La senadora nacional por San Luis presentó los principales cambios incorporados al proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental. La iniciativa propone ampliar las posibilidades de intervención preventiva, fortalecer los equipos interdisciplinarios, modificar los procedimientos de internación y brindar mayor acompañamiento a las familias. También contempla nuevas herramientas para abordar las adicciones, la atención de niños y adolescentes y la asistencia en regiones donde faltan especialistas.
La senadora nacional por San Luis, Ivanna Arrascaeta, brindó una conferencia de prensa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para explicar los principales cambios introducidos al proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental. Durante su exposición, sostuvo que las modificaciones buscan ofrecer respuestas a miles de familias argentinas que enfrentan situaciones complejas relacionadas con la salud mental y que, en numerosas oportunidades, encuentran dificultades para acceder a una intervención oportuna.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la incorporación de un enfoque preventivo que permita actuar antes de que una situación alcance niveles extremos de gravedad.
“Acá hemos incorporado este concepto como central: la actitud preventiva y no el peligro inminente”, expresó la legisladora al explicar uno de los cambios más significativos del proyecto.
La prevención como nuevo eje de intervención
De acuerdo con lo explicado por Arrascaeta, la iniciativa propone superar el criterio centrado exclusivamente en el peligro inminente y considerar también determinadas conductas que permitan advertir un riesgo para la propia persona o para terceros.
El objetivo es que los profesionales puedan evaluar la necesidad de una intervención cuando existan indicadores clínicos y conductuales que justifiquen una actuación preventiva, incluso en situaciones en las que la persona no se encuentre en condiciones psíquicas de decidir sobre su propia internación.
Este cambio apunta a atender una de las principales preocupaciones planteadas por familiares de personas que atraviesan crisis de salud mental: las dificultades para obtener asistencia antes de que se produzcan episodios de mayor gravedad.
La senadora sostuvo que la prevención constituye una herramienta fundamental para mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y evitar que las familias deban enfrentar situaciones críticas sin acompañamiento adecuado.
Equipos interdisciplinarios y mayor reconocimiento profesional
Otro de los puntos destacados es el fortalecimiento del trabajo interdisciplinario mediante la participación de psicólogos, psiquiatras y otros profesionales especializados en salud mental.
La propuesta reconoce expresamente el papel de los psicólogos en los procesos de evaluación y en las decisiones vinculadas con las altas, dentro del abordaje interdisciplinario previsto.
Además, incorpora disposiciones relacionadas con la capacitación permanente del personal sanitario y la protección de los trabajadores que intervienen en situaciones complejas.
La intención es consolidar un sistema de atención que contemple las distintas dimensiones de la salud mental y permita tomar decisiones respaldadas por evaluaciones profesionales.
Cambios en las internaciones y en la intervención judicial
La reforma también plantea modificaciones en los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con las internaciones.
En el caso de las internaciones involuntarias, el juez deberá ser notificado y conservará facultades para solicitar informes, evaluaciones o peritajes. Sin embargo, la determinación de la necesidad médica de internación corresponderá a los profesionales de la salud y no a una decisión clínica adoptada directamente por el magistrado.
De esta manera, el proyecto busca diferenciar las responsabilidades sanitarias de las funciones de control judicial.
Para las internaciones voluntarias, se propone eliminar la notificación judicial, mientras que determinados plazos de comunicación pasarían de 24 a 48 horas.
Estas modificaciones pretenden reorganizar los procedimientos, reducir intervenciones administrativas consideradas innecesarias y establecer con mayor claridad las responsabilidades de los distintos actores.
Mayor participación de las provincias y teleconsultas
Arrascaeta también destacó la restitución de mecanismos de cooperación técnica, económica y financiera entre el Estado nacional y las provincias.
La medida apunta a fortalecer las capacidades de los sistemas sanitarios provinciales y facilitar la implementación de políticas de salud mental en diferentes regiones del país.
Otro aspecto importante es la incorporación de teleconsultas en localidades donde no exista disponibilidad suficiente de especialistas.
Esta herramienta podría resultar especialmente relevante para comunidades alejadas de los principales centros urbanos, donde el acceso a profesionales de psiquiatría y otras especialidades suele presentar mayores dificultades.
La posibilidad de realizar consultas a distancia permitiría ampliar la cobertura de atención y facilitar el acompañamiento profesional, aunque su implementación dependerá de los recursos sanitarios y tecnológicos disponibles.
