Caso Johana Escudero: la familia insiste en que el Estado continúe investigando y llevará el planteo al Superior Tribunal
La investigación por la muerte de Johana Escudero sumó un nuevo capítulo judicial. Luego de que el Tribunal de Impugnaciones confirmara que la causa continúe bajo impulso de la querella y no del Ministerio Público Fiscal, la familia, representada por el abogado Alberto Mariani, anunció que recurrirá al Superior Tribunal de Justicia para que revierta esa decisión y ordene que la Fiscalía retome la investigación.
Durante una entrevista, Mariani explicó que la familia nunca estuvo de acuerdo con la resolución de las fiscales que, a fines de febrero, archivaron el expediente al concluir que la muerte de Johana había sido un suicidio no inducido.
Según recordó el letrado, la resolución fue adoptada apenas 40 días después del fallecimiento y, a criterio de la querella, sin agotar todas las medidas de prueba disponibles.
«La familia consideró que ese dictamen fue incompleto y prematuro, porque había pruebas pendientes y líneas de investigación que nunca se realizaron», sostuvo.
Mariani explicó que, tras el archivo dispuesto por las fiscales, la familia cuestionó la decisión. Sin embargo, el fiscal de Cámara confirmó esa resolución y posteriormente el Juzgado de Garantías resolvió convertir la acción pública en acción privada, dejando la continuidad de la investigación en manos de los querellantes.
Tanto la defensa como la familia apelaron esa medida, pero el Tribunal de Impugnaciones rechazó ambos recursos. Frente a ello, la querella presentó recursos de casación y de inconstitucionalidad para que intervenga el máximo tribunal provincial.
La familia sostiene que hubo falencias en la investigación
El abogado afirmó que existen elementos que, a su entender, justifican profundizar la investigación.
Entre otros puntos, señaló que no se habrían seguido los protocolos previstos para investigar la muerte sospechosa de una mujer, contemplados en normas nacionales e internacionales y en la denominada Ley Micaela.
También aseguró que existen nuevas pruebas y aspectos que, según la querella, no fueron debidamente considerados por el Ministerio Público Fiscal.
Mariani mencionó como ejemplo la existencia de lesiones cuya antigüedad, según indicó, no coincidiría con otras evidencias fotográficas incorporadas a la causa. Asimismo, señaló que existen dudas sobre la mecánica del hecho y sobre la forma en que fue encontrado el cuerpo de Johana, circunstancias que, según la hipótesis de la familia, ameritan continuar investigando la posibilidad de una muerte violenta.
No obstante, aclaró que el objetivo principal de la familia es conocer la verdad de lo ocurrido y remarcó que la existencia de sospechas no implica una acusación concreta contra ninguna persona.
«Queremos que siga investigando el Estado»
Uno de los principales cuestionamientos planteados por Mariani es que una investigación de semejante complejidad quede exclusivamente en manos de la querella.
«Preferimos que siga actuando el Estado», afirmó, al considerar que el Ministerio Público Fiscal es el organismo que debe llevar adelante este tipo de investigaciones por contar con mayores recursos técnicos y facultades legales.
En ese sentido, sostuvo que dejar estas causas exclusivamente en manos de particulares puede generar dificultades para obtener pruebas complejas, como pericias tecnológicas o intervenciones especializadas.
Un debate que podría sentar precedente
Para el abogado, la resolución excede el caso particular de Johana Escudero y podría tener consecuencias para futuras investigaciones penales en la provincia.
Consideró que el Superior Tribunal deberá definir cuál es el alcance del control judicial cuando el Ministerio Público decide archivar una causa y si esa decisión puede ser revisada en profundidad por los jueces.
Mariani señaló además que la familia continuará impulsando la investigación «hasta las últimas consecuencias» y anticipó que, si fuera necesario, acudirán a instancias nacionales e internacionales.
Mientras tanto, la definición quedó ahora en manos del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, que deberá resolver si mantiene el criterio adoptado hasta el momento o si ordena que el Ministerio Público Fiscal retome la investigación del caso.
