Germán Anabitarte habló de la agresión a Copito Ocampo, reveló detalles de la causa Molino Fénix y denunció graves abusos policiales en Buena Esperanza
El abogado Germán Anabitarte visitó La Mañana de Mercedes y abordó tres investigaciones judiciales de fuerte repercusión en San Luis. Explicó la situación procesal de Fernando Alcaje tras la agresión a periodistas, reveló detalles de la declaración de Diego Torres en la causa Molino Fénix y denunció presuntos apremios ilegales y disparos policiales durante una persecución en Buena Esperanza.
En una extensa entrevista realizada en el programa La Mañana de Mercedes, el abogado penalista Germán Anabitarte analizó tres causas judiciales que generaron repercusión pública en distintos puntos de la provincia de San Luis.
Durante la conversación con Javier Furlotti, el profesional explicó los fundamentos de las decisiones adoptadas por la Justicia, reveló detalles de las estrategias defensivas y planteó serios cuestionamientos sobre determinados procedimientos policiales.
La entrevista permitió conocer aspectos de las investigaciones que continúan en marcha, especialmente en relación con las pruebas que todavía deben incorporarse, las medidas cautelares dispuestas y las responsabilidades que buscan establecerse.
Agresión a Copito Ocampo: Alcaje sigue en libertad y su defensa espera cámaras de seguridad
Uno de los primeros temas abordados fue la situación judicial de Fernando Alcaje, imputado en una causa que investiga la agresión al periodista Miguel Ángel “Copito” Ocampo y otros hechos denunciados durante el mismo episodio.
El caso provocó un fuerte repudio entre trabajadores de prensa y generó cuestionamientos después de conocerse que el acusado recuperaría la libertad mientras continúa la investigación.
Anabitarte, quien representa legalmente a Alcaje, explicó que la decisión judicial responde a los límites establecidos por la legislación procesal y que la prisión preventiva no puede aplicarse como una sanción anticipada.
“Uno tiene que tener límites al momento de resolver”, sostuvo el abogado.
Según explicó, el juez debe actuar dentro de los planteos formulados por la Fiscalía y la querella, y cualquier medida restrictiva de la libertad debe estar debidamente fundamentada.
En ese sentido, consideró que una prisión preventiva injustificada podría representar un adelantamiento de pena, especialmente cuando no se acreditan riesgos procesales suficientes.
El profesional reconoció la repercusión social del caso y aseguró que su función como defensor no implica justificar los hechos investigados.
Incluso relató un intercambio que mantuvo con el propio Ocampo en dependencias judiciales.
Según contó, el periodista le preguntó cómo podía representar a una persona acusada de haberlo agredido.
“Yo repudio totalmente el acto que pudo llegar a haber cometido, pero tengo que defender que las garantías del proceso se cumplan”, expresó Anabitarte.
El abogado remarcó que el derecho de defensa constituye una garantía constitucional que debe respetarse independientemente de la gravedad o repercusión de una acusación.
Las restricciones judiciales que debe cumplir Fernando Alcaje
Durante la entrevista, Anabitarte confirmó que su defendido continúa sometido al proceso penal por las imputaciones formuladas por la Fiscalía.
La investigación comprende acusaciones por lesiones leves, daños y amenazas.
La Justicia dispuso medidas cautelares por cuatro meses, entre ellas restricciones de acercamiento y contacto con las personas involucradas.
La prohibición de acercamiento comprende una distancia de 200 metros respecto de las personas protegidas por la resolución judicial.
También se establecieron presentaciones periódicas ante la autoridad judicial y la obligación de realizar un tratamiento psicológico o psiquiátrico.
Anabitarte explicó que Alcaje deberá concurrir mensualmente a firmar el libro de control de la Fiscalía, entre los días 1 y 10 de cada mes, además de presentar las constancias que acrediten el cumplimiento del tratamiento.
El letrado mencionó asimismo restricciones para abandonar el territorio sin autorización judicial.
Estas disposiciones continuarán vigentes durante el plazo establecido y su cumplimiento será fundamental para mantener la situación procesal actual.
La defensa busca demostrar que Alcaje no agredió a otras dos personas
Uno de los datos más importantes aportados por Anabitarte estuvo relacionado con las acusaciones vinculadas a Daniel Rodríguez y su hija.
