Prorrogaron la investigación en la megacausa por presuntas estafas inmobiliarias y mantuvieron las restricciones para uno de los imputados
La jueza de Garantía Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial, Luciana Banó, resolvió este martes prorrogar por 131 días la Investigación Penal Preparatoria y las medidas cautelares que pesan sobre Salvador Presti, uno de los imputados en la denominada megacausa por presuntas estafas inmobiliarias que investiga una supuesta asociación ilícita dedicada a la apropiación fraudulenta de inmuebles en distintos puntos de la provincia.
La audiencia fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 1 y estuvo encabezada por el fiscal Francisco Assat y la fiscal adjunta Ornella Costa. También participaron los abogados querellantes Maximiliano y Sebastián Pipitone, el representante de Fiscalía de Estado Juan Ignacio Trusendi y el abogado defensor de Presti, Maximiliano Del Signore.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal explicó que aún restan producir medidas de prueba consideradas fundamentales para avanzar con la investigación. Entre ellas, se encuentran pericias caligráficas sobre boletos de compraventa, documentación correspondiente a un juicio de escrituración y otros instrumentos vinculados con la maniobra que se atribuye al imputado.
Según la hipótesis de la Fiscalía, Presti habría participado en una de las operaciones investigadas relacionada con la presunta apropiación ilegítima de un inmueble rural de gran extensión ubicado en la zona de Vallecitos.
Como fue el último imputado incorporado al expediente mediante la formulación de cargos, los plazos procesales que lo alcanzan son distintos a los del resto de los acusados. Por ese motivo, la Fiscalía solicitó extender la investigación por 131 días para unificar el vencimiento de los plazos con el resto de los imputados, previsto para el 8 de noviembre de 2026.
Además, el fiscal Assat requirió mantener las medidas cautelares vigentes: la obligación de firmar mensualmente el libro de imputados, la prohibición de salir de la provincia y la inhibición general de bienes.
Durante el debate, la jueza Banó advirtió que la normativa vigente establece un plazo mínimo de 180 días para la inscripción de la inhibición general de bienes. Tras esa observación, la Fiscalía adecuó su pedido.
Tanto la querella como Fiscalía de Estado adhirieron a la solicitud del Ministerio Público Fiscal, mientras que la defensa manifestó que no formulaba oposición.
Finalmente, la magistrada hizo lugar al planteo y prorrogó por 131 días la Investigación Penal Preparatoria, la obligación de firma mensual y la prohibición de salir de la provincia. En cuanto a la inhibición general de bienes, dispuso mantenerla por el término de 180 días, conforme a la legislación vigente.
La investigación
La denominada megacausa investiga un presunto entramado delictivo destinado a la apropiación fraudulenta de inmuebles mediante documentación presuntamente falsa, certificaciones notariales y constancias administrativas que luego eran utilizadas para iniciar acciones judiciales y obtener sentencias favorables.
Según la hipótesis fiscal, uno de los mecanismos consistía en utilizar domicilios falsos o controlados para impedir que los verdaderos propietarios fueran notificados, provocando su declaración de rebeldía y facilitando la inscripción de los inmuebles a nombre de los acusados.
La causa, que lleva más de tres años de investigación, es considerada de alta complejidad por la cantidad de personas involucradas, el volumen de documentación analizada y el importante perjuicio económico que habría generado.
