Villa de Merlo: funcionarios se retiran por la puerta trasera en medio del conflicto por el Centro de Reciclado
La crisis entre el Municipio de Villa de Merlo y la Cooperativa de Recuperadores Urbanos sumó este lunes un capítulo insólito. Tras presentar su versión en el Concejo Deliberante, funcionarios municipales evitaron cruzarse con integrantes de la cooperativa que aguardaban afuera para reclamarles respuestas, y salieron apresuradamente por una puerta trasera del recinto.
En la reunión de comisión, convocada a pedido de los concejales, participaron el secretario de Hacienda, Bruno Mini; el secretario de Ambiente, Francisco Leiva; la subdirectora de Coordinación Territorial Provincial, Stella Maris Cuello; y el director de Gestión Ambiental de Residuos de la Provincia, Aníbal Cattaneo. Allí, expusieron la rendición de cuentas del Municipio sobre el programa nacional “Argentina Recicla”, que dio origen al Centro Municipal de Reciclado y que hoy es foco de una fuerte disputa.
Según testigos, minutos después de su intervención y con un grupo de cooperativistas esperando en el exterior, los funcionarios abandonaron el lugar por una salida lateral y se retiraron en vehículos pertenecientes a ediles del oficialismo. Dos de los autos en los que habían llegado quedaron en el estacionamiento y fueron retirados más tarde por empleados municipales.
Este martes, el Ejecutivo difundió un comunicado en el que afirmó haber presentado “pruebas irrefutables” para desmentir las acusaciones del responsable del centro, Gerardo Domínguez, a quien acusó de mentir y hacer “falsas afirmaciones”. Según la versión oficial, las rendiciones y registros presentados demuestran que la cooperativa administró el espacio “sin rendir una sola cuenta sobre lo hecho”.
El conflicto se remonta a semanas atrás, cuando el intendente Leonardo Rodríguez dispuso el desalojo inmediato de la cooperativa, sin orden judicial. Domínguez acusó entonces al intendente, al ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, y al propio Mini, de apropiarse de nueve millones de pesos destinados al centro, señalando facturación de obras y materiales que —asegura— nunca se concretaron.
La oposición contradijo el relato oficial. La concejal Ana Laura Ferrarotti afirmó que en la reunión no se entregó documentación respaldatoria y que la respuesta al pedido de informes fue únicamente oral. Según detalló, Mini reconoció que “había olvidado unos papeles” y que los enviaría luego. Ferrarotti recalcó que, aunque el Municipio sostiene que “está todo en regla”, no hubo reconocimiento opositor sobre la validez de la rendición presentada.
Este jueves, la cooperativa utilizará la Banca Ciudadana para exponer su postura. El caso, que ya involucra denuncias penales y cuestionamientos por el manejo de fondos públicos, se carga ahora de un fuerte componente simbólico: no solo se discute el fondo de las acusaciones, sino también el modo en que el Ejecutivo enfrenta y comunica el conflicto.
