Venta ilegal de terrenos en Villa Mercedes: la causa irá a juicio y la Fiscalía pidió hasta 20 años de prisión

Dos personas serán juzgadas por las presuntas maniobras de defraudación vinculadas con lotes del barrio Familia Unida. El expediente avanzó desde las primeras denuncias hasta la apertura del juicio oral, con ampliaciones de cargos, medidas sobre los terrenos y revisiones de las detenciones.

La causa por la presunta venta ilegal de terrenos en Villa Mercedes fue elevada a juicio oral. La jueza Natalia Pereyra Cardini admitió la prueba y dispuso remitir las actuaciones para que se designe el tribunal y se establezca la fecha del debate.

El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 20 años de prisión para la principal imputada, acusada de 27 hechos de estafas reiteradas en concurso real, en calidad de coautora. Para el segundo acusado pidió siete años de prisión de cumplimiento efectivo por cinco hechos de defraudación simple en concurso real.

La decisión se tomó durante una audiencia de control de acusación en el Juzgado de Garantía Nº 3 de la Segunda Circunscripción Judicial. Los pedidos de pena forman parte de la pretensión fiscal que deberá discutirse en el juicio; todavía no existe una condena.

El conflicto tiene como escenario un sector de la zona del barrio Familia Unida. Según los antecedentes incorporados a la investigación, los terrenos fueron adquiridos por la Municipalidad de Villa Mercedes mediante procedimientos administrativos y luego cedidos al Gobierno de San Luis para la construcción de viviendas.

Los antecedentes municipales ubican la adquisición de las tierras en 2023 y su posterior cesión a la Provincia en diciembre de 2025. También señalan que en junio de ese año ya se había denunciado la existencia de operaciones irregulares, después de que vecinos presentaran documentación de cesión de derechos para gestionar servicios.

El conflicto cobró mayor exposición a fines de febrero de 2026, cuando comenzaron tareas de preparación del predio para las obras habitacionales y aparecieron reclamos de personas que aseguraban haber comprado lotes en ese lugar.

A comienzos de marzo, la Municipalidad presentó documentación ante la Justicia para acreditar la situación de los inmuebles y su cesión al Estado provincial. Entre los elementos aportados figuraban planos de mensura y documentación de la transferencia.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que se celebraron convenios de cesión de derechos posesorios sobre terrenos que no pertenecían a quienes los comercializaban y cuya posesión no podían acreditar.

Los acuerdos incluían certificación de firmas ante una escribana. Los valores de las operaciones eran variables y algunos compradores pagaban en cuotas. También se investigaron entregas de vehículos como parte de pago.

La Fiscalía describió una presunta defraudación millonaria que habría perjudicado a personas en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas interesadas en acceder a un terreno para construir una vivienda.

El 13 de marzo se realizó la primera audiencia de formulación de cargos contra la principal imputada. En esa instancia se le atribuyeron 15 hechos de estafa en concurso real. La defensa solicitó una prórroga de detención y la mujer se abstuvo de declarar.

Una semana después, el 20 de marzo, la acusación se amplió a 20 hechos por la incorporación de nuevas denuncias. La jueza dispuso la prisión preventiva y rechazó el pedido de la defensa para que la imputada permaneciera bajo arresto domiciliario.

En esa etapa también se adoptaron medidas sobre los inmuebles y el patrimonio de la acusada. Se ordenó la restitución de los terrenos al Estado y la inhibición de bienes, mientras que las decisiones sobre el predio buscaron permitir la continuidad de las obras habitacionales y evitar nuevas operaciones.

Posteriormente, el Tribunal de Impugnación confirmó la prisión preventiva y la medida de no innovar. Al revisar la resolución, valoró la necesidad de proteger la investigación, la incorporación de nuevas denuncias y el riesgo de que se pudiera influir sobre testigos u otras personas investigadas.

En mayo, la causa incorporó a un segundo acusado. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que había recibido transferencias de dinero vinculadas con operaciones cuyos acuerdos eran firmados por la principal imputada o por otra persona investigada.

El 14 de mayo se le formularon inicialmente cargos como coautor de estafa por 28 hechos. Su defensa solicitó una prórroga de detención para preparar su posición frente a la acusación.

El 19 de mayo, al definirse su situación procesal, la Fiscalía reformuló los cargos y le atribuyó cinco hechos de defraudación simple. El hombre quedó en libertad bajo condiciones, entre ellas presentaciones de control, restricciones de comunicación con otras personas investigadas y la prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial.

La investigación continuó y, en junio, se incorporaron siete denuncias más a la acusación contra la mujer. Así, los hechos atribuidos pasaron de 20 a 27. En esa audiencia también se prorrogó su prisión preventiva por 60 días.

La imputada rechazó la hipótesis fiscal y sostuvo que los terrenos le correspondían por una herencia familiar. Su defensa cuestionó que el conflicto fuera abordado en el ámbito penal y planteó que debía resolverse por otra vía.

En paralelo, avanzaron las medidas para localizar a una tercera persona sospechada de intervenir en la firma de convenios de cesión de derechos. Después de una revisión, el Tribunal de Impugnación ordenó su captura nacional para hacerla comparecer a la audiencia de imputación.

El tribunal no admitió entonces la captura internacional porque no se habían aportado datos suficientes para establecer que estuviera fuera del país. Tampoco declaró la rebeldía solicitada por la Fiscalía.

En agosto hubo nuevas decisiones sobre la situación de la principal imputada. El 14 de ese mes, el Juzgado de Garantía resolvió que desde el día 16 pudiera continuar el proceso en libertad con restricciones.

Las condiciones incluían fijar residencia en Villa Mercedes, comunicar cambios de domicilio, no salir de San Luis, evitar el contacto con otras personas involucradas y presentarse cada quince días ante el Ministerio Público Fiscal.

La Fiscalía y la querella solicitaron la revisión. El 20 de agosto, el Tribunal de Impugnación revocó aquella decisión y ordenó la inmediata detención y el traslado de la mujer al Servicio Penitenciario Provincial por 40 días, al considerar que persistían riesgos procesales.

Finalmente, la causa llegó a la audiencia de control de acusación. La Fiscalía sostuvo su pedido de juzgamiento por 27 hechos de estafas reiteradas para la mujer y cinco hechos de defraudación simple para el hombre.

Como agravantes para fundamentar las penas solicitadas, mencionó la organización de la presunta maniobra, la participación de varias personas y la magnitud del perjuicio patrimonial.

Durante la audiencia intervinieron los fiscales Leandro Estrada y Alexis Chavero. También participaron las defensas de ambos acusados, los representantes de la querella y abogados de damnificados.

La jueza admitió la prueba y ordenó la apertura a juicio. Ahora deberá designarse el tribunal y fijarse la fecha del debate, donde se analizarán las operaciones cuestionadas, las responsabilidades atribuidas a cada acusado y los planteos de las defensas.