El Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura de la Provincia, a través de la Resolución N°1766, anticipó que, si la medida cautelar dictada por la jueza Laboral N°2, María Eugenia Bona, que frenó licitaciones, adjudicaciones y contrataciones por parte del Ejecutivo, genera algún perjuicio al Estado o a un tercero contratante, se iniciarán acciones legales contra la magistrada y el gobernador electo, Claudio Poggi.
Poggi, con el patrocinio del abogado –y vicegobernador electo- Ricardo Endeiza, fue quien solicitó esa medida a la jueza, para detener los procesos licitatorios hasta el 10 de diciembre, cuando asuma la nueva gestión del Gobierno.
Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura aclaró que la primera licitación “fue declarada desierta”, mientras que la segunda, por la tramitación administrativa, correrá la misma suerte.
La cartera también analiza que la decisión judicial se funda en situaciones desconocidas tanto por el demandante como por la magistrada. En ese punto, remarca: “La ejecución de toda obra pública implica per se, su extensión temporal, ello por cuestiones físicas evidentes, las obras, son planificadas con un tiempo razonable y ejecutadas en un plazo prolongado en virtud de su naturaleza, el cual se encuentra condicionado por los más diversos factores, situaciones que deben ser ponderadas al momento de planificar una obra”.