El abogado adelantó que espera obtener grabaciones de cámaras de seguridad para intentar demostrar que su defendido no habría golpeado a esas dos personas.
“Estamos a la espera ahora de unas cámaras de seguridad para demostrar que el señor Alcaje en ningún momento golpeó ni al señor Daniel ni a la hija”, manifestó.
Según explicó, la defensa cuenta con declaraciones testimoniales de personas que presenciaron los acontecimientos y que respaldarían esa versión.
Sin embargo, reconoció que todavía no dispone de los registros audiovisuales.
El objetivo será incorporar ese material a la investigación y, si corresponde, solicitar una modificación de la calificación jurídica o de las imputaciones relacionadas con esos hechos.
El profesional aclaró que el proceso continúa abierto y que todavía resta producir prueba.
Anabitarte aseguró que Alcaje está arrepentido
Consultado sobre la actitud de su defendido después de los acontecimientos, el abogado afirmó que Alcaje manifestó arrepentimiento y que expresó su intención de pedir disculpas durante la audiencia judicial.
“Quiero pedir disculpas en la audiencia”, recordó Anabitarte sobre lo que le habría manifestado el acusado.
El profesional aseguró que Alcaje no quiere volver a atravesar una situación semejante y consideró necesario que cumpla con el tratamiento ordenado por la Justicia.
En cuanto al futuro del expediente, señaló que los próximos meses serán importantes para incorporar pruebas y determinar si corresponde solicitar modificaciones en la situación procesal.
Durante la entrevista, Javier Furlotti reiteró su solidaridad con Miguel Ángel “Copito” Ocampo y con todos los trabajadores de prensa que sufren agresiones durante el ejercicio de su profesión.
Al mismo tiempo, destacó la importancia de respetar el funcionamiento de la Justicia, sin que la presión social o mediática sustituya las decisiones que corresponden a los tribunales.
Causa Molino Fénix: Diego Torres declaró ante la Justicia y su defensa busca desvincularlo de la asociación ilícita
El segundo tema central de la entrevista estuvo relacionado con la investigación por presuntas irregularidades en el funcionamiento administrativo y económico del Molino Fénix.
Anabitarte confirmó que asumió la representación legal de Diego Torres, uno de los imputados, y reveló detalles sobre la declaración que su defendido realizó ante la Justicia.
Según explicó, Torres había estado inicialmente asistido por la defensa oficial, junto con otros dos acusados.
Posteriormente, esas personas designaron abogados particulares, mientras Torres continuó con asistencia oficial hasta que su entorno decidió recurrir a Anabitarte.
El cambio de representación se produjo en el contexto de las audiencias vinculadas con las medidas de coerción.
La declaración de Diego Torres sorprendió a la Fiscalía
Anabitarte relató que su defendido manifestó la intención de explicar cómo funcionaban determinadas tareas administrativas dentro del organismo investigado.
Antes de prestar declaración, la defensa mantuvo conversaciones con representantes del Ministerio Público Fiscal.
El abogado aclaró que los fiscales habían advertido que el hecho de declarar no representaría automáticamente un beneficio procesal.
Sin embargo, sostuvo que las manifestaciones de Torres permitieron aportar detalles sobre cuestiones que ya formaban parte de la investigación.
“Creo que la Fiscalía fue sorprendida”, afirmó.
Según su relato, los investigadores conocían determinados aspectos del funcionamiento administrativo, pero la declaración permitió precisar cómo se ejecutaban algunas operaciones.
Anabitarte consideró que esa actitud colaborativa fue relevante al momento de analizar los riesgos procesales, especialmente la posibilidad de entorpecimiento de la investigación.
Finalmente, la Justicia concedió a Torres la prisión domiciliaria, con un dispositivo electrónico de control.
La medida no implica una absolución ni modifica automáticamente las imputaciones que enfrenta.
Prisión domiciliaria con tobillera electrónica
El profesional explicó que se realizaron las gestiones necesarias para determinar la disponibilidad y factibilidad de implementar una tobillera electrónica.
También indicó que previamente se había elaborado un informe socioambiental sobre el domicilio en el que Torres conviviría con su padre.
