La Justicia Federal con competencia electoral resolvió suspender de manera provisoria las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR) de San Luis, una decisión que paraliza el proceso de renovación de autoridades previsto para el próximo 23 de agosto y profundiza la disputa que atraviesa al partido centenario.
La medida fue adoptada por el juez federal Juan Esteban Maqueda y se mantendrá vigente hasta que se resuelvan los planteos e impugnaciones presentados por distintos sectores internos del radicalismo puntano.
El conflicto tiene como principal protagonista al actual presidente de la UCR provincial y ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto, cuya continuidad al frente del partido es cuestionada por sectores opositores encabezados por el exdiputado nacional y exrector de la UNSL, José Luis Riccardo.
Uno de los ejes centrales de la disputa gira en torno a la compatibilidad entre la presidencia partidaria y el cargo de ministro provincial que actualmente ejerce Álvarez Pinto. Los sectores que impulsaron las presentaciones judiciales sostienen que la Carta Orgánica radical impediría esa doble función.
La interna se agravó tras la Convención Provincial realizada el 16 de mayo, donde se ratificó la convocatoria a elecciones y además se habilitó a Álvarez Pinto para competir por un tercer mandato consecutivo al frente de la UCR puntana. Esa decisión generó fuertes cuestionamientos internos y derivó en nuevas presentaciones ante la Justicia Electoral.
Si bien semanas atrás el juez Maqueda había rechazado una medida cautelar presentada por Riccardo para frenar el proceso electoral, permitió que la causa continuara su trámite bajo el régimen de la Ley de Partidos Políticos. Posteriormente, nuevos planteos vinculados a las resoluciones adoptadas por la Convención y a la organización de los comicios motivaron la suspensión provisoria de las elecciones.
La resolución abre ahora un escenario de incertidumbre dentro de una de las fuerzas políticas que integran el frente oficialista provincial. La definición judicial no solo tendrá impacto sobre la renovación de autoridades partidarias, sino también sobre el equilibrio interno del radicalismo y su posicionamiento dentro de la coalición que gobierna San Luis.
Mientras tanto, el proceso electoral permanece congelado y será la Justicia la que determine si las elecciones podrán realizarse bajo las condiciones actuales o si deberán introducirse modificaciones antes de volver a convocar a los afiliados a las urnas.
