Villa Mercedes: Anabela Lucero fue enviada a prisión preventiva por la causa del Molino Fénix
La Justicia dictó dos meses de prisión preventiva para la exdiputada Anabela Lucero, acusada junto a exfuncionarios y colaboradores de integrar una asociación ilícita que habría defraudado al Estado provincial por más de $900 millones mediante maniobras realizadas en el Complejo Molino Fénix. También fueron alcanzados por la medida Enzo Lucero y Exequiel Scarel, mientras que sobre el diputado Joaquín Beltrán pesa la misma resolución, aunque su detención requiere previamente el desafuero. La investigación continúa y el perjuicio económico podría aumentar cuando finalicen las pericias contables.
Una extensa audiencia de alrededor de siete horas realizada este lunes en el Poder Judicial de Villa Mercedes terminó con una de las decisiones más importantes adoptadas hasta ahora en la investigación por presuntas irregularidades en la administración del Complejo Molino Fénix.
El juez Santiago Ortiz ordenó la prisión preventiva por el término de dos meses para la exdiputada Anabela Lucero; su pareja, el diputado provincial Joaquín Beltrán; su hermano Enzo Lucero y su cuñado Exequiel Scarel.
En el caso de Beltrán, el Ministerio Público Fiscal y Fiscalía de Estado solicitaron su desafuero para poder hacer efectiva la medida de coerción. Lucero, Enzo Lucero y Scarel, en cambio, fueron retirados del edificio judicial bajo custodia policial.
Pasadas las 20, Lucero fue trasladada desde Villa Mercedes hacia la ciudad de San Luis y alrededor de las 21:20 ingresó al Servicio Penitenciario Provincial junto a los otros acusados alcanzados por la medida.
La prisión preventiva no fue dispuesta para Diego Torres, el quinto imputado. El fiscal José Olguín sostuvo que Torres se mantuvo a derecho durante el desarrollo de la causa, recibió las notificaciones y compareció cada vez que fue convocado. También señaló que en una audiencia anterior fue el único de los acusados que se presentó, mientras que los demás habían acompañado certificados médicos.
Una audiencia marcada por la ampliación de los cargos
Durante la jornada, el Ministerio Público Fiscal presentó nuevas evidencias y solicitó ampliar la formulación de cargos contra Anabela Lucero, Joaquín Beltrán, Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres.
El juez hizo lugar al planteo y los cinco quedaron provisoriamente imputados por administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia y asociación ilícita.
Dentro de la hipótesis de la asociación ilícita, Lucero y Beltrán fueron señalados como presuntos jefes de la organización, mientras que los restantes imputados quedaron acusados como partícipes necesarios.
El magistrado consideró que estos nuevos cargos tienen vinculación con los hechos que ya habían sido formulados en marzo de 2025 y valoró las evidencias incorporadas por la Fiscalía durante la investigación.
También sostuvo que, con excepción de la defensa de Beltrán, durante la audiencia no se habría presentado una respuesta que lograra contrarrestar de manera suficiente la exposición realizada por el Ministerio Público Fiscal.
Un perjuicio que supera los $900 millones
Uno de los puntos centrales de la acusación es el supuesto perjuicio ocasionado a la administración pública provincial.
Según explicó el fiscal José Olguín, las maniobras investigadas se habrían desarrollado entre 2020 y 2023, período durante el cual los acusados desempeñaron diferentes funciones vinculadas al Complejo Molino Fénix.
La hipótesis fiscal sostiene que los imputados habrían aprovechado sus cargos y funciones para disponer de fondos públicos en beneficio propio o de terceros mediante distintos mecanismos presuntamente irregulares.
El perjuicio económico calculado hasta el momento supera los $900 millones, aunque la cifra todavía no es definitiva.
La investigación tiene pendientes pericias e informes contables que deberán establecer el movimiento total de los recursos y determinar si existieron otros fondos desviados. Por esa razón, el monto atribuido provisoriamente podría incrementarse a medida que avance la causa.
Entre las maniobras descriptas por la Fiscalía aparecen presuntas facturas falsas, contrataciones directas y pagos realizados a empresas radicadas fuera de San Luis que, según la acusación, ni siquiera estaban registradas como proveedores del Estado.
Olguín afirmó además que algunas de las empresas contratadas ofrecían bienes o servicios que no tenían relación con las actividades desarrolladas por el Molino Fénix.
La Fiscalía sostiene que estas operaciones se realizaron incumpliendo las normas administrativas y contables que regulaban el manejo de los fondos públicos.
116 cheques bajo investigación
Otro de los elementos incorporados a la causa está relacionado con los cheques emitidos durante el período investigado.
De acuerdo con lo expuesto por el fiscal, fueron relevados 116 cheques y solamente cuatro habrían estado correctamente confeccionados o respaldados.
Para el Ministerio Público Fiscal, este mecanismo habría permitido desviar fondos públicos hacia terceras personas mediante la utilización de diferentes empresas.
La investigación continuará ahora sobre los destinatarios finales del dinero para determinar quiénes se habrían beneficiado con esas operaciones y si existen otras personas que deban ser incorporadas a la causa.
Precisamente, la posible intervención de terceros fue uno de los elementos considerados al momento de analizar la prisión preventiva.
