Poggi instruyó a Fiscalía de Estado a denunciar a la jueza Cynthia Fernández Paz por la regulación de honorarios de más de $1.000 millones
El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, anunció este martes que instruyó a la fiscal de Estado, María Fabiana Zárate, para que presente una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento y solicite la remoción de la titular del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 5 de la Primera Circunscripción Judicial, Cynthia Fernández Paz.
La decisión del mandatario provincial se produce en medio de la fuerte controversia generada por la regulación de honorarios por más de $1.000 millones en favor de los abogados Gustavo Alfredo Quiroga e Ivana Romina Muzevic, quienes representaron al grupo de ambientalistas que impulsó la causa judicial que frenó la construcción de una obra pública en la zona del Parque Acueducto Vulpiani, en Juana Koslay, durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá.
A través de una publicación difundida en sus redes sociales, Poggi informó que ordenó a la Fiscalía de Estado avanzar con una presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento por considerar que existen causales vinculadas con «desconocimiento inexcusable y grave del derecho, incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo y graves irregularidades en el procedimiento».
Según expresó el gobernador, esas circunstancias provocaron «una brutal afectación del erario público y un claro desprestigio del Poder Judicial».
El origen del conflicto
La controversia se remonta al proyecto impulsado en abril de 2023 por la administración de Alberto Rodríguez Saá para desarrollar una obra sobre más de doce hectáreas en la zona del Parque Vulpiani, en Juana Koslay.
La iniciativa contemplaba la construcción de edificios para oficinas y comercios, senderos, juegos infantiles, miradores, una pasarela y un teatro al aire libre, con una inversión prevista de $1.820 millones.
Sin embargo, un grupo de ambientalistas nucleados en la denominada Asamblea Ciudadana por el Vulpiani se opuso al emprendimiento y realizó diversas protestas para impedir el avance de las máquinas. La disputa llegó a la Justicia y las obras finalmente quedaron paralizadas.
Los abogados Gustavo Quiroga e Ivana Muzevic representaron a los asambleístas durante una primera etapa del litigio, pero posteriormente renunciaron al patrocinio y solicitaron la regulación de sus honorarios.
La polémica regulación
La jueza Cynthia Fernández Paz fijó el valor del proceso en aproximadamente $3.600 millones, tomando como referencia una escala de 93 mil JUS. Sobre esa base, reguló honorarios por $1.089.965.114, suma que, en caso de quedar firme, sería repartida en partes iguales entre ambos letrados.
La decisión generó una inmediata reacción de la Fiscalía de Estado, que presentó una apelación ante la Cámara Civil.
En esa oportunidad, el organismo calificó la resolución como «extravagante», «desorbitante» y carente de «razonamiento jurídico válido, objetividad y sentido común», al considerar que el juicio principal aún no cuenta con sentencia definitiva y que ni siquiera existe una condena contra el Estado provincial.
El abogado Zarif Neme sostuvo entonces que se trataba de una regulación inédita y sin antecedentes, ya que el proceso no posee un contenido económico determinado y, por lo tanto, el monto debía ser fijado con criterios de razonabilidad.
La decisión de Poggi
En su publicación, el gobernador sostuvo que la magistrada «es la protagonista de una regulación estrafalaria, desmedida y grotesca de honorarios contra el Estado Provincial por una suma superior a los $1.000 millones».
Además, remarcó que la causa se refiere a un eventual daño ambiental derivado de una obra pública «que nunca se realizó y que por lo tanto no produjo ningún daño ambiental».
Poggi también argumentó que «cuando un funcionario público, en este caso una jueza, atenta contra el bienestar de todos los sanluiseños, asaltando los fondos públicos con acciones que ponen en riesgo el patrimonio de todos los contribuyentes y la normal prestación de los servicios del Estado, debe ser denunciado y enjuiciado dentro del Estado de Derecho».
Finalmente, afirmó que la magistrada «ha deshonrado con su conducta el cargo para el cual ha sido nombrada» y pidió que el Jurado de Enjuiciamiento actúe «dentro del estado de derecho y la Constitución, pero con la máxima celeridad posible».
La postura del Gobierno
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que el planteo no se limita a una discusión sobre honorarios, sino que forma parte de una política destinada a defender los recursos públicos y evitar que se consoliden mecanismos que, según la visión oficial, terminan favoreciendo una «industria del juicio» contra el Estado.
La causa principal sobre la obra del Parque Vulpiani continúa sin una resolución definitiva y el reclamo por los honorarios permanece sujeto a revisión por parte de la Cámara Civil.
