Villa Mercedes: la Fiscalía ampliará cargos en la causa Casa de la Música y analiza una presunta asociación ilícita
La investigación por presuntas irregularidades en la administración de fondos vinculados a Casa de la Música y el Complejo Molino Fénix entrará en una etapa clave. El fiscal de Instrucción Nº 3, José Olguín, confirmó que la Fiscalía avanzará con una ampliación y modificación de cargos a partir de nuevas pruebas incorporadas al expediente, entre ellas informes contables, documentación bancaria, testimonios y material recuperado de dispositivos digitales.
Según explicó Olguín en una entrevista con VM Multimedia, la pesquisa permitió reconstruir movimientos económicos y operaciones que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habrían utilizado recursos públicos para gastos ajenos a la actividad de los organismos investigados.
Entre los elementos mencionados aparecen compras de camisetas, remeras, gorras, banderas, viajes y otros gastos que, según la Fiscalía, habrían estado vinculados con actividades partidarias. También se investiga la adquisición de mercadería que posteriormente habría sido comercializada en puestos instalados durante eventos, mientras que parte del dinero recaudado habría terminado en cuentas privadas en lugar de ingresar al circuito público.
Facturas de empresas observadas y cheques cobrados por terceros
Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con una decena de empresas que, de acuerdo con la documentación analizada por la Fiscalía, figurarían vinculadas a operaciones consideradas apócrifas o cuestionadas.
Olguín explicó que se detectaron facturaciones a nombre de esas firmas, pero que en distintos casos los cheques emitidos no habrían sido cobrados por las propias empresas sino endosados y percibidos posteriormente por terceros.
La Fiscalía trabaja ahora para reconstruir el recorrido completo de esos fondos. Parte de los cheques ya fueron obtenidos y resta que las entidades bancarias remitan otro volumen de documentación para determinar quién terminó cobrando el dinero.
El fiscal aseguró además que encontraron casos de personas que figuraban vinculadas a sociedades sin conocer, presuntamente, el verdadero destino de la documentación que habían firmado, y otro caso en el que uno de los socios creía que una empresa había dejado de funcionar hacía años, pese a que continuaba registrando facturación.
Más de $200 millones en valores de aquellos años
De acuerdo con la estimación expuesta por Olguín, las operaciones investigadas representarían más de $200 millones en valores correspondientes al período 2020-2023, una cifra que, actualizada, rondaría los $1.000 millones.
La hipótesis de la Fiscalía es que una parte de esos fondos no puede ser justificada como gastos relacionados con las actividades del Molino Fénix o Casa de la Música.
La investigación también apunta a determinar el rol que habría cumplido cada una de las personas involucradas. Según el fiscal, los elementos recolectados mostrarían una distribución de funciones entre quienes daban órdenes, administraban los recursos, autorizaban operaciones o intervenían en movimientos financieros.
A partir de esa estructura, el Ministerio Público Fiscal considera que existen elementos para incorporar la figura de asociación ilícita, una calificación que deberá ser planteada y posteriormente evaluada judicialmente.
Seis hechos de peculado, administración fraudulenta, asociación ilícita y destrucción de pruebas
Olguín anticipó que la reformulación de la acusación contemplará seis hechos de peculado, además de administración fraudulenta contra la administración pública, asociación ilícita y destrucción de pruebas.
Sobre este último punto, señaló que existen testimonios y registros extraídos de teléfonos que, según la Fiscalía, permitirían acreditar maniobras destinadas a eliminar documentación y retirar bienes.
La Fiscalía también solicitará medidas para garantizar que los imputados permanezcan sujetos al proceso. Entre ellas figuran la prohibición de salir de la provincia y del país, la entrega del pasaporte, la fijación de domicilio y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público Fiscal.
La investigación está “en un 80%”
Olguín estimó que la causa se encuentra aproximadamente en un 80% de avance. Entre las medidas pendientes mencionó el levantamiento del secreto fiscal y la recepción de documentación bancaria que permitirá reconstruir el destino final de numerosos cheques.
El objetivo, sostuvo, no es solamente determinar responsabilidades penales sino también establecer dónde terminó el dinero y evaluar eventualmente mecanismos para recuperar fondos mediante medidas patrimoniales.
La Fiscalía pretende completar las medidas restantes durante los próximos meses y avanzar hacia una acusación definitiva. Olguín señaló que, una vez superadas las demoras procesales que atravesó la causa, proyectan llegar a esa instancia entre los próximos dos y tres meses y tienen noviembre como horizonte de trabajo.
De esta manera, una investigación que durante meses estuvo atravesada por planteos de competencia y dificultades para reconstruir documentación entra ahora en una fase decisiva, con nuevos cargos, un volumen económico significativo bajo análisis y la posibilidad de que la causa avance posteriormente hacia el juicio.