Adicciones: incorporación de la ludopatía y otras problemáticas
El proyecto también amplía el concepto de adicciones para contemplar problemáticas que no necesariamente están relacionadas con el consumo de sustancias.
Entre ellas aparece expresamente la ludopatía, una conducta adictiva vinculada con el juego que puede generar consecuencias económicas, psicológicas, familiares y sociales.
Esta modificación busca adecuar el abordaje de la salud mental a nuevas situaciones que requieren prevención, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento.
La ampliación del concepto permitiría reconocer otras formas de padecimiento y facilitar su incorporación a las estrategias de atención sanitaria.
El acompañamiento a las familias y la responsabilidad del Estado
La senadora explicó que el proyecto establece criterios más precisos sobre los familiares habilitados para intervenir en determinados procedimientos vinculados con la atención de una persona.
Al mismo tiempo, incorpora la obligación estatal de brindar acompañamiento cuando el paciente no cuente con una red familiar o social de apoyo.
La iniciativa reconoce así que no todas las personas disponen de familiares que puedan acompañarlas durante un tratamiento o proceso de recuperación.
En esos casos, el Estado deberá asumir responsabilidades específicas para evitar situaciones de desprotección.
Arrascaeta vinculó estos cambios con las demandas de numerosas familias que atravesaron experiencias difíciles y reclamaron herramientas más eficaces para acceder a asistencia profesional.
Derechos de niños y adolescentes
La propuesta incorpora disposiciones específicas para garantizar una atención adecuada de niños, niñas y adolescentes.
Entre los derechos contemplados aparecen el acceso a la información, la posibilidad de ser escuchados durante los procedimientos y la necesidad de recibir un abordaje adaptado a cada etapa del desarrollo.
También se reconoce el principio de autonomía progresiva, que implica considerar la capacidad de decisión de los menores de edad de acuerdo con su edad y grado de madurez.
La confidencialidad de la información sanitaria constituye otro de los aspectos incluidos en la iniciativa.
Estas disposiciones buscan reforzar la protección de los derechos de niños y adolescentes dentro de los procesos de atención en salud mental.
Internaciones prolongadas, seguimiento y planes de egreso
Otro de los cambios está relacionado con las internaciones de larga duración.
El proyecto considera prolongadas aquellas internaciones que superen los 180 días consecutivos y contempla la elaboración de planes de egreso y seguimiento.
El objetivo es que los procesos de internación estén acompañados por estrategias de continuidad asistencial y reintegración comunitaria, evitando que la permanencia en una institución se convierta en una situación indefinida.
En ese sentido, la propuesta mantiene la prohibición de las prácticas manicomiales y busca fortalecer modalidades de atención respetuosas de los derechos de las personas.
Los planes de egreso y seguimiento apuntan a garantizar que los pacientes continúen recibiendo acompañamiento una vez finalizada su internación.
Directivas anticipadas y respeto por la voluntad del paciente
La reforma incorpora además el reconocimiento de las directivas anticipadas en salud mental.
Esta herramienta permite que una persona, mientras se encuentra en condiciones de expresar válidamente su voluntad, deje establecidas preferencias sobre la aceptación o el rechazo de determinados tratamientos para situaciones futuras.
El mecanismo busca reforzar la autonomía personal y ofrecer una referencia para los profesionales cuando el paciente atraviese circunstancias que dificulten su capacidad de decisión.
Una reforma atravesada por el debate y los reclamos familiares
En el cierre de su exposición, Arrascaeta destacó el trabajo realizado durante el proceso de discusión y modificación de la iniciativa.
“Todos estos cambios hacen de esta una de las leyes más discutidas, trabajadas y modificadas”, sostuvo.
La legisladora afirmó que las reformas propuestas recibieron una respuesta favorable de numerosas familias argentinas que atravesaron situaciones complejas vinculadas con la salud mental.
Según explicó, la intención es avanzar hacia un marco normativo que combine prevención, atención interdisciplinaria, garantías de derechos, acompañamiento familiar y una mayor capacidad de respuesta del sistema sanitario.
La iniciativa representa una propuesta de modificación del régimen vigente, por lo que sus disposiciones deberán atravesar el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse en normas aplicables.
El debate sobre la reforma vuelve a colocar en la agenda pública una problemática que atraviesa a miles de hogares argentinos: cómo garantizar una atención temprana, accesible y respetuosa de los derechos de quienes necesitan asistencia en salud mental.
