Caso Molino Fénix: Fiscalía de Estado respaldó las prisiones preventivas y afirmó que la investigación ya alcanza 12 hechos
El abogado de Fiscalía de Estado, Flavio Ávila, analizó las últimas decisiones judiciales en una de las causas más complejas de Villa Mercedes. Defendió las medidas de coerción dispuestas tras la ampliación de cargos, explicó por qué se solicitaron seis meses más de investigación y detalló la hipótesis sobre sociedades presuntamente utilizadas para facturar servicios y canalizar fondos públicos.
La causa Molino Fénix ingresó en una nueva etapa después de la ampliación de cargos impulsada por el Ministerio Público Fiscal y las medidas de coerción dispuestas contra algunos de los imputados. En una entrevista con VM Multimedia, el abogado de Fiscalía de Estado, Flavio Ávila, explicó el alcance de las últimas resoluciones y sostuvo que la complejidad de la investigación justifica tanto las prisiones preventivas como la extensión del plazo para continuar recolectando evidencia.
Fiscalía de Estado interviene en el expediente en carácter de querellante, en representación del patrimonio público provincial. Ávila aclaró que la conducción de la investigación penal corresponde al fiscal José Olguín, mientras que el organismo provincial acompaña la acusación y puede aportar elementos vinculados con la eventual afectación de fondos estatales.
La última audiencia dejó como resultado medidas de coerción sobre tres personas, mientras que Diego Torres continúa atravesando el proceso en libertad. En paralelo, respecto del diputado provincial Beltrán, la situación requiere una intervención de la Cámara de Diputados debido a los fueros parlamentarios.
Ávila explicó que para avanzar con una medida de coerción sobre el legislador debe cumplirse previamente el procedimiento constitucional correspondiente. Son los diputados quienes deben resolver sobre sus fueros, salvo el supuesto excepcional de que un legislador sea sorprendido en flagrancia durante la comisión de un delito.
Dos meses de prisión preventiva y una investigación que seguirá abierta
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue diferenciar los plazos.
Las medidas de prisión preventiva fueron dispuestas por dos meses, mientras que la Fiscalía solicitó una extensión de seis meses para continuar con la investigación.
Ávila explicó que el expediente reúne características propias de una causa compleja, no solamente por la cantidad de imputados sino por el volumen y características de la evidencia que debe ser reconstruida, analizada y vinculada con los distintos hechos investigados.
Según indicó, a los nueve hechos que ya contaban con formulación de cargos se sumaron otros tres, por lo que actualmente la investigación comprende 12 hechos atribuidos dentro del expediente.
El representante de Fiscalía de Estado sostuvo que las imputaciones son graves y que, de comprobarse en un eventual juicio, las escalas penales involucradas podrían derivar en condenas de cumplimiento efectivo.
Sin embargo, remarcó que el proceso todavía está en etapa investigativa y que todos los imputados mantienen el principio constitucional de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
La hipótesis de las sociedades utilizadas para facturar
Durante la entrevista, Ávila desarrolló además uno de los aspectos centrales de la teoría que sostiene la Fiscalía.
Según la hipótesis acusatoria, el entramado investigado habría incluido sociedades que facturaban servicios vinculados al complejo cultural y que posteriormente recibían pagos mediante cheques.
La Fiscalía investiga particularmente la presunta utilización de sociedades constituidas formalmente a nombre de terceras personas y la emisión de cheques que, según la acusación, habrían dificultado reconstruir el destino final del dinero.
Ávila señaló que una parte de la investigación apunta a determinar si algunas sociedades fueron constituidas a nombre de personas en situación de vulnerabilidad que desconocían el verdadero manejo de esas estructuras. Según la hipótesis fiscal, algunas habrían firmado documentación y poderes que posteriormente permitieron que otras personas administraran esas firmas.
Se trata, insistió el abogado, de una hipótesis de investigación que todavía deberá ser demostrada en juicio.
La acusación también analiza facturas por cifras millonarias y cheques presuntamente emitidos sin garantizar una adecuada trazabilidad entre quien facturaba el servicio y quien finalmente cobraba el dinero.
El papel de las auditorías
Otro punto planteado durante la conversación estuvo relacionado con las auditorías realizadas durante el funcionamiento de Molino Fénix.
Una de las líneas defensivas mencionadas en la causa sostiene que existieron controles y aprobaciones administrativas. Sin embargo, según explicó Ávila, la Fiscalía considera que determinadas auditorías habrían resultado incompletas.
Desde la perspectiva de la acusación, una aprobación administrativa o contable no representa automáticamente una eximición de responsabilidad penal si posteriormente se logran acreditar maniobras delictivas.
La investigación incluye además un trabajo contable destinado a reconstruir movimientos, balances, operaciones bancarias y documentación vinculada con el manejo de fondos.
Ávila explicó que los investigadores se apoyaron en profesionales contables para interpretar la documentación bancaria y financiera. Ese material, llegado el momento, deberá incorporarse como prueba y ser sometido al control de las defensas durante el juicio oral.
Por qué se dictaron las prisiones preventivas
Fiscalía de Estado sostuvo que las medidas de coerción no deben interpretarse como una condena anticipada.
Ávila explicó que el fundamento utilizado para solicitar la prisión preventiva fue la necesidad de proteger la investigación ante la complejidad del expediente y el riesgo de posibles interferencias.
El agravamiento de las acusaciones también tuvo incidencia. La causa incluía hechos vinculados con peculado y administración fraudulenta, mientras que posteriormente la Fiscalía incorporó la hipótesis de asociación ilícita.
Ese nuevo escenario permitió a la acusación solicitar medidas más severas al considerar que la magnitud y características de los hechos investigados podían generar riesgos para el normal desarrollo del proceso.
“Queremos que el proceso avance”, fue uno de los conceptos centrales planteados por el representante de Fiscalía de Estado.
El posible desafuero del diputado Beltrán
La situación del diputado provincial Beltrán seguirá un camino particular.
Según explicó Ávila, la Justicia necesita que la Cámara de Diputados resuelva previamente la cuestión de los fueros para poder avanzar sobre una eventual medida de coerción.
La solicitud no implica determinar la culpabilidad del legislador, sino habilitar procesalmente a la Justicia para aplicar, si corresponde, las mismas herramientas que podría disponer respecto de cualquier otro imputado.
El expediente apunta al juicio oral
Fiscalía de Estado anticipó que el objetivo es completar la recolección de evidencia y avanzar hacia la instancia de juicio.
Allí deberán comparecer quienes participaron de las entrevistas incorporadas a la investigación, los especialistas que realizaron los análisis contables y todos aquellos cuya declaración resulte relevante.
Será en ese momento cuando la evidencia reunida durante esta etapa deberá transformarse formalmente en prueba, bajo el control de las defensas y frente al tribunal encargado de resolver.
Ávila remarcó que el proceso lleva más de un año y medio y rechazó que las medidas adoptadas puedan considerarse por sí mismas una condena o una persecución. La resolución definitiva, sostuvo, deberá surgir del debate oral y de la valoración de las pruebas por parte de jueces imparciales.
“Hasta que no haya una sentencia no se va a poder decir que nadie es culpable”, resumió el abogado durante la entrevista.
La causa Molino Fénix continuará ahora con nuevas medidas investigativas, análisis contables y financieros y la definición política-institucional sobre los fueros del diputado involucrado, mientras las defensas conservan todas las herramientas legales para controvertir la acusación.
