Villa Mercedes: investigan una defraudación superior a $900 millones y el desvío de fondos públicos en el Molino Fénix
La investigación judicial que tiene como principal imputada a la exdiputada Anabela Lucero avanza sobre una presunta estructura organizada que habría utilizado recursos del Molino Fénix para beneficio personal, de terceros y actividades político-partidarias. La Justicia le dictó dos meses de prisión preventiva y la imputó, junto a otros involucrados, por delitos que incluyen asociación ilícita, administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia.
Según la teoría presentada por el fiscal José Olguín, Lucero ejercía el control sobre las decisiones y los fondos del organismo provincial, mientras que su pareja, el diputado Joaquín Beltrán, figuraba formalmente como administrador. Para la Fiscalía, ambos habrían ocupado los principales lugares dentro de la organización investigada.
La pesquisa también involucra a Enzo Lucero y Exequiel Scarel, quienes habrían tenido a su cargo la firma de cheques y transferencias. Diego Torres, por su parte, habría realizado operaciones vinculadas con cheques, vales y el manejo de la caja chica siguiendo instrucciones.
Un perjuicio que ya supera los $900 millones
Hasta el momento, los investigadores estiman que el perjuicio ocasionado al Estado provincial supera los $900 millones, aunque el monto todavía no es definitivo debido a que continúan realizándose pericias. La Fiscalía sostiene que existieron incumplimientos de normas contables y controles deficientes que facilitaron las maniobras investigadas.
Uno de los puntos centrales está relacionado con la contratación de empresas radicadas fuera de San Luis y el presunto pago de sobresueldos a empleados para realizar tareas de militancia durante la campaña electoral de 2023.
La investigación detectó siete empresas consideradas fantasmas y cinco personas individuales que habrían sido utilizadas como intermediarias para desviar dinero. Esas firmas aparecen registradas en la base APOC de ARCA, que reúne contribuyentes observados por irregularidades vinculadas con su capacidad operativa o fiscal.
Dos de esas empresas habrían facturado al Molino Fénix alrededor de $135 millones. Según la acusación, se emitían cheques que posteriormente eran cobrados por terceros para dificultar la identificación del destino final de los fondos.
Los investigadores contabilizaron además 116 cheques firmados por Scarel, de los cuales solamente cuatro habrían sido confeccionados correctamente. También se detectaron otros 34 por $50 mil bajo el concepto de ayuda económica.
Para determinar quién terminó recibiendo el dinero, el juez Santiago Ortiz ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de doce sociedades y personas involucradas, además de los cinco imputados.
Vehículos, alimentos y gastos partidarios
Otro elemento incorporado a la investigación apunta a que desde el Molino Fénix habrían salido fondos utilizados para la compra de tres vehículos, dos cero kilómetro y uno usado, vinculados a Lucero. La Fiscalía sostiene que existen transferencias acreditadas hacia la concesionaria.
También se analiza la compra de mercadería en cantidades que, según la investigación, no guardarían relación con la actividad habitual del organismo. Testigos declararon que empleados debían preparar bolsones de alimentos que posteriormente eran distribuidos durante actividades partidarias.
Destrucción y eliminación de pruebas
La acusación sostiene además que, durante el cambio de Gobierno, se produjo una maniobra destinada a eliminar documentación y elementos que podían resultar importantes para las auditorías.
La Fiscalía asegura que documentación fue quemada en un horno de barro ubicado dentro del Molino Fénix y que otra parte habría sido enviada al basural del Kilómetro 4. También se habrían eliminado memorias de computadoras y registros de cámaras de seguridad.
A Lucero y Beltrán se les atribuyó además la eliminación remota de información contenida en sus teléfonos mientras los dispositivos permanecían secuestrados en el Poder Judicial para ser peritados.
Las defensas rechazaron las acusaciones
Beltrán negó irregularidades y sostuvo que las rendiciones habían sido aprobadas por los organismos correspondientes. También aseguró que existía una gran cantidad de proveedores debido al volumen de actividades realizadas por el complejo.
Lucero, por su parte, se declaró inocente y aseguró que enfrenta una causa de carácter político. Durante su intervención cuestionó el trabajo del Ministerio Público Fiscal y vinculó el avance de la investigación con el escenario electoral.
La causa podría sumar nuevos involucrados. La Fiscalía investiga a personas que habrían recibido cheques a nombre de empresas para luego endosarlos y permitir que fueran cobrados por terceros. Este punto también fue utilizado para fundamentar el riesgo de entorpecimiento y las medidas de prisión preventiva.
Mientras continúan las pericias telefónicas, bancarias y societarias, los investigadores buscan reconstruir el circuito completo del dinero y establecer quiénes fueron los destinatarios finales de los fondos públicos.
