El proyecto enviado por el Gobierno nacional comenzó su recorrido en la Cámara de Diputados. La oposición cuestionó la distribución de recursos y apuntó contra las partidas destinadas a sectores sensibles, mientras el oficialismo se prepara para iniciar el debate en comisiones durante octubre.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 ingresó a la Cámara de Diputados y comenzó a generar cuestionamientos entre los bloques opositores por la asignación de recursos para discapacidad, universidades y los servicios de inteligencia.
La propuesta presentada por el Gobierno de Javier Milei incluye las principales proyecciones económicas para el próximo año y establece las prioridades de gasto de la administración nacional. El texto será analizado durante las próximas semanas antes del inicio formal del debate en comisiones, previsto para octubre.
Según las estimaciones incorporadas al proyecto, el Ejecutivo espera que la inflación interanual se ubique en el 18% durante 2027. También proyecta un tipo de cambio de $1.847,60 y un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4%.
En las cuentas correspondientes al Sector Público Nacional, el Gobierno calcula alcanzar un superávit financiero de $3,3 billones, equivalente aproximadamente al 0,2% del PBI. A su vez, prevé un superávit primario de $18,4 billones.
Para la Administración Nacional, el proyecto estima un resultado financiero positivo de $246.741 millones. Estas cifras serán uno de los principales puntos del debate parlamentario, especialmente por la composición del resultado fiscal y los mecanismos utilizados para calcularlo.
Cuestionamientos sobre las proyecciones fiscales
Los primeros reparos surgieron desde Unión por la Patria. El diputado Carlos Castagneto afirmó que el Ejecutivo presentó fundamentalmente un esquema financiero y reclamó mayores precisiones sobre las políticas públicas contempladas para el próximo ejercicio.
Guillermo Michel, integrante del mismo espacio político, también planteó objeciones sobre la composición del resultado fiscal. El legislador señaló posibles omisiones relacionadas con los gastos tributarios derivados del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y con los intereses capitalizados.
Los cuestionamientos apuntan a determinar si las proyecciones reflejan de manera completa los compromisos financieros que deberá afrontar el Estado nacional durante 2027.
Discapacidad, uno de los ejes centrales
Las partidas destinadas a las personas con discapacidad aparecen entre los aspectos que mayor preocupación provocaron dentro de la oposición.
El diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, puso en duda la suficiencia de los recursos contemplados para el sector y vinculó el análisis presupuestario con el debate por la prórroga de la emergencia en discapacidad.
Por su parte, Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, advirtió que las disposiciones incluidas en el proyecto podrían afectar el funcionamiento del sistema de prestaciones básicas y universales.
Los planteos se producen en un escenario marcado por los reclamos de prestadores, familiares y organizaciones que solicitan una actualización de los aranceles y mayores garantías para sostener los servicios.
Reclamos por los fondos universitarios
Las universidades nacionales constituyen otro de los focos de discusión. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade cuestionó los recursos previstos para el sistema universitario y pidió revisar la distribución de partidas para garantizar su funcionamiento.
El financiamiento de las casas de altos estudios viene siendo motivo de tensiones entre el Gobierno nacional, las autoridades universitarias, los gremios docentes y las organizaciones estudiantiles.
La discusión no solamente comprende los gastos de funcionamiento, sino también los recursos destinados a salarios, becas, investigación, infraestructura y programas académicos.
Críticas por el aumento destinado a inteligencia
Frade también señaló que el proyecto contempla un incremento del 87% en los fondos asignados a los servicios de inteligencia.
El aumento destinado a la Secretaría de Inteligencia del Estado quedó incorporado así a la discusión sobre las prioridades establecidas por el Ejecutivo. Desde sectores opositores reclaman conocer con mayor precisión el destino de esos recursos y contrastan el incremento con las partidas previstas para discapacidad y universidades.
El debate comenzaría en octubre
Los bloques que acompañaron diferentes iniciativas del Gobierno, entre ellos el PRO y la Unión Cívica Radical, todavía no habían fijado públicamente una postura definitiva sobre el Presupuesto 2027.
El análisis en las comisiones de la Cámara de Diputados comenzaría durante octubre. En esa instancia podrían participar funcionarios nacionales para explicar las proyecciones económicas, los objetivos fiscales y la distribución de recursos.
El ingreso del proyecto abrió una nueva etapa de negociaciones en el Congreso. Además de discapacidad, universidades y servicios de inteligencia, la oposición anticipó que planteará discusiones sobre los recursos para las provincias, el endeudamiento y el alcance de las políticas públicas incluidas en el Presupuesto 2027.
