Tolerancia cero en Córdoba: harán pagar los operativos a quienes realicen falsas amenazas en escuelas
El Gobierno de Córdoba endureció su postura frente a las falsas amenazas de tiroteo o explosivos en establecimientos educativos y dispuso que los costos de cada operativo de seguridad deberán ser afrontados por los adultos responsables de los menores involucrados.
La medida fue oficializada a través de una resolución del Ministerio de Seguridad, que establece un protocolo específico para estos casos, con el objetivo de desalentar este tipo de conductas que vienen generando preocupación en la comunidad educativa.
Multas y recupero de gastos
Según lo dispuesto, una vez que la Justicia identifique e impute a los autores de las amenazas —en muchos casos menores de edad—, el Estado provincial calculará el costo total del operativo desplegado.
Ese monto incluirá el uso de patrulleros, combustible, personal policial, brigadas de explosivos, bomberos, tareas investigativas y recursos tecnológicos. El reclamo económico recaerá directamente sobre los padres o adultos responsables.
En caso de incumplimiento, la Provincia podrá avanzar con acciones judiciales para exigir el pago correspondiente.
Un problema que dejó de ser “una broma”
Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que estas situaciones no pueden seguir siendo consideradas como simples bromas estudiantiles.
Cada amenaza obliga a activar protocolos complejos que implican la movilización de recursos humanos y técnicos, afectando la capacidad operativa del sistema de seguridad en otros puntos de la provincia.
Impacto en la seguridad y en las escuelas
Además del costo económico, estas falsas alarmas generan evacuaciones, suspensión de clases, alteraciones en el calendario escolar y situaciones de angustia entre alumnos, docentes y familias.
El Gobierno provincial busca con esta medida reducir estos episodios y reforzar la seguridad en el ámbito educativo, evitando el uso indebido de recursos públicos.
Coordinación con la Justicia
El protocolo se aplicará de manera conjunta con el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba, lo que permitirá avanzar rápidamente en la identificación de los responsables.
La política apunta a un enfoque de tolerancia cero, con consecuencias concretas tanto en el plano judicial como económico.
Un mensaje claro a las familias
La decisión también pone el foco en la responsabilidad de los adultos. Al tratarse de menores, serán los padres quienes deberán asumir las consecuencias económicas de estos hechos.
De esta manera, Córdoba busca frenar una problemática creciente con una herramienta directa: que el costo de estas falsas amenazas deje de recaer sobre toda la sociedad.