Según Anabitarte, ese informe resultó favorable.
La Justicia concedió la modalidad domiciliaria de detención por dos meses, bajo las condiciones de control correspondientes.
El abogado sostuvo que ahora la defensa continuará reuniendo documentación y otros elementos para cuestionar la acusación de asociación ilícita.
Cheques, facturas y claves token: los detalles del funcionamiento administrativo
Uno de los momentos más relevantes de la entrevista se produjo cuando Anabitarte describió las tareas que realizaba Diego Torres.
Según explicó, su defendido cumplía funciones administrativas y contables, entre ellas completar cheques, procesar facturas y ejecutar pagos.
Sin embargo, aseguró que no tenía facultades para autorizar operaciones por decisión propia.
“Él le ordenaba, por ejemplo, llenar los cheques, pero él nunca firmó ningún cheque. Él no era firmante, no tenía firma autorizada”, afirmó.
En ese contexto, adelantó que solicitará pericias caligráficas para demostrar que las firmas estampadas en los documentos investigados no pertenecen a Torres.
La defensa considera fundamental diferenciar las tareas materiales de administración de las facultades de autorización y disposición de fondos.
Anabitarte explicó que Torres recibía facturas que debía procesar desde el área contable.
Para concretar determinadas transferencias, necesitaba comunicarse con funcionarios que disponían de las claves de autorización bancaria.
“Los que tenían acceso al token eran ellos”, aseguró.
Según el abogado, Torres trabajaba desde una computadora y ejecutaba pagos que previamente le habían indicado sus superiores.
El profesional sostuvo que su defendido no decidía discrecionalmente qué empresas debían cobrar ni qué montos debían transferirse.
Estas afirmaciones forman parte de la estrategia defensiva y deberán contrastarse con los registros bancarios, la documentación administrativa y las restantes pruebas reunidas por la Fiscalía.
El temor a perder el trabajo y las órdenes de los superiores
Durante la conversación también se abordó la responsabilidad que puede corresponder a un empleado cuando recibe instrucciones de sus superiores.
Anabitarte explicó que Torres debía cumplir determinadas tareas y que, según su versión, negarse podía poner en riesgo su continuidad laboral.
El abogado reconoció que la obediencia a superiores no justifica automáticamente la comisión de un delito.
Por ese motivo, la defensa buscará demostrar cuáles eran las funciones específicas de Torres, qué grado de autonomía tenía y si existían elementos para atribuirle conocimiento y participación en una eventual organización delictiva.
El planteo pretende establecer una diferencia entre realizar tareas administrativas dentro de una estructura y participar conscientemente de una asociación destinada a cometer delitos.
“Era un empleado, nunca fue funcionario”
Anabitarte aseguró que cuenta con documentación destinada a demostrar que Torres no ocupaba un cargo jerárquico dentro del Molino Fénix.
Entre los elementos mencionó decretos publicados en el Boletín Oficial mediante los cuales se renovaban periódicamente sus contratos laborales.
También hizo referencia a registros de distintas actividades que realizaba su defendido, incluso tareas ajenas al área contable.
“Era un empleado, no dejó de ser empleado hasta hace cuatro o cinco meses que lo despidieron, nunca fue funcionario”, sostuvo.
El profesional señaló que la defensa intentará demostrar que Torres no tenía una posición de conducción ni un nivel de decisión comparable con el de los funcionarios investigados.
¿Puede Diego Torres convertirse en arrepentido?
Durante la entrevista se planteó la posibilidad de que Torres pudiera acceder a alguna figura legal vinculada con la colaboración de imputados.
Anabitarte reconoció que existen mecanismos previstos para determinadas investigaciones, pero aclaró que no considera necesariamente que esa sea la figura adecuada para su defendido.
Explicó que el objetivo principal es lograr una modificación de la calificación jurídica, especialmente respecto de la acusación de asociación ilícita.
“Lo que queremos demostrar es que Diego en ningún momento perteneció a una asociación ilícita”, afirmó.
El abogado sostuvo que esa imputación es una de las cuestiones que más comprometen la situación procesal de Torres.
Por eso, adelantó que continuará reuniendo pruebas documentales, testimoniales y periciales.
