Causa Molino Fénix: el fiscal José Olguín aseguró que la investigación sigue vigente y anticipó una ampliación de cargos

El fiscal de Instrucción N° 3, José Olguín, se refirió al estado de la investigación conocida como causa Molino Fénix o Casa de la Música y rechazó las versiones que indicaban que el expediente habría quedado sin efecto por el vencimiento de plazos procesales.

En una entrevista con VM24 Noticias, el funcionario judicial explicó que la situación actual responde a una discusión jurídica vinculada a un vacío existente en el Código Procesal Penal respecto de qué órgano debe resolver las prórrogas de investigación en determinadas causas complejas.

Olguín sostuvo que la Fiscalía solicitó oportunamente la extensión de los plazos, pero que surgió un conflicto de interpretación sobre cuál es el tribunal competente para resolver ese pedido. Según explicó, el Código menciona al «Tribunal de Juicio», aunque ese órgano no existe de manera permanente y se conforma recién cuando una causa es elevada a debate oral.

“El problema es que el tribunal de juicio no existe en sí. Se conforma cuando hay una acusación y un juicio. Por eso se generó una discusión sobre quién debe resolver las prórrogas”, explicó.

El fiscal indicó que la cuestión fue elevada hasta el Tribunal Superior de Justicia, que deberá determinar cuál es el órgano competente para intervenir en estos casos.

“La causa no está caída”

Durante la entrevista, Olguín fue categórico al desmentir que la investigación haya perdido vigencia.

“Nada, nada, nada. La causa no está caída”, afirmó al ser consultado sobre las versiones que circularon en los últimos días.

Además, remarcó que los plazos de investigación previstos en el actual sistema procesal son de carácter ordenatorio y no perentorio, por lo que no generan automáticamente la extinción de una causa penal.

“Ya se ha dicho muchísimas veces que son plazos ordenatorios. No existe ningún antecedente ni en la jurisprudencia local, ni nacional, ni internacional que una causa vaya a fenecer por este motivo”, sostuvo.

El fiscal recordó que incluso planteos similares ya fueron rechazados anteriormente por órganos judiciales superiores dentro de la misma causa.

Nuevas pruebas y más imputaciones

Olguín también reveló que la investigación continúa incorporando elementos probatorios y adelantó que la Fiscalía solicitará una ampliación de formulación de cargos.

Según detalló, se trabaja sobre nuevas evidencias obtenidas recientemente y sobre información surgida del análisis de dispositivos tecnológicos secuestrados durante la investigación.

“Estamos listos para una ampliación de formulación de cargos”, adelantó.

En ese sentido, señaló que se incorporarán acusaciones por asociación ilícita, administración fraudulenta y destrucción de pruebas, además de sumar nuevos imputados en hechos que ya estaban siendo investigados.

“Se agrava la situación de algunos imputados y además tenemos la figura de asociación ilícita, destrucción de pruebas y administración fraudulenta”, explicó.

La causa por los cheques y la supuesta estafa

Durante la entrevista, el fiscal también se refirió a la investigación relacionada con denuncias por presuntas estafas vinculadas a operaciones comerciales y cheques entregados como garantía.

Olguín confirmó que existen varias denuncias en análisis y aclaró que no todos los planteos encuadran necesariamente en delitos penales.

“Hay varias denuncias. Algunas claramente son cuestiones comerciales y civiles, mientras que otras deben ser analizadas porque podrían configurar delitos”, señaló.

El funcionario explicó que la Fiscalía trabaja sobre documentación bancaria y otros elementos probatorios para determinar si existió engaño o incumplimientos que puedan tener relevancia penal.

Opinión sobre la denuncia impulsada por Poggi contra una jueza

Consultado por la decisión del gobernador Claudio Poggi de instruir a la Fiscalía de Estado para promover una denuncia contra la jueza Cynthia Fernández Paz, Olguín consideró que el Estado tiene derecho a recurrir a los mecanismos institucionales previstos cuando entiende que existe una resolución arbitraria que afecta intereses públicos.

“El gobernador tiene que defender los intereses de la provincia”, expresó.

No obstante, aclaró que este tipo de medidas deben sustentarse en elementos objetivos y en eventuales arbitrariedades graves, evitando que se conviertan en cuestionamientos a decisiones judiciales por simples diferencias de criterio.