La Cámara anuló los honorarios millonarios fijados contra la Provincia en la causa del Parque Vulpiani
La Cámara Civil N°1 de San Luis hizo lugar a la apelación presentada por la Fiscalía de Estado y dejó sin efecto la regulación de honorarios por más de $1.198 millones que había dispuesto la jueza Cynthia Fernández Paz en favor de los abogados que representaron a los ambientalistas en la causa vinculada al Parque Vulpiani de Juana Koslay.
La resolución fue firmada por los camaristas Javier Solano Ayala y Mariela Cadelago Filippi, quienes revocaron íntegramente el fallo dictado el 2 de marzo y ordenaron que el expediente regrese al juzgado de origen para que se realice una nueva regulación de honorarios conforme a los criterios legales vigentes.
La controversia se originó en el litigio impulsado por la Asamblea Ciudadana por el Parque Vulpiani para frenar un proyecto de obras promovido durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Aunque el juicio principal aún no cuenta con sentencia definitiva, los abogados Gustavo Quiroga e Ivana Muzevich solicitaron la regulación de sus honorarios tras renunciar a la representación de los ambientalistas.
La jueza Fernández Paz había considerado inicialmente que se trataba de un proceso sin monto determinado, pero posteriormente estableció un valor equivalente a 93 mil Jus, lo que representaba casi $4.000 millones. Sobre esa base, fijó honorarios por más de $1.198 millones para los letrados.
La Fiscalía de Estado cuestionó la decisión al considerar que existía una contradicción entre reconocer que el proceso carecía de monto económico determinado y luego asignarle una cuantificación millonaria.
Los camaristas coincidieron con ese planteo y señalaron que los valores establecidos resultaban “exorbitantes”, “irrazonables” y carentes de sustento legal. En el fallo sostuvieron que la determinación del monto surgía únicamente de la voluntad de la magistrada y que la resolución configuraba un supuesto de arbitrariedad.
Además, remarcaron que el juicio ambiental aún no tiene una resolución definitiva y que, de acuerdo con la Ley de Honorarios, correspondía realizar únicamente una regulación provisoria, susceptible de reajuste cuando exista una sentencia firme.
La Cámara también observó que la jueza aplicó porcentajes previstos para una parte vencedora cuando todavía no se determinó quién resultará ganador o perdedor en el litigio.
Como consecuencia de la decisión judicial, quedó anulada la regulación de honorarios y el expediente deberá volver al Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N°5 para que se dicte una nueva resolución.
Poggi pidió la remoción de la jueza
Tras conocerse la polémica regulación, el gobernador Claudio Poggi anunció que instruyó a la Fiscalía de Estado para impulsar el pedido de juicio político y remoción de Fernández Paz.
El mandatario calificó la resolución como “estrafalaria, desmedida y grotesca” y sostuvo que la magistrada incurrió en conductas incompatibles con la función judicial.
Posteriormente, el fiscal de Estado, Víctor Endeiza Zárate, presentó formalmente la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento, solicitando además la suspensión preventiva de la jueza mientras se desarrolla el proceso.
La acusación atribuye a Fernández Paz presunto desconocimiento grave del derecho, incumplimiento de deberes funcionales e irregularidades procesales vinculadas a la regulación de honorarios cuestionada.
