El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario destinado a descomprimir el conflicto que desde hace meses enfrenta a las universidades públicas con la administración nacional por la falta de financiamiento.
La propuesta contempla una recomposición salarial total del 24,33%, que se aplicará en dos etapas: un incremento del 21,33% en julio y otro del 3% en octubre. Según se informó, la mejora busca recuperar parte del poder adquisitivo perdido por docentes y no docentes durante 2024, 2025 y los primeros meses de 2026.
El entendimiento también incorpora el compromiso oficial de evitar que los salarios universitarios continúen perdiendo frente a la inflación durante el resto del año. Además, prevé una próxima convocatoria a negociaciones paritarias con los gremios del sector.
En materia presupuestaria, el acuerdo incluye un aumento del 50% para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo del país. A su vez, se anunció una partida extraordinaria de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.
Sin embargo, el acuerdo no pone fin al conflicto judicial. Los rectores ratificaron que mantendrán la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y actualmente suspendida por un recurso extraordinario impulsado por el Poder Ejecutivo.
La Casa Rosada sostiene que la norma es inviable porque no especifica claramente las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación, mientras que las universidades consideran que la ley debe aplicarse en forma inmediata.
Los gremios docentes también mantienen cautela frente al anuncio. Desde distintos sectores sindicales señalaron que esperan la formalización de las paritarias y cuestionaron la falta de convocatorias regulares para discutir salarios.
En paralelo, la comunidad universitaria continúa movilizada. Durante las últimas semanas se realizaron clases públicas, protestas frente al Palacio de Justicia y medidas de fuerza en colegios preuniversitarios para reclamar una definición de la Corte Suprema sobre la cautelar que favorece a las universidades.
De esta manera, aunque el acuerdo representa un alivio económico para las casas de estudio y sus trabajadores, la discusión de fondo sobre el financiamiento universitario sigue abierta y ahora espera una resolución judicial.