La investigación del Molino Fénix permanece abierta y las responsabilidades individuales deberán determinarse a partir de los elementos incorporados al expediente.
Buena Esperanza: denuncian disparos policiales, apremios ilegales y una persecución por las calles del pueblo
El tercer tema abordado durante la entrevista estuvo relacionado con un procedimiento policial ocurrido en Buena Esperanza, en el sur de la provincia de San Luis.
El episodio involucró una persecución de una camioneta Toyota Hilux, enfrentamientos entre particulares y efectivos policiales, personas lesionadas y una investigación por presunta resistencia a la autoridad.
Anabitarte, quien representa a cuatro jóvenes involucrados, cuestionó severamente el accionar de los uniformados y confirmó que sus defendidos presentaron denuncias por presuntos apremios ilegales.
El abogado sostuvo que existen videos y testigos que permitirían reconstruir los acontecimientos.
La versión de los jóvenes: aseguran que la Policía comenzó a dispararles
De acuerdo con el relato de Anabitarte, sus defendidos regresaban de una zona rural y estaban ingresando a Buena Esperanza cuando un móvil de la Policía Rural comenzó a seguirlos.
Según el abogado, los uniformados activaron las sirenas cuando la camioneta ya había ingresado al pueblo.
El letrado aseguró que los ocupantes intentaron detenerse, pero escucharon un disparo que atribuyen a los efectivos.
“Ellos intentan frenar y sienten el primer disparo donde la policía les disparó. Entonces empezaron a acelerar”, manifestó.
De acuerdo con esa versión, los jóvenes continuaron circulando por temor a resultar heridos.
Anabitarte afirmó que la persecución se extendió por distintas calles de la localidad y que durante el recorrido se habrían efectuado varios disparos.
La versión de la defensa contradice aspectos del relato policial, por lo que las circunstancias deberán determinarse mediante las pruebas correspondientes.
Testigos aseguran haber escuchado entre siete y ocho disparos
El abogado aseguró que cuenta con más de seis testigos que habrían escuchado detonaciones durante el procedimiento.
“Tengo más de seis testigos que están hablando de entre siete y ocho tiros”, afirmó.
También mencionó un video en el que, según su interpretación, se escuchan al menos dos disparos.
El profesional advirtió sobre el riesgo que habría representado una persecución con armas de fuego dentro de una localidad, especialmente durante la madrugada, cuando había jóvenes circulando después de distintas actividades sociales.
Según explicó, en ese momento había personas que regresaban de un local bailable y de una celebración de cumpleaños de 15 años.
Anabitarte consideró necesario investigar si existieron motivos suficientes para efectuar disparos y si la actuación policial respetó los criterios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Un presunto impacto de bala en la camioneta
Otro de los elementos mencionados fue una marca localizada en la puerta trasera izquierda de la Toyota Hilux.
El abogado aseguró que podría tratarse de un impacto de proyectil y que solicitó la correspondiente pericia.
“La camioneta tiene un impacto de bala en la puerta trasera izquierda, la cual todavía el peritaje no se hizo”, sostuvo.
La inspección técnica será importante para determinar si efectivamente se trata de un disparo, qué tipo de proyectil pudo haberlo producido y desde qué dirección habría ingresado.
Hasta que se realicen los estudios, esa circunstancia permanece como una afirmación de la defensa pendiente de comprobación pericial.
Denuncian golpes en la cabeza y amenazas con armas
Anabitarte también describió lo ocurrido cuando los jóvenes ingresaron a un domicilio durante el procedimiento.
Según su relato, efectivos policiales habrían entrado al lugar y golpeado a uno de sus defendidos en la cabeza.
También aseguró que otro de los involucrados habría sido apuntado con un arma reglamentaria y amenazado de muerte.
El profesional explicó que se produjo un forcejeo entre uno de los jóvenes y un policía, durante el cual el efectivo recibió un golpe y cayó al suelo.
Según esa versión, el arma terminó debajo de un móvil policial.
La defensa considera que estas circunstancias deben investigarse para determinar si existieron agresiones previas por parte de los uniformados.
La intervención de un adolescente de 17 años
Durante la entrevista, Anabitarte también se refirió a la participación de un adolescente de 17 años que aparece involucrado en un enfrentamiento con una mujer policía.
