El Ministerio de Educación de San Luis resolvió retirar el beneficio de las “Estampillas Escolares” a 34 estudiantes que fueron identificados por haber realizado amenazas que generaron temor e inquietud en distintas comunidades educativas de la provincia.
La medida fue adoptada de manera articulada entre la cartera educativa, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal, en el marco de una serie de intervenciones realizadas tras episodios que fueron considerados de gravedad por el impacto social que provocaron.
Una decisión con efectos concretos
Desde el Gobierno provincial remarcaron que las amenazas o intimidaciones públicas no son hechos menores, sino conductas que pueden constituir delitos y, por ese motivo, ya fueron denunciadas ante la Justicia penal.
En ese contexto, se determinó que los 34 jóvenes involucrados pierdan el acceso al beneficio de las Estampillas, una sanción que busca marcar un límite frente a acciones que alteran el normal funcionamiento de las escuelas y generan preocupación en toda la comunidad.
Los padres también podrían afrontar consecuencias
Además de las consecuencias directas para los estudiantes, se advirtió que los padres o responsables legales también podrían enfrentar sanciones en el ámbito contravencional por los hechos ilícitos cometidos por sus hijos.
Por eso, desde las autoridades insistieron en la necesidad de que madres, padres y tutores acompañen más de cerca a los adolescentes y hablen con ellos sobre el uso responsable de la información, el alcance de los mensajes que circulan y las implicancias legales que puede tener una amenaza, incluso cuando se la intenta presentar como una “broma”.
Cómo actúan las escuelas ante estos casos
Frente a este tipo de situaciones, los equipos directivos de escuelas públicas y privadas de toda la provincia activan la Guía Única e Integral de Abordaje Rápido para la Salud Escolar, conocida como GUIARSE.
Se trata de una herramienta oficial que contempla más de 70 protocolos y que permite intervenir con rapidez ante hechos que puedan poner en riesgo la integridad de los alumnos, docentes y del resto de la comunidad educativa.
Investigación y prevención
Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal continúa trabajando junto con Educación y Seguridad en la investigación de otros episodios similares detectados en distintas instituciones del territorio provincial.
En paralelo, el Ministerio de Educación mantiene disponibles instancias de capacitación, asistencia y acompañamiento para prevenir este tipo de problemáticas. Estas acciones son impulsadas por el equipo profesional de la Subdirección de Bienestar Escolar, con el objetivo de fortalecer la convivencia dentro de las aulas y promover entornos escolares más seguros.
La decisión de retirar las Estampillas a los 34 estudiantes deja un mensaje claro: las amenazas en las escuelas no serán tomadas como travesuras, sino como hechos graves que pueden derivar en consecuencias educativas, contravencionales y penales.
