El dirigente radical Walter Ceballos aseguró que la decisión de la Justicia Federal que anuló resoluciones de la conducción de la Unión Cívica Radical de San Luis permitió restablecer el funcionamiento institucional del partido y afirmó que recurrió a la vía judicial por primera vez en más de cuatro décadas de militancia para garantizar el cumplimiento de la Carta Orgánica.
Durante una entrevista, Ceballos explicó que el conflicto surgió luego de que la Convención Provincial aprobara modificaciones que, según sostuvo, vulneraban principios básicos del radicalismo. Entre ellos mencionó el límite de dos mandatos consecutivos para ejercer la presidencia partidaria, la incompatibilidad entre cargos ejecutivos provinciales y la conducción del partido, y la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales para quienes aspiren a cargos partidarios o electivos.
Además, cuestionó el intento de adelantar las elecciones internas de octubre a agosto, una decisión que finalmente fue declarada nula por la Justicia Federal.
«En 43 años que tengo de afiliado a la Unión Cívica Radical es la primera vez que tuve que recurrir a una presentación judicial para que se cumplieran nuestras cartas orgánicas», afirmó.
Respecto del presidente del radicalismo puntano, Juan Álvarez Pinto, evitó profundizar las diferencias personales, aunque reconoció que mantuvieron conversaciones antes del conflicto. Señaló que espera que exista una instancia de reflexión y sostuvo que el radicalismo «necesita a todos» para recuperar protagonismo político.
En otro tramo de la entrevista, Ceballos planteó que la coalición que gobierna San Luis debería evolucionar hacia un verdadero espacio político y no limitarse únicamente a un acuerdo electoral. También defendió las elecciones primarias como herramienta para fortalecer la democracia interna y cuestionó la eliminación de esos mecanismos tanto a nivel nacional como provincial.
El ex funcionario nacional también expresó preocupación por la situación económica de San Luis. Consideró que la provincia perdió dinamismo desde el final del régimen de promoción industrial y advirtió sobre la caída del empleo privado, el impacto de la apertura de importaciones y los problemas de infraestructura.
Asimismo, destacó la necesidad de debatir un nuevo modelo de desarrollo para las próximas décadas y mencionó como uno de los desafíos el envejecimiento poblacional y la denominada «economía plateada», vinculada a los cambios demográficos.
Finalmente, reivindicó el diálogo político como herramienta para construir consensos y aseguró que la política debe desarrollarse dentro del respeto institucional.
«Los autoritarios nunca me gustaron. Ante la ley somos todos iguales y quienes ejercen funciones públicas deben rendir cuentas», concluyó.