El abogado sostuvo que el menor habría reaccionado después de observar una situación de violencia y amenazas contra familiares.
Según explicó, el adolescente habría presenciado cómo un efectivo apuntaba con un arma a su hermano y a su primo.
La defensa pretende que esas circunstancias sean consideradas al momento de evaluar las responsabilidades por las lesiones denunciadas.
Sin embargo, la existencia de una situación de legítima defensa deberá ser determinada por la Justicia a partir de las pruebas.
Un segundo procedimiento durante la mañana
Anabitarte aseguró que dispone de otras grabaciones correspondientes a un episodio posterior.
Según relató, un efectivo de la Policía Rural, con el rostro cubierto y portando una escopeta, habría intentado reducir a distintas personas en la vía pública.
El abogado indicó que uno de sus defendidos, quien presentaba una lesión en la cabeza, se dirigía a recibir atención médica cuando se produjo ese nuevo encuentro.
“Tengo los videos donde se baja con la Itaca y empieza a querer reducir a todos”, manifestó.
El profesional reclamó que las imágenes sean incorporadas a la investigación para determinar si existieron nuevos excesos policiales.
La Fiscalía mantiene las imputaciones por resistencia y lesiones
Pese a las denuncias formuladas por los jóvenes, Anabitarte confirmó que la Fiscalía continúa sosteniendo las acusaciones por resistencia a la autoridad y lesiones.
El abogado cuestionó determinados aspectos de la investigación inicial y aseguró que, según la información de la que dispone, no se encontraron armas de fuego en la camioneta.
También afirmó que no se habrían practicado algunas pruebas destinadas a determinar si los ocupantes habían efectuado disparos.
La versión policial sostiene que se produjo una evasión de un control y contempla la hipótesis de una agresión contra los efectivos, extremos que la defensa rechaza.
El profesional insistió en que los elementos disponibles deben ser examinados para establecer cómo comenzó la persecución y qué ocurrió durante el enfrentamiento.
Los cuatro jóvenes están en libertad y habrá otra investigación
Anabitarte confirmó que los cuatro involucrados recuperaron la libertad, aunque continúan vinculados al proceso penal.
En el caso de Emiliano Busso y Hugo Pérez, la resolución judicial que dispuso su libertad incluyó restricciones, entre ellas la prohibición de salir del país y presentaciones periódicas ante la Justicia.
El abogado explicó que las denuncias contra los efectivos policiales deberán tramitar mediante una investigación separada.
“Van a abrir dos causas distintas”, señaló.
La defensa buscará reunir declaraciones testimoniales, registros audiovisuales y pericias para demostrar la existencia de presuntos apremios ilegales y cuestionar las imputaciones contra sus representados.
Anabitarte consideró que una eventual acreditación de abusos policiales podría tener consecuencias sobre la causa original.
No obstante, cualquier modificación dependerá de la valoración judicial de las pruebas.
Tres causas abiertas y un mismo desafío: determinar responsabilidades
La entrevista con Germán Anabitarte permitió conocer detalles de tres investigaciones que atraviesan distintas etapas procesales.
En la causa por la agresión a Miguel Ángel “Copito” Ocampo, el debate gira alrededor de las medidas cautelares, las garantías judiciales y la responsabilidad de las personas imputadas.
En el expediente del Molino Fénix, la discusión se concentra en las funciones que cumplía Diego Torres, el alcance de sus decisiones administrativas y su presunta participación en una asociación ilícita.
En Buena Esperanza, la controversia está relacionada con la actuación policial, las denuncias por presuntos abusos y las responsabilidades que podrían corresponder tanto a los uniformados como a los particulares involucrados.
Durante el cierre de la entrevista, Javier Furlotti destacó la importancia de escuchar las distintas posiciones y permitir que la Justicia avance sin que los medios de comunicación pretendan reemplazar a los tribunales.
El conductor reiteró que informar sobre un expediente judicial implica conocer los argumentos de la Fiscalía, la defensa y las personas afectadas, sin confundir acusaciones con hechos definitivamente acreditados.
Las tres investigaciones continúan abiertas y las próximas decisiones dependerán de la incorporación y valoración de nuevas pruebas.