La acusación por asociación ilícita
Respecto de la asociación ilícita, la Fiscalía planteó la existencia de un supuesto acuerdo entre varias personas destinado a cometer delitos de manera organizada entre 2020 y 2023.
Según la acusación, cada integrante habría cumplido funciones determinadas dentro del esquema investigado.
En esa estructura, Lucero y Beltrán fueron ubicados provisoriamente como jefes de la organización, mientras que Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres fueron considerados partícipes necesarios.
Entre las situaciones investigadas también aparece la presunta utilización de servicios y vehículos vinculados al Molino Fénix para actividades relacionadas con la campaña electoral de Anabela Lucero, además de una supuesta red de pagos sostenida con recursos provenientes del organismo provincial.
Destrucción y ocultamiento de evidencia
Otro capítulo de la investigación se concentra en lo ocurrido durante 2023, cuando se aproximaba el cambio de Gobierno provincial.
La Fiscalía acusó a los imputados de haber sustraído, ocultado o destruido documentación y registros que podrían tener relación con las maniobras investigadas.
El delito señalado está contemplado en el artículo 255 del Código Penal y alcanza, entre otras conductas, a la destrucción, alteración, ocultamiento o sustracción de pruebas, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o conservados por interés del servicio público.
Según la exposición fiscal, parte de los registros contables habría sido destruida en un horno de barro.
Además, se incorporó a la acusación el supuesto borrado remoto de información almacenada en teléfonos celulares pertenecientes a Joaquín Beltrán y Anabela Lucero cuando los dispositivos ya habían sido secuestrados y se encontraban bajo custodia judicial.
Estos elementos forman parte de las evidencias que todavía deberán ser analizadas durante la continuidad de la investigación.
Lucero denunció una persecución política
Durante la audiencia, Anabela Lucero tomó la palabra en dos oportunidades y rechazó las acusaciones formuladas en su contra.
La exdiputada sostuvo que la investigación responde a motivaciones políticas y afirmó ser víctima de persecución, hostigamiento y escarnio público.
También cuestionó duramente al fiscal José Olguín y pidió al juez Santiago Ortiz que analizara sus planteos antes de resolver la medida de coerción y que contemplara el caso con perspectiva de género.
“Le estoy diciendo que soy una mujer, que soy una figura política, soy mamá, tengo dos hijas, y esto es una causa política. Soy inocente”, expresó durante su intervención.
Antes de conocerse la resolución volvió a insistir sobre la existencia de una supuesta persecución y manifestó: “Yo no soy Cristina para que me proscriban y me manden presa”.
Una vez finalizada la audiencia y antes de ser trasladada, reiteró ante los periodistas que esperaba que su denuncia sobre el supuesto carácter político de la causa tuviera repercusión nacional.
La defensa intentó evitar el traslado a la cárcel
Antes de ordenar la prisión preventiva, el juez Ortiz analizó el pedido de eximición de prisión formulado por la defensa de Lucero y las alternativas propuestas para evitar su alojamiento en el Servicio Penitenciario.
Entre las posibilidades planteadas apareció el cumplimiento de una prisión domiciliaria con utilización de una tobillera electrónica.
El magistrado rechazó esa alternativa al considerar que no se había presentado previamente un informe sobre su factibilidad.
Explicó que una solicitud de esas características debía estar acompañada, entre otros elementos, por un análisis del domicilio donde se cumpliría la medida, las condiciones de conectividad necesarias para el monitoreo y la disponibilidad del dispositivo dentro del sistema provincial.
La defensa de Lucero también ofreció una caución de $4 millones.
Además propuso que la exdiputada cumpliera una prohibición de acercamiento al Complejo Molino Fénix, que no pudiera abandonar la provincia de San Luis y que quedara sometida al cuidado o vigilancia de una institución o autoridad.
El juez no hizo lugar a esas alternativas.
Para disponer la prisión preventiva tuvo en cuenta, entre otros elementos, la pena en expectativa derivada de los delitos imputados, el peligro procesal y el riesgo de fuga.
También valoró la posibilidad de que aparezcan nuevas personas involucradas, circunstancia que eventualmente podría derivar en otra ampliación de la formulación de cargos, y consideró las medidas de prueba que todavía se encuentran pendientes.
Entre ellas se destacan las pericias contables destinadas a establecer definitivamente el volumen del presunto perjuicio ocasionado al Estado.
Dos meses de prisión preventiva y una investigación que continúa
Con la resolución judicial, Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel permanecerán alojados preventivamente durante dos meses mientras continúa la investigación.
Joaquín Beltrán también fue alcanzado por la decisión judicial, pero su condición de diputado provincial obliga a tramitar previamente el desafuero solicitado por el Ministerio Público Fiscal y Fiscalía de Estado para avanzar con su detención.
Diego Torres continuará sometido al proceso sin prisión preventiva.
La causa ingresa ahora en una etapa decisiva. Fiscalía deberá completar las pericias contables, determinar el destino final de los fondos presuntamente desviados, profundizar el análisis de las contrataciones y establecer si existieron otros beneficiarios o participantes en las maniobras investigadas.
Por el momento, el perjuicio atribuido supera los $900 millones, pero la propia acusación advirtió que todavía no existe una cifra definitiva.
Los cargos formulados son provisorios y deberán ser acreditados durante el proceso judicial. Los imputados conservan su estado de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
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