“Cara la jodita”: intimaron a un padre a pagar más de $6 millones por amenazas de tiroteo de su hijo
La medida busca que los adultos responsables afronten los costos de los operativos por falsas alarmas en escuelas
En medio de la creciente ola de amenazas de tiroteos en escuelas, la provincia de Santa Fe dio un paso inédito: intimó a un padre a pagar más de 6 millones de pesos por los costos del operativo policial que se activó tras los mensajes intimidatorios realizados por su hijo.
Se trata de uno de los primeros casos en los que el Estado avanza con una acción económica directa contra los adultos responsables de menores involucrados en este tipo de hechos.
Una intimación millonaria
La notificación fue entregada en la ciudad de Santa Fe y asciende a un total de 6.024.944 pesos, monto que corresponde al despliegue de recursos realizado ante la amenaza.
Al conocer la cifra, el padre del menor reaccionó con una frase que se viralizó rápidamente: “Cara la jodita”.
El documento detalla el monto, los medios de pago y un plazo de cinco días para saldar la deuda. En caso de incumplimiento, la causa será derivada a la Fiscalía de Estado para avanzar con el cobro judicial.
Qué incluye el costo
Según explicaron las autoridades, el monto no es arbitrario, sino que responde al cálculo exacto del operativo: combustible, uso de vehículos, intervención de brigadas especializadas —como explosivos— y horas de trabajo del personal.
La medida no se encuadra como una multa ni sanción penal, sino como una indemnización civil destinada a recuperar los recursos públicos utilizados.
Más de 70 personas identificadas
Hasta el momento, se identificaron responsables en al menos 58 hechos, con más de 70 personas involucradas, entre autores directos y adultos responsables.
A medida que la Justicia valida las identidades, se emiten nuevas intimaciones, por lo que el monto total podría superar los 250 millones de pesos.
Un precedente para desalentar amenazas
Desde el gobierno provincial señalaron que la decisión busca sentar un precedente y generar conciencia sobre el impacto de este tipo de conductas.
La intención es que los adultos responsables asuman las consecuencias económicas y evitar así que estos hechos continúen repitiéndose en el ámbito escolar.
