Estrada defendió el sistema acusatorio, advirtió por la falta de recursos y cuestionó el Jury de Enjuiciamiento

El fiscal de Instrucción Leandro Estrada realizó un amplio análisis sobre el funcionamiento actual de la Justicia, defendió el cambio hacia el sistema acusatorio, pero advirtió que su implementación no estuvo acompañada por los recursos humanos necesarios. También habló sobre las presiones que pueden rodear una investigación, defendió la independencia de los fiscales y formuló fuertes cuestionamientos al funcionamiento del Jury de Enjuiciamiento.

Durante una extensa entrevista en La Mañana de Mercedes, Estrada repasó además su trayectoria personal y profesional, desde sus primeros pasos como abogado hasta su paso por la función de juez y su posterior decisión de desempeñarse como fiscal.

Uno de los principales ejes de la conversación estuvo puesto en la transformación que experimentó el sistema judicial de San Luis con el paso del modelo inquisitivo al acusatorio.

Para Estrada, el cambio fue positivo.

“El sistema acusatorio es, desde el punto de vista operativo y técnico, un mejor sistema. Es un sistema más rápido y es más justo para las partes”, afirmó.

El fiscal explicó que una de las principales diferencias radica en la separación de las funciones de investigar y juzgar, que anteriormente podían concentrarse en una misma figura.

Sin embargo, planteó que ningún sistema garantiza por sí mismo un buen funcionamiento de la Justicia.

“Siempre dije que los portadores de los defectos de un sistema judicial son los seres humanos, no los sistemas. Quienes portamos los defectos o las virtudes somos los seres humanos que lo operamos”, señaló.

La falta de recursos

Estrada puso el foco especialmente en uno de los problemas que, según explicó, atraviesa actualmente el funcionamiento de las fiscalías: la disponibilidad de personal.

Como ejemplo, comparó la estructura con la que contaba cuando se desempeñaba como juez de Instrucción con la situación actual.

“Hoy tengo en la Fiscalía de Instrucción tres instructores y cuando era juez de Instrucción debía tener doce empleados”, explicó.

Según consideró, una transformación de semejante magnitud debería haber estado acompañada desde el comienzo por una planificación integral de los recursos necesarios.

El fiscal aclaró que esto no significa que el sistema no pueda corregirse. Por el contrario, sostuvo que toda modificación institucional necesita un período de desarrollo durante el cual deben identificarse errores y realizarse ajustes.

“Siempre hay que hacer autocrítica y determinar dónde están los defectos para poder corregirlos”, afirmó.

¿Existen presiones sobre los fiscales?

Otro de los momentos centrales de la entrevista llegó cuando Estrada fue consultado directamente sobre las versiones que suelen circular alrededor de determinadas investigaciones judiciales y las supuestas presiones sobre fiscales.

El funcionario judicial reconoció haber atravesado situaciones de amenazas e intimidaciones y también intentos de influir sobre alguna investigación.

“Han pretendido, sin lograrlo, direccionar una investigación”, sostuvo.

Sin embargo, hizo una diferenciación respecto de dónde pueden surgir esas presiones y remarcó que la independencia judicial no debe analizarse únicamente en relación con los demás poderes del Estado.

“El Poder Judicial es independiente no solo de los otros poderes del Estado, también es independiente de los lobbies de intereses particulares y de los medios de comunicación”, expresó.

Estrada aseguró que publicaciones inexactas sobre una investigación, determinados intereses particulares o algunas acciones de abogados vinculados con las partes también pueden convertirse en mecanismos de presión.

No obstante, fue contundente respecto de sus consecuencias personales.

“Que hayan surtido efecto y yo me haya sentido amedrentado o apretado, de ninguna manera”, aseguró.

Su relación con la Procuración

Estrada también buscó despejar las versiones que asocian las reuniones entre fiscales y el procurador general con supuestas instrucciones sobre causas determinadas.

Explicó que el procurador puede definir políticas generales de persecución criminal e impartir instrucciones dentro de sus competencias institucionales, pero sostuvo que nunca recibió una orden destinada a direccionar una investigación particular.

“A mí no me dice ‘esta causa la tenés que archivar’ o qué tengo que hacer. No me lo dijo nunca, ni este procurador ni los anteriores”, señaló.

Y agregó: “Ninguno pretendió nunca direccionarme en una investigación. Han sido muy respetuosos en ese sentido”.

Estrada reconoció que existen decisiones de funcionamiento interno con las cuales puede no coincidir, pero diferenció esas discusiones de cualquier intento de intervención sobre una causa.

Fuertes críticas al Jury de Enjuiciamiento

Otro capítulo importante estuvo centrado en el mecanismo de enjuiciamiento de magistrados.

Estrada sostuvo que una herramienta institucional legítima puede transformarse en un mecanismo de presión cuando es utilizada para cuestionar resoluciones judiciales simplemente porque alguna de las partes no está de acuerdo con ellas.

“El Jury de Enjuiciamiento en muchas oportunidades se ha convertido justamente en una forma de apriete”, afirmó.

Incluso relató que él mismo fue denunciado en procedimientos de este tipo y que esas presentaciones terminaron posteriormente archivadas.

“A mí me ha pasado. Hay gente que me ha denunciado en un Jury de Enjuiciamiento y después finalmente fueron archivadas”, indicó.

Estrada fue especialmente crítico al analizar el Jury que atravesó el juez Santiago Ortiz y calificó aquel procedimiento como “un absurdo”.

Según sostuvo, los mecanismos de enjuiciamiento deben reservarse para hechos institucionalmente graves y no utilizarse frente a diferencias interpretativas sobre decisiones jurídicas.

El fiscal planteó además la necesidad de modificar la normativa vigente.

“La ley del Jury de Enjuiciamiento actual debe ser modificada de manera inmediata”, aseguró.

A su entender, existen causales demasiado ambiguas y algunas incluso presentan problemas de compatibilidad constitucional.

También cuestionó la actual composición del organismo y consideró que debería existir una representación mayor de magistrados, reduciendo la incidencia de factores políticos dentro del proceso.

“La responsabilidad política de un funcionario judicial es un verso”

Estrada profundizó todavía más su cuestionamiento sobre la caracterización del Jury como un proceso de responsabilidad política.

Para el fiscal, la responsabilidad de un operador judicial es esencialmente aplicar la ley y no responder políticamente por el contenido de una resolución.

“La única responsabilidad política que tienen los operadores es aplicar la ley”, sostuvo.

Y lanzó una de sus definiciones más fuertes de la entrevista: “El juicio de responsabilidad política de un funcionario judicial es un verso”.

Estrada consideró que resulta necesario establecer límites claros para evitar que mecanismos constitucionales terminen siendo utilizados como instrumentos de condicionamiento.

Más allá de las críticas, defendió la necesidad permanente de revisar el funcionamiento de las instituciones y corregir sus falencias.

Su mirada sobre la Justicia combina, según expresó, la defensa del sistema acusatorio con la necesidad de dotarlo de mayores recursos y fortalecer las garantías de independencia de quienes tienen a su cargo las investigaciones.

Para Estrada, el desafío no consiste únicamente en modificar leyes o procedimientos, sino en conseguir que esas transformaciones institucionales cuenten con estructuras adecuadas y sean aplicadas por operadores capaces de realizar una autocrítica permanente.