor de $25.000
- Automóviles particulares: cerca de $48.000
- Vehículos de transporte: hasta $250.000
Con estos valores, resulta razonable esperar un servicio ágil, dinámico y acorde a los costos. Sin embargo, la experiencia cotidiana demuestra exactamente lo contrario: demoras prolongadas, falta de previsibilidad y un sistema que no responde a la demanda real.
A contramano de los tiempos
La paradoja es evidente. Mientras el Registro Nacional del Automotor avanzó en los últimos años hacia trámites no presenciales, digitalización de procesos y reducción de plazos, la verificación policial en San Luis se ha transformado en un cuello de botella que retrasa —y en muchos casos frustra— las transferencias de vehículos.
Gestores, registros y ciudadanos coinciden en el diagnóstico. “Hace más de tres días que entro cada hora a la página para ver si consigo un turno”, relató a esta redacción un gestor con amplia trayectoria en la ciudad. El testimonio no es aislado: es parte de una rutina que se repite y que termina impactando directamente en la economía diaria, la seguridad jurídica y la confianza en el Estado.
Una discusión necesaria
Nadie discute la necesidad del control policial. Lo que sí resulta inaceptable es que un trámite obligatorio se convierta en un calvario administrativo, sin respuestas claras ni alternativas para los ciudadanos. Modernizar el sistema, ampliar la capacidad operativa, transparentar los plazos y adecuar la gestión a los tiempos actuales no debería ser una opción: es una obligación del Estado.
Porque cuando un trámite esencial no funciona, el problema no es del ciudadano que necesita cumplir la ley, sino de la institución que no logra brindar un servicio acorde a su propia exigencia.
Edgardo Javier Furlotti
Periodista
