Pueblo Ranquel: la defensa cuestionó la acusación por asociación ilícita y apeló la formulación de cargos
La causa que investiga presuntas maniobras irregulares en un establecimiento rural del Pueblo Ranquel sumó un nuevo capítulo judicial. Durante una audiencia realizada ante el Tribunal de Impugnaciones, las defensas de los imputados cuestionaron la formulación de cargos dispuesta el pasado 11 de mayo y solicitaron que se revoque la imputación por asociación ilícita.
La investigación abarca hechos que habrían ocurrido entre abril de 2020 y diciembre de 2023, período durante el cual Sergio Gustavo Freixes intervenía en la administración de asuntos agropecuarios del establecimiento.
En esa causa fueron imputados Sergio Gustavo Freixes, Sonia Elizabeth Aguilera, Miguel Arturo Montani y Diego Exequiel Lucero por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Los planteos de la defensa
Durante la audiencia, el abogado Pascual Celdrán, defensor de Freixes, Aguilera y Montani, apeló la formulación de cargos en relación con el delito de asociación ilícita y desistió del planteo respecto de la administración fraudulenta.
El letrado sostuvo que el Ministerio Público Fiscal no habría brindado una explicación suficientemente detallada de las conductas atribuidas a cada imputado ni precisado el grado de participación individual de sus asistidos.
Asimismo, argumentó que no estaría acreditado el perjuicio económico presuntamente ocasionado al Estado provincial y afirmó que, de existir algún daño patrimonial, el afectado sería el Pueblo Ranquel.
Por su parte, el abogado Valentín Rivadera, representante de Diego Exequiel Lucero, adhirió a los planteos formulados por Celdrán y pidió que no se tengan por formulados los cargos contra su defendido.
Según sostuvo, la investigación no habría demostrado la participación de Lucero ni en la administración fraudulenta ni en la presunta asociación ilícita, y consideró que no existiría el nivel mínimo de sospecha requerido para esta etapa del proceso.
La respuesta de la Fiscalía
En representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal de Instrucción Maximiliano Bazla realizó una descripción de los hechos investigados y sostuvo que las conductas atribuidas a los imputados estuvieron orientadas a obtener beneficios económicos mediante una actuación coordinada.
Bazla afirmó que durante aproximadamente tres años las mismas personas habrían desempeñado roles específicos dentro de una estructura destinada a cometer ilícitos y señaló que numerosas operaciones económicas se realizaron sin la documentación de respaldo correspondiente.
A su turno, la fiscal Nayla Cabrera Muñoz se refirió a los informes contables incorporados al expediente y sostuvo que existen movimientos de dinero que carecerían de justificación suficiente, remarcando que los distintos imputados habrían intervenido en esas operaciones.
La posición de la querella
El abogado Flavio Ávila, en representación de la querella, respaldó los argumentos de la Fiscalía y solicitó que se confirme la resolución dictada por la jueza de Garantías el pasado 11 de mayo.
Ávila sostuvo que las evidencias reunidas hasta el momento son suficientes para sostener la formulación de cargos y recordó que esta etapa procesal tiene como finalidad informar formalmente a los imputados sobre los hechos investigados.
Además, señaló que la defensa no aportó elementos que permitieran descartar la existencia de los hechos denunciados ni invalidar las imputaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal.
La decisión quedó en manos del Tribunal
La audiencia fue presidida por el Tribunal de Impugnaciones integrado por los jueces María Monserrat Bocca, Hernán Herrera y Marcelo Bustamante Marone.
Tras escuchar los argumentos de las partes, los magistrados informaron que la resolución será emitida por escrito dentro de los plazos establecidos por el Código Procesal Penal.
