Imputada por la venta ilegal de terrenos seguirá el proceso en libertad con restricciones
Mayte Reyna del Portugal Escudero dejará de cumplir prisión preventiva a partir del 16 de agosto y continuará vinculada a la causa bajo una serie de medidas restrictivas. Está acusada junto a Luciano Pizarro Quilaman en una investigación por una presunta defraudación millonaria mediante la cesión de derechos posesorios sobre terrenos que, según la Fiscalía, no les pertenecían. Hay una tercera persona con pedido de captura.
La causa que investiga una presunta venta ilegal de terrenos en Villa Mercedes tuvo este viernes una nueva instancia judicial. El Juzgado de Garantía Nº 3 resolvió que Mayte Reyna del Portugal Escudero continúe sometida al proceso, pero sin prorrogar su permanencia bajo prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.
La decisión comenzará a regir desde el 16 de agosto y establece una serie de condiciones que la imputada deberá cumplir mientras avanza la investigación.
Reyna del Portugal Escudero no podrá salir de la provincia de San Luis, tendrá prohibido mantener contacto con otras personas involucradas en la causa y deberá presentarse cada 15 días para firmar el libro correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal.
Además, deberá fijar residencia en Villa Mercedes y comunicar cualquier modificación de domicilio.
La jueza Natalia Pereyra Cardini le advirtió que el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podría provocar que se revierta la situación y se retomen medidas de coerción más severas.
Fiscalía y Querella apelarán la decisión
La resolución no dejó conformes al Ministerio Público Fiscal ni a la Querella, que plantearon un recurso de revisión. Por ese motivo, el expediente será remitido al Colegio de Jueces para que analice la decisión.
La Defensa, en cambio, consideró excesiva la pretensión fiscal de extender la prisión preventiva.
El abogado defensor sostuvo que la imputada no tiene intenciones de evadir el proceso judicial, destacó su comportamiento durante el período de detención y argumentó que deben prevalecer las garantías constitucionales y el principio de libertad establecido por el Código Procesal provincial.
Al resolver, la magistrada consideró que, en la actual etapa de la investigación, los riesgos procesales pueden ser neutralizados mediante las restricciones impuestas.
Investigan una presunta defraudación millonaria
La causa tiene como imputados a Mayte Reyna del Portugal Escudero y Luciano Pizarro Quilaman, mientras que existe un pedido de captura vigente sobre una tercera persona.
De acuerdo con la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal, Reyna del Portugal Escudero habría celebrado convenios de cesión de derechos posesorios sobre terrenos que no le pertenecían y cuya posesión no podía acreditar.
Los acuerdos habrían sido realizados con certificación de firmas de una escribana.
La Fiscalía sostiene que se estaría ante una defraudación millonaria, ya que los lotes eran ofrecidos por diferentes montos y, en algunos casos, los compradores accedían mediante pagos en cuotas.
Los terrenos están ubicados en el barrio Familia Unida
Los lotes involucrados se encuentran en la zona del barrio Familia Unida de Villa Mercedes y comprenderían unas 16 manzanas.
Según se detalló durante la investigación, después de distintos procedimientos administrativos esos terrenos fueron adquiridos por la Municipalidad de Villa Mercedes y posteriormente cedidos al Gobierno de San Luis.
La Provincia sería actualmente la única en condiciones de realizar las correspondientes escrituras y además tiene proyectada en el sector la ejecución de obras destinadas a la construcción de viviendas.
Para el Ministerio Público Fiscal, la maniobra investigada habría consistido en ofrecer derechos posesorios que no podían ser acreditados. También se investiga la posible participación de otras personas en la instrumentación de los acuerdos y la existencia de trámites civiles que, según la hipótesis fiscal, podrían encontrarse al borde de configurar una estafa procesal.
La audiencia se desarrolló ante el Juzgado de Garantía Nº 3, a cargo de Natalia Pereyra Cardini. Por el Ministerio Público Fiscal participaron el fiscal de Instrucción Nº 4, Leandro Estrada, y el fiscal adjunto Alexis Chavero.
Ahora, mientras la Fiscalía trabaja en la incorporación de las últimas evidencias para avanzar hacia la audiencia de control de acusación, el Colegio de Jueces deberá analizar el recurso presentado contra la decisión que permite a la imputada continuar el proceso fuera del Servicio Penitenciario.
